El sistema judicial colombiano es incestuoso, la presidencia de ocho años dañó a la Corte Constitucional e influyó demasiado en el resto de cortes, los partidos cuentan con fuerte injerencia en la designación de los magistrados, la rotación es alta y no hay un contrapoder que lo vigile y pueda castigar a los corruptos y a los que abusan de su autoridad. Los congresistas pueden ser juzgados por magistrados del Consejo de Estado que usan ese poder para perpetuarse en sus posiciones, ahora hasta los 70 años de edad.
Los problemas apenas comienzan en la lista corta con que encabezo la columna. La educación de los abogados es insuficiente, les faltan años de especialización, sobre todo en los casos de los jueces, y no hay una instancia que los discipline y castigue malas conductas o incompetencia. Hay que leerles la mala redacción y falta de lógica elemental de sus memoriales. Por eso oímos de tantos fallos absurdos y contraevidentes en los juzgados del país o abogados que delinquen abiertamente, aunque se supone que la Judicatura está encargada de vigilarlos. Por eso también hay una carencia monumental de las habilidades científicas de investigación, evidentes en los crímenes financieros, que si se descubren es gracias a los cuerpos judiciales y policiales de Estados Unidos. Todo se conjuga para que la impunidad reine y el crimen pague.
El compadrazgo entre cortes y entes de control es otra fuente de intercambios corruptos que hizo metástasis con Alejandro Ordóñez, a quien el Consejo de Estado destituyó demorándose para que el funcionario casi alcance a culminar su segundo e ilegal período. Ordóñez contrató a la esposa de Leónidas Bustos para prácticamente duplicar su pensión. Antes de eso fue gestor de la explosión pensional de la Rama Judicial que amenaza hoy las finanzas de la Nación. También en la Fiscalía nombran protegidos de magistrados y políticos que algo tienen que ver con el nombramiento de su titular. A la hora de sus actuaciones, los entes de control prefieren condenar frente a los medios de comunicación que la búsqueda firme de pruebas para condenar a los sospechosos frente a los jueces.
Es obvio que los entes de control deben ser dirigidos por las cabezas de un servicio civil, escogido por mérito y excelencia y no por magistrados y políticos. Las nominaciones a las altas cortes deben hacerse de manera directa y transparente, reduciendo las oportunidades para que los nominadores saquen ventajas de su poder. En la Corte Constitucional generalmente son más competentes los magistrados auxiliares que los titulares, pero nunca se les ha ascendido.
Una presidencia de cuatro años nos devuelve a la situación anterior en que el balance de poderes no estaba tan deteriorado, pero que de todas maneras era insuficiente para prevenir la corrupción rampante en la Rama Judicial. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la instancia que juzga a los togados, es parte y juez de los procesos, por lo cual nunca ha condenado a nadie. La propuesta de un tribunal de aforados fue derrotada por los mismos que usufructúan la impunidad de sus conductas torcidas.
Los intentos de reforma han sido hundidos por los magistrados y congresistas. Por eso la única salida es una Asamblea Constituyente con el tema único de reformar la justicia y al mismo tiempo hacer lo que propone Ramiro Bejarano: destituir a todos los magistrados y hacer nombramientos por estricto mérito.
El sistema judicial colombiano es incestuoso, la presidencia de ocho años dañó a la Corte Constitucional e influyó demasiado en el resto de cortes, los partidos cuentan con fuerte injerencia en la designación de los magistrados, la rotación es alta y no hay un contrapoder que lo vigile y pueda castigar a los corruptos y a los que abusan de su autoridad. Los congresistas pueden ser juzgados por magistrados del Consejo de Estado que usan ese poder para perpetuarse en sus posiciones, ahora hasta los 70 años de edad.
Los problemas apenas comienzan en la lista corta con que encabezo la columna. La educación de los abogados es insuficiente, les faltan años de especialización, sobre todo en los casos de los jueces, y no hay una instancia que los discipline y castigue malas conductas o incompetencia. Hay que leerles la mala redacción y falta de lógica elemental de sus memoriales. Por eso oímos de tantos fallos absurdos y contraevidentes en los juzgados del país o abogados que delinquen abiertamente, aunque se supone que la Judicatura está encargada de vigilarlos. Por eso también hay una carencia monumental de las habilidades científicas de investigación, evidentes en los crímenes financieros, que si se descubren es gracias a los cuerpos judiciales y policiales de Estados Unidos. Todo se conjuga para que la impunidad reine y el crimen pague.
El compadrazgo entre cortes y entes de control es otra fuente de intercambios corruptos que hizo metástasis con Alejandro Ordóñez, a quien el Consejo de Estado destituyó demorándose para que el funcionario casi alcance a culminar su segundo e ilegal período. Ordóñez contrató a la esposa de Leónidas Bustos para prácticamente duplicar su pensión. Antes de eso fue gestor de la explosión pensional de la Rama Judicial que amenaza hoy las finanzas de la Nación. También en la Fiscalía nombran protegidos de magistrados y políticos que algo tienen que ver con el nombramiento de su titular. A la hora de sus actuaciones, los entes de control prefieren condenar frente a los medios de comunicación que la búsqueda firme de pruebas para condenar a los sospechosos frente a los jueces.
Es obvio que los entes de control deben ser dirigidos por las cabezas de un servicio civil, escogido por mérito y excelencia y no por magistrados y políticos. Las nominaciones a las altas cortes deben hacerse de manera directa y transparente, reduciendo las oportunidades para que los nominadores saquen ventajas de su poder. En la Corte Constitucional generalmente son más competentes los magistrados auxiliares que los titulares, pero nunca se les ha ascendido.
Una presidencia de cuatro años nos devuelve a la situación anterior en que el balance de poderes no estaba tan deteriorado, pero que de todas maneras era insuficiente para prevenir la corrupción rampante en la Rama Judicial. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la instancia que juzga a los togados, es parte y juez de los procesos, por lo cual nunca ha condenado a nadie. La propuesta de un tribunal de aforados fue derrotada por los mismos que usufructúan la impunidad de sus conductas torcidas.
Los intentos de reforma han sido hundidos por los magistrados y congresistas. Por eso la única salida es una Asamblea Constituyente con el tema único de reformar la justicia y al mismo tiempo hacer lo que propone Ramiro Bejarano: destituir a todos los magistrados y hacer nombramientos por estricto mérito.