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Entre 2000 y 2014 la producción de azúcar en el país se estancó.
Creció la producción de etanol, dotada de enormes subsidios que elevan los costos del transporte. Las exportaciones de azúcar representaban 44% de las ventas del sector en 2000, pero en 2014 fueron 33%. Resulta más rentable atender un mercado cautivo con precios altos que uno competido, aunque limitado por las políticas de los Estados Unidos y de la Unión Europea que favorecen los derivados del maíz o el azúcar extraído de la remolacha. Estos sesgos no son obstáculos para que Brasil y la India comanden la exportación de azúcar en el mundo.
Gracias a las franjas de precios, a unos aranceles estratosféricos y a que las importaciones eran administradas por ASOCAÑA, estas representaron en promedio sólo 7% del consumo durante la década y se destinaron a la agroindustria. Esta sí ha venido aumentando las exportaciones de 400 millones de dólares en 2008 a 820 millones en 2014, pero con el lastre de tener que pagar su materia prima por encima del precio internacional. La protección al sector azucarero resulta entonces en un freno a las exportaciones de otros renglones que agregan más valor a sus productos. El gremio azucarero fue denunciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por empresas como Asociación del Bocadillo Veleño, Asociación de Paneleros, Compañía Nacional de Chocolates, Noel, Casa Luker, Nestlé de Colombia, y las de gaseosas, excepto Postobón, cuyos dueños lo son también de varios ingenios.
El FEPA es el organismo corporativo en el cual se asientan representantes del gobierno y del gremio para asignar cuotas de producción a los ingenios, conformando un cartel. La administración de las importaciones por el gremio ha tenido ribetes retorcidos como el de que las exportaciones de Bolivia al país son adquiridas por el mismo y reexportadas o se amenaza a Costa Rica con inundar su mercado, si se atreve a exportar a Colombia.
A la FEPA se le da un disfraz público aunque lesiona el interés general, hasta ahora con total impunidad. Según Aurelio Suárez, el precio interno es “sólo” superior al externo en 28%, aunque la SIC afirma que no baja de 32% en promedio. Si estudiamos su resolución, entenderemos que entre 2000 y 2014 el sector pudo apropiar $11 billones extras en sus ventas internas, gracias a su obstrucción de la competencia.
El superintendente Robledo se atrevió a cuestionar el esquema institucional perverso y les impuso multas a los acusados por $324.000 millones, lo que despertó la solidaridad de la vieja izquierda y de las fuerzas vivas de la sociedad valluna que, según ellos, requiere de enormes subsidios que pagamos todos. Néstor Humberto Martínez, abogado del gremio, declaró contundentemente que “la sanción es una pena de muerte para el sector azucarero”. Por el contrario, la multa es irrisoria frente al daño emergente ($730.000 millones anuales). Una tibia medida que reduce el arancel para el azúcar de 110% a 70% ha sido recibida por los interesados como otro golpe mortal para el empleo que genera el sector, lo cual es una exageración disparatada.
Algo más de competencia beneficiará a todos: hará que el sector azucarero aumente su productividad y exporte más, mientras que los consumidores y las empresas que utilizan el dulce se beneficiarán de precios menores. El resultado será un desarrollo económico más profundo que el actual.