La economía está al borde de la recesión y el Gobierno solo ha logrado ejecutar a noviembre el 65 % del presupuesto de funcionamiento. Ha gastado solamente $72.000 millones de unos recursos disponibles por $112.000 millones. La situación es peor en inversión: de $1,3 billones apropiados se han gastado solo $200.000 millones (menos del 16 %).
Es lamentable que después de año y cuatro meses de esta administración, la ejecución continúe siendo insuficiente y que recursos que se necesitan para adelantar acciones sociales y proyectos de inversión queden en suspenso. Será difícil gastar todo ese dinero apropiado en el último mes del año y quedará pendiente hacerlo durante 2024. Entre tanto, la economía ha desfallecido, se presentó una contracción en el tercer trimestre del 0,3 % del PIB, que no se veía desde que la pandemia paralizó al país en 2021.
El caso de la industria es crítico. Según el DANE, “en septiembre de 2023 frente a septiembre de 2022, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de -6,9 %, las ventas reales de -5,8 % y el personal ocupado de -1,8 %”. La fabricación de vehículos cayó 70 %; las confecciones, 16 %; los alimentos, 12,1 %, y la producción del pan de cada día se contrajo un 12 %. Esto nos informa de un empobrecimiento de la población y presencia de hambre en muchos hogares.
Es paradójico lo que sucede con la industria, pues el Gobierno insiste en que su política bandera es la reindustrialización del país. El ministro de Hacienda dijo que tal política “arranca por al agro con el fin de incorporar valor agregado con destino a los mercados internacionales (...) y recuperar sectores como el de las confecciones (…), así como las industrias farmacéutica, química, petroquímica y metalmecánica, esta última como eje central del proceso”. Mucho bla, bla, bla, poca acción eficaz.
Desde 2021, la prima de riesgo del país aumentó 2,3 % para alcanzar el 8,35 % anual, llevando a que el costo de su endeudamiento supere al de Brasil y México, resultado del desequilibrio de las cuentas externas y de la falta de confianza que, entre otros factores, ocasionó la forzada salida de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda.
Las exportaciones alcanzaron cerca de US$37.000 millones entre enero y noviembre de 2023 y terminarán el año rondando los US$40.000 millones, caída fuerte frente a los US$57.000 millones obtenidos en 2022, debido a la pronunciada baja del precio internacional del petróleo. En efecto, el precio del petróleo Brent se redujo el 11 % de US$83 el barril en noviembre a US$74 en la actualidad.
Las importaciones alcanzaron los US$44.400 millones en los once meses de 2023, para un saldo negativo de US$7.600 millones en la balanza comercial. Se trata de una mejoría frente al déficit de US$14.300 millones de 2022 que refleja la caída de los insumos destinados a la producción local y de las importaciones de bienes de consumo, consecuencia del bajo crecimiento de la economía y a que la gente se resiste o no puede gastar.
En materia de déficit fiscal, se proyecta una reducción que lo lleve al 4,3 % del PIB frente al nivel de 2022, que fue de 5,3 %, gracias a los menores costos de endeudamiento que enfrenta el país, pero también a la baja ejecución presupuestal. Estamos al borde de una recesión que hace necesario aumentar el gasto público para contrarrestar el desempleo de la fuerza de trabajo que comienza a presentarse y ocupar más la capacidad productiva de la economía, pero el Gobierno no parece preocupado o dispuesto a desplegar las medidas necesarias para evitarla.
La economía está al borde de la recesión y el Gobierno solo ha logrado ejecutar a noviembre el 65 % del presupuesto de funcionamiento. Ha gastado solamente $72.000 millones de unos recursos disponibles por $112.000 millones. La situación es peor en inversión: de $1,3 billones apropiados se han gastado solo $200.000 millones (menos del 16 %).
Es lamentable que después de año y cuatro meses de esta administración, la ejecución continúe siendo insuficiente y que recursos que se necesitan para adelantar acciones sociales y proyectos de inversión queden en suspenso. Será difícil gastar todo ese dinero apropiado en el último mes del año y quedará pendiente hacerlo durante 2024. Entre tanto, la economía ha desfallecido, se presentó una contracción en el tercer trimestre del 0,3 % del PIB, que no se veía desde que la pandemia paralizó al país en 2021.
El caso de la industria es crítico. Según el DANE, “en septiembre de 2023 frente a septiembre de 2022, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de -6,9 %, las ventas reales de -5,8 % y el personal ocupado de -1,8 %”. La fabricación de vehículos cayó 70 %; las confecciones, 16 %; los alimentos, 12,1 %, y la producción del pan de cada día se contrajo un 12 %. Esto nos informa de un empobrecimiento de la población y presencia de hambre en muchos hogares.
Es paradójico lo que sucede con la industria, pues el Gobierno insiste en que su política bandera es la reindustrialización del país. El ministro de Hacienda dijo que tal política “arranca por al agro con el fin de incorporar valor agregado con destino a los mercados internacionales (...) y recuperar sectores como el de las confecciones (…), así como las industrias farmacéutica, química, petroquímica y metalmecánica, esta última como eje central del proceso”. Mucho bla, bla, bla, poca acción eficaz.
Desde 2021, la prima de riesgo del país aumentó 2,3 % para alcanzar el 8,35 % anual, llevando a que el costo de su endeudamiento supere al de Brasil y México, resultado del desequilibrio de las cuentas externas y de la falta de confianza que, entre otros factores, ocasionó la forzada salida de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda.
Las exportaciones alcanzaron cerca de US$37.000 millones entre enero y noviembre de 2023 y terminarán el año rondando los US$40.000 millones, caída fuerte frente a los US$57.000 millones obtenidos en 2022, debido a la pronunciada baja del precio internacional del petróleo. En efecto, el precio del petróleo Brent se redujo el 11 % de US$83 el barril en noviembre a US$74 en la actualidad.
Las importaciones alcanzaron los US$44.400 millones en los once meses de 2023, para un saldo negativo de US$7.600 millones en la balanza comercial. Se trata de una mejoría frente al déficit de US$14.300 millones de 2022 que refleja la caída de los insumos destinados a la producción local y de las importaciones de bienes de consumo, consecuencia del bajo crecimiento de la economía y a que la gente se resiste o no puede gastar.
En materia de déficit fiscal, se proyecta una reducción que lo lleve al 4,3 % del PIB frente al nivel de 2022, que fue de 5,3 %, gracias a los menores costos de endeudamiento que enfrenta el país, pero también a la baja ejecución presupuestal. Estamos al borde de una recesión que hace necesario aumentar el gasto público para contrarrestar el desempleo de la fuerza de trabajo que comienza a presentarse y ocupar más la capacidad productiva de la economía, pero el Gobierno no parece preocupado o dispuesto a desplegar las medidas necesarias para evitarla.