La alcaldía de Petro consolida el fracaso de la izquierda en la administración de Bogotá.
La movilidad ha colapsado no sólo porque el alcalde se declaró enemigo del carro privado, sino porque ha permitido el deterioro de la red existente, pues ha sido incapaz de contratar la reparación de los cráteres que abundan en las rutas principales de la ciudad. El norte de la capital fue estrangulado recientemente por cambios estúpidos de sentido de las avenidas. El Distrito recaudó por impuestos de rodamiento y gasolina $723.000 millones en 2013, pero no es posible rodar por la deteriorada estructura vial. A pesar de eso, el alcalde ha dicho que no destinará un centavo a nuevas vías, incluyendo las perimetrales que descongestionarían el tráfico pesado que atraviesa innecesariamente por la capital.
El Día sin Carro y la manera arbitraria como se pretende ampliarlo no cuentan con el más elemental estudio de costo-beneficio. Si el beneficio es pedagógico y reduce un poco la polución, los millones de horas que se pierden en la producción de bienes y servicios, los negocios que se aplazan, la tortura agravada a los usuarios del pésimo transporte público que es insuficiente bajo condiciones normales, todos hacen que el maleficio sea enorme. Este alcalde ha contribuido a deteriorar el sistema público de transporte por la carencia de logística, organización y comunicación de rutas, tanto de Transmilenio como del SITP. Nada peor que la combinación de ignorancia e insolencia.
La zona industrial vive una catástrofe en materia de vías y servicios, mientras que los comerciantes del centro están sometidos a la competencia del comercio informal que se tomó las vías peatonalizadas y andenes con la anuencia de la Alcaldía. El impuesto de industria y comercio superará los $2 billones en 2014, pero no ayuda en nada al desarrollo de estos sectores. El favorecimiento de la informalidad por el alcalde es suicida porque favorece a los que no pagan impuestos para financiar la seguridad y la administración de la ciudad, a costa de los que sí contribuyen. Los industriales están emigrando a los municipios vecinos por la incapacidad de proveer un mínimo de la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de los negocios.
Siempre he defendido la idea de justicia tributaria: todos debemos contribuir a la construcción del Estado, pagando los impuestos que nos corresponden. Pero no lo puedo seguir haciendo frente a una administración que abusa de su poder y que explota a los ciudadanos, particularmente con el impuesto predial, que recaudó $1,5 billones en 2013 y que aumentó 22% en 2014. El ajuste hecho al catastro refleja los precios de mercado de los predios, pero éstos se derivan de la gran escasez de tierra en la capital, agravada por la suspensión de nuevas licencias de construcción, mientras el alcalde sacaba adelante su plan de desordenamiento territorial. En los últimos 10 años, el precio de la vivienda usada en Bogotá subió casi 300%, mientras Medellín lo hacía al 150% y Cali, al 100%. Sin embargo, a los propietarios en Bogotá se les cobra el impuesto predial como si su ingreso familiar hubiera subido en proporción a la burbuja inmobiliaria.
En 2013 la administración Petro obtuvo un sobrante de $2,1 billones (ingresos mayores a su gasto) y en 2014 será de casi de $6 billones, gracias a su incompetencia y desidia. Entonces, ¿para qué expolia tanto a los contribuyentes?
La alcaldía de Petro consolida el fracaso de la izquierda en la administración de Bogotá.
La movilidad ha colapsado no sólo porque el alcalde se declaró enemigo del carro privado, sino porque ha permitido el deterioro de la red existente, pues ha sido incapaz de contratar la reparación de los cráteres que abundan en las rutas principales de la ciudad. El norte de la capital fue estrangulado recientemente por cambios estúpidos de sentido de las avenidas. El Distrito recaudó por impuestos de rodamiento y gasolina $723.000 millones en 2013, pero no es posible rodar por la deteriorada estructura vial. A pesar de eso, el alcalde ha dicho que no destinará un centavo a nuevas vías, incluyendo las perimetrales que descongestionarían el tráfico pesado que atraviesa innecesariamente por la capital.
El Día sin Carro y la manera arbitraria como se pretende ampliarlo no cuentan con el más elemental estudio de costo-beneficio. Si el beneficio es pedagógico y reduce un poco la polución, los millones de horas que se pierden en la producción de bienes y servicios, los negocios que se aplazan, la tortura agravada a los usuarios del pésimo transporte público que es insuficiente bajo condiciones normales, todos hacen que el maleficio sea enorme. Este alcalde ha contribuido a deteriorar el sistema público de transporte por la carencia de logística, organización y comunicación de rutas, tanto de Transmilenio como del SITP. Nada peor que la combinación de ignorancia e insolencia.
La zona industrial vive una catástrofe en materia de vías y servicios, mientras que los comerciantes del centro están sometidos a la competencia del comercio informal que se tomó las vías peatonalizadas y andenes con la anuencia de la Alcaldía. El impuesto de industria y comercio superará los $2 billones en 2014, pero no ayuda en nada al desarrollo de estos sectores. El favorecimiento de la informalidad por el alcalde es suicida porque favorece a los que no pagan impuestos para financiar la seguridad y la administración de la ciudad, a costa de los que sí contribuyen. Los industriales están emigrando a los municipios vecinos por la incapacidad de proveer un mínimo de la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de los negocios.
Siempre he defendido la idea de justicia tributaria: todos debemos contribuir a la construcción del Estado, pagando los impuestos que nos corresponden. Pero no lo puedo seguir haciendo frente a una administración que abusa de su poder y que explota a los ciudadanos, particularmente con el impuesto predial, que recaudó $1,5 billones en 2013 y que aumentó 22% en 2014. El ajuste hecho al catastro refleja los precios de mercado de los predios, pero éstos se derivan de la gran escasez de tierra en la capital, agravada por la suspensión de nuevas licencias de construcción, mientras el alcalde sacaba adelante su plan de desordenamiento territorial. En los últimos 10 años, el precio de la vivienda usada en Bogotá subió casi 300%, mientras Medellín lo hacía al 150% y Cali, al 100%. Sin embargo, a los propietarios en Bogotá se les cobra el impuesto predial como si su ingreso familiar hubiera subido en proporción a la burbuja inmobiliaria.
En 2013 la administración Petro obtuvo un sobrante de $2,1 billones (ingresos mayores a su gasto) y en 2014 será de casi de $6 billones, gracias a su incompetencia y desidia. Entonces, ¿para qué expolia tanto a los contribuyentes?