Los gremios agroindustriales del país cuentan con mecanismos de protección que les permiten fijar precios mucho más altos de los que surgirían de la competencia.
Se trata de las franjas de precios, acordadas por el Pacto Andino en 1996 y por los llamados Fondos de Estabilización de Precios, creados en 1993. El FEPA es el fondo que “estabiliza” hacia arriba los precios del azúcar. Las primeras hacen aumentar el precio interno cuando la cotización internacional está baja y viceversa. El otro mecanismo establece aranceles que se quedaron por las nubes, aunque supuestamente la protección debe ser temporal. El argumento de la industria infante informa que esta requiere protección para consolidarse, pero debe abandonarse en algún momento para que aumente su productividad y pueda competir doméstica e internacionalmente.
De acuerdo con la investigadora Marcela Meléndez, la política permanente de protección repercute con fuerza en los precios de muchos insumos básicos de la industria de alimentos, haciéndola menos competitiva internacionalmente. Peor aún, encarece la canasta familiar, gracias a las políticas públicas. Meléndez hace la siguiente reflexión: “intervenir los mercados para asegurar precios supranormales a los productores no ha contribuido a mejoras en productividad, ni al desarrollo de unos sectores agrícolas y agroindustriales competitivos: tal vez la plata que se viene destinando a asegurar rentas a unos pocos, estaría mejor gastada si se invierte en investigación y desarrollo y en infraestructura y logística de transporte”.
El azúcar blanco está protegido en la actualidad por un arancel del 76%. El arroz blanco ha contado con aranceles de 80%, al igual que el maíz blanco. El azúcar es producido por 8 ingenios del Valle del Cauca que son propiedad de unas pocas familias cruzadas entre sí. El operador del FEPA es Asocaña que asegura que la producción sea suficientemente baja para mantener racionada la oferta y el precio interno se sostenga arriba. Entre 2000 y 2012, la producción crece solo 5% y las ventas internas caen. Al sector lo salva otra intervención pública que hace mandatoria la mezcla de la gasolina con 10% de etanol. El precio que reciben los productores por el etanol es igual al que los consumidores pagamos por galón de combustible, inflado en más de 50% por los impuestos que recaen sobre la gasolina motor. Mientras el precio internacional del etanol está en US $1.51, los productores locales reciben de Ecopetrol US $2.70. La empresa estatal está invirtiendo cuantiosos recursos para establecer otra planta refinadora que seguramente trabajará al costo para beneficiar a sus 8 clientes. El gerente encargado de la refinería, al ser preguntado si no era mal momento para estar invirtiendo en biocombustibles —cuando el petróleo se ha abaratado tanto—, respondió que “afortunadamente” a Colombia no la afectan los precios internacionales.
Esta situación debe cambiar: recurrir más a la competencia y quitarle al gremio azucarero el control de la oferta y de los precios internos, de tal modo que el resto de la industria que adquiere sus productos sea competitiva y los consumidores se beneficien. Es inaudito que frente al deterioro financiero de Ecopetrol se les siga concediendo dádivas a los productores de etanol, cuando retirarlas podría aumentar su ingreso y, al mismo tiempo, reducir en algo el precio final de la mezcla de gasolina.
Los gremios agroindustriales del país cuentan con mecanismos de protección que les permiten fijar precios mucho más altos de los que surgirían de la competencia.
Se trata de las franjas de precios, acordadas por el Pacto Andino en 1996 y por los llamados Fondos de Estabilización de Precios, creados en 1993. El FEPA es el fondo que “estabiliza” hacia arriba los precios del azúcar. Las primeras hacen aumentar el precio interno cuando la cotización internacional está baja y viceversa. El otro mecanismo establece aranceles que se quedaron por las nubes, aunque supuestamente la protección debe ser temporal. El argumento de la industria infante informa que esta requiere protección para consolidarse, pero debe abandonarse en algún momento para que aumente su productividad y pueda competir doméstica e internacionalmente.
De acuerdo con la investigadora Marcela Meléndez, la política permanente de protección repercute con fuerza en los precios de muchos insumos básicos de la industria de alimentos, haciéndola menos competitiva internacionalmente. Peor aún, encarece la canasta familiar, gracias a las políticas públicas. Meléndez hace la siguiente reflexión: “intervenir los mercados para asegurar precios supranormales a los productores no ha contribuido a mejoras en productividad, ni al desarrollo de unos sectores agrícolas y agroindustriales competitivos: tal vez la plata que se viene destinando a asegurar rentas a unos pocos, estaría mejor gastada si se invierte en investigación y desarrollo y en infraestructura y logística de transporte”.
El azúcar blanco está protegido en la actualidad por un arancel del 76%. El arroz blanco ha contado con aranceles de 80%, al igual que el maíz blanco. El azúcar es producido por 8 ingenios del Valle del Cauca que son propiedad de unas pocas familias cruzadas entre sí. El operador del FEPA es Asocaña que asegura que la producción sea suficientemente baja para mantener racionada la oferta y el precio interno se sostenga arriba. Entre 2000 y 2012, la producción crece solo 5% y las ventas internas caen. Al sector lo salva otra intervención pública que hace mandatoria la mezcla de la gasolina con 10% de etanol. El precio que reciben los productores por el etanol es igual al que los consumidores pagamos por galón de combustible, inflado en más de 50% por los impuestos que recaen sobre la gasolina motor. Mientras el precio internacional del etanol está en US $1.51, los productores locales reciben de Ecopetrol US $2.70. La empresa estatal está invirtiendo cuantiosos recursos para establecer otra planta refinadora que seguramente trabajará al costo para beneficiar a sus 8 clientes. El gerente encargado de la refinería, al ser preguntado si no era mal momento para estar invirtiendo en biocombustibles —cuando el petróleo se ha abaratado tanto—, respondió que “afortunadamente” a Colombia no la afectan los precios internacionales.
Esta situación debe cambiar: recurrir más a la competencia y quitarle al gremio azucarero el control de la oferta y de los precios internos, de tal modo que el resto de la industria que adquiere sus productos sea competitiva y los consumidores se beneficien. Es inaudito que frente al deterioro financiero de Ecopetrol se les siga concediendo dádivas a los productores de etanol, cuando retirarlas podría aumentar su ingreso y, al mismo tiempo, reducir en algo el precio final de la mezcla de gasolina.