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Cuando se posesione Gustavo Petro como presidente encontrará raspada la olla de las finanzas públicas y no solo eso, sino también endeudado hasta la camisa. El déficit fiscal que encontrará la nueva administración será de $83 billones, equivalentes al 6,8 % del PIB, el más alto en la historia del país; al mismo tiempo, se encontrará con que la deuda pública se incrementó del 36 % al 57 % del PIB entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022, que obligará a pagar altos intereses y reducir el gasto en sus programas prioritarios.
Una cifra tan alta de endeudamiento público reduce también el acceso del nuevo gobierno a los mercados internacionales para financiar sus actividades. Se verá obligado a recurrir a la tributación de las personas naturales más ricas del país, pues las empresas están sometidas a una tributación asfixiante. Mientras las personas aportan el 1,2 % del PIB en impuestos, las empresas marcan el 5,4 %. El recaudo de 2021 fue de $174 billones, el 14,2 % del PIB, mientras en la OCDE a la que pertenecemos fue del 33 % del PIB; el impuesto de renta de empresas y personas fue 6,4 % del PIB, el IVA fue de 3,8 %, pero el de patrimonio solo alcanzó $1 billón, 0,09 % del PIB.
El nuevo gobierno ha anunciado que prepara una reforma tributaria que le provea del 4 al 5 % del PIB adicionales. Se trata de una meta muy alta, pues generalmente las pasadas reformas han aumentado el recaudo en no más de 1,5 % del PIB. Según la OCDE, Colombia es el país que menos impuestos tiene a la renta de personas naturales.
La penuria del Gobierno fue resultado del afán de gasto con que Duque quiso cerrar gloriosamente su mandato y la corrupción, que se multiplicó en varios ámbitos de su gobierno. El índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional informa que 52 % de personas consultadas (hombres de negocios y funcionarios internacionales) en Colombia pensaron que la corrupción había aumentado y el 20 % de los usuarios de servicios del Gobierno reportaron haber pagado sobornos durante el último año.
Un caso reciente reportado por Valeria Santos, periodista de Blu Radio, informa que “a través de un sofisticado mecanismo de corrupción entre funcionarios del DNP, la Contraloría y algunos congresistas se habrían apropiado de hasta $500.000 millones en coimas de las regalías que por ley están destinadas a la implementación del Acuerdo de Paz”. De este entramado hacen parte el contralor Felipe Córdoba, funcionarios de Planeación Nacional y congresistas que pasarán incólumes bajo la lente amigable del fiscal Francisco Barbosa. Otro implicado es “Álvaro Ávila, director de regalías del DNP, del Partido Conservador, que según las fuentes estaría exigiendo para viabilizar los proyectos hasta un 5 % de su valor. Ávila fue nombrado por Luis Alberto Rodríguez, su coterráneo y copartidario”.
Al gobierno entrante y a su ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, les corresponderá encarar una compleja situación de penuria. La OCDE prevé que este año la economía crecerá alrededor del 6 %, pero en 2023 el crecimiento apenas llegará al 2 %. Les corresponderá el año entrante hacer una reducción del gasto y al mismo tiempo un fuerte aumento del recaudo tributario con efectos contractivos, cuando lo que se requiere es lo contrario: una política expansiva de gasto público y bajas tasas de interés.