El presupuesto de 2017 no ayudará a la recuperación de la economía colombiana. Se transó por $235,5 billones que, descontando la inflación, equivalen a una contracción del gasto público del 3 % que, a su vez, tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento futuro de la economía. A pesar de la reforma tributaria de fines de diciembre pasado, con su aumento del IVA al 19 %, los ingresos reales del Gobierno han aumentado solo marginalmente en el primer semestre de este año, lo cual hará necesario aumentar el nivel de endeudamiento del Gobierno o alternativamente contraer el gasto público en forma adicional.
La razón de la caída de los ingresos del Gobierno es la ralentización de la demanda que está reduciendo los ingresos por impuestos indirectos y también afectará los que recaen sobre la renta de las personas y de las empresas. Como suele decir el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hay que considerar las segundas y terceras consecuencias de los hechos económicos; en efecto, el deterioro de los ingresos externos del país desde 2014 todavía les está pasando factura a las cuentas del Gobierno y al crecimiento económico del país. No me gusta ser cantaletero, pero este Gobierno no hizo lo que tenía que hacer durante los años de vacas gordas, que era trepar impuestos fuertemente, para tener ahorros con que hacer política contracíclica, ahora que nos empobrecimos con la caída de la renta petrolera. En una columna pasada mencioné que el recaudo tributario se había deteriorado al 14 % del PIB, pero no me había dado cuenta de que las nuevas circunstancias lo ponen en 13,6 % del PIB.
Otra fuente de preocupación es la nueva caída de la inversión pública de un punto del PIB, equivalente a unos $9 billones y que afectará tanto a los gastos destinados a los territorios y población que sufrieron el conflicto, como a los ambiciosos programas de construcción de obra pública, también frenados por los líos judiciales de corrupción que enfrentan dos de los proyectos más grandes. Entre tanto, las pensiones aumentan levemente a 4,2 % del PIB, monto mayor al destinado al Sistema General de Participaciones, que incluye educación, salud y agua, que se reduce a 3,8 % del PIB. Los gastos en administración se mantienen como participación en el producto, sin poder ajustarlos como se debiera cuando caen los ingresos del Gobierno.
El margen de maniobra de la administración se ha estrechado en su último año de ejercicio. Camina sobre el filo de la navaja de mantener el equilibrio fiscal, que deteriora el crecimiento o que las calificadoras de riesgo le bajen la nota, pierda el grado de inversión y tenga menos acceso al crédito externo y a que se le encarezca la tasa de interés con que se endeuda. El servicio de la deuda —intereses más amortizaciones— para 2018 alcanza el 5,8 % del PIB y el déficit primario del Gobierno continúa en terreno negativo, lo cual señala que el endeudamiento público seguirá incrementándose por encima del 45 % del PIB actual, según Sergio Clavijo.
Los problemas que enfrentará el nuevo gobierno a partir de agosto del 2018 serán muy grandes: deberá hacer la reforma tributaria estructural que la administración Santos no quiso hacer, deberá reducir las exenciones y deducciones de impuestos o racionalizarlas, y deberá darle flexibilidad al presupuesto, para que no sea siempre la inversión pública la que tenga que reducirse en tiempos menesterosos.
El presupuesto de 2017 no ayudará a la recuperación de la economía colombiana. Se transó por $235,5 billones que, descontando la inflación, equivalen a una contracción del gasto público del 3 % que, a su vez, tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento futuro de la economía. A pesar de la reforma tributaria de fines de diciembre pasado, con su aumento del IVA al 19 %, los ingresos reales del Gobierno han aumentado solo marginalmente en el primer semestre de este año, lo cual hará necesario aumentar el nivel de endeudamiento del Gobierno o alternativamente contraer el gasto público en forma adicional.
La razón de la caída de los ingresos del Gobierno es la ralentización de la demanda que está reduciendo los ingresos por impuestos indirectos y también afectará los que recaen sobre la renta de las personas y de las empresas. Como suele decir el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hay que considerar las segundas y terceras consecuencias de los hechos económicos; en efecto, el deterioro de los ingresos externos del país desde 2014 todavía les está pasando factura a las cuentas del Gobierno y al crecimiento económico del país. No me gusta ser cantaletero, pero este Gobierno no hizo lo que tenía que hacer durante los años de vacas gordas, que era trepar impuestos fuertemente, para tener ahorros con que hacer política contracíclica, ahora que nos empobrecimos con la caída de la renta petrolera. En una columna pasada mencioné que el recaudo tributario se había deteriorado al 14 % del PIB, pero no me había dado cuenta de que las nuevas circunstancias lo ponen en 13,6 % del PIB.
Otra fuente de preocupación es la nueva caída de la inversión pública de un punto del PIB, equivalente a unos $9 billones y que afectará tanto a los gastos destinados a los territorios y población que sufrieron el conflicto, como a los ambiciosos programas de construcción de obra pública, también frenados por los líos judiciales de corrupción que enfrentan dos de los proyectos más grandes. Entre tanto, las pensiones aumentan levemente a 4,2 % del PIB, monto mayor al destinado al Sistema General de Participaciones, que incluye educación, salud y agua, que se reduce a 3,8 % del PIB. Los gastos en administración se mantienen como participación en el producto, sin poder ajustarlos como se debiera cuando caen los ingresos del Gobierno.
El margen de maniobra de la administración se ha estrechado en su último año de ejercicio. Camina sobre el filo de la navaja de mantener el equilibrio fiscal, que deteriora el crecimiento o que las calificadoras de riesgo le bajen la nota, pierda el grado de inversión y tenga menos acceso al crédito externo y a que se le encarezca la tasa de interés con que se endeuda. El servicio de la deuda —intereses más amortizaciones— para 2018 alcanza el 5,8 % del PIB y el déficit primario del Gobierno continúa en terreno negativo, lo cual señala que el endeudamiento público seguirá incrementándose por encima del 45 % del PIB actual, según Sergio Clavijo.
Los problemas que enfrentará el nuevo gobierno a partir de agosto del 2018 serán muy grandes: deberá hacer la reforma tributaria estructural que la administración Santos no quiso hacer, deberá reducir las exenciones y deducciones de impuestos o racionalizarlas, y deberá darle flexibilidad al presupuesto, para que no sea siempre la inversión pública la que tenga que reducirse en tiempos menesterosos.