La escena era impresionante: un gran propietario en su finca de Rionegro, Antioquia, quien fuera presidente durante ocho años, sentado en una tarima para estar por encima de un cura bondadoso y dos miembros de la Comisión de la Verdad, que preside Francisco de Roux. El expresidente escogió su territorio, su propiedad, como el recinto en que presentó su versión libre, que negó todo lo sabido sobre los excesos cometidos por la Fuerza Pública durante su mandato. Cada vez que el buen padre intentaba hablar, el presidente o su hijo Tomás lo interrumpían, hablaban más duro o se pronunciaban agresivamente contra los visitantes.
En un informe de febrero de 2021, la Jurisdicción Especial de Paz estableció la cifra de víctimas de falsos positivos en 6.402 entre 2002 y 2008. Camilo Ospina, entonces ministro de Defensa, firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005, que ofrecía $3’800.000 (unos US$1.900 de esa época) por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que sembró el incentivo para asesinar jóvenes de bajos recursos recogidos por el Ejército en redadas en muchas de las ciudades del país.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en Ginebra (Suiza), en marzo de 2008, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe que decía lo siguiente:
“La oficina en Colombia continuó recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y, en la mayoría de las ocasiones, hacer que la Justicia Penal Militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por resultados y el interés de algunos miembros de la Fuerza Pública de obtener, a partir de dichos resultados, una serie de beneficios y reconocimientos”.
Lo anterior intentó ser desmentido por Uribe, negando que su gobierno pagara “incentivos económicos a la Fuerza Pública” a cambio de muertes en combate, y escamoteó la existencia de las directrices del Ministerio de Defensa anotadas. También expresó Uribe que una parte de los asesinatos fueron cometidos por militares que servían a narcotraficantes. El expresidente se declaró víctima de quienes presentaron “falsos positivos”, las bajas que las Fuerzas Militares hicieron pasar como guerrilleros abatidos. “La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, (es) del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes”.
A pesar de que Uribe no reconoce la legitimidad de las instituciones surgidas tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc y rehusó asistir ante la JEP formalmente, sí entendió la necesidad de justificarse en sus propios términos frente a las cabezas de la Comisión de la Verdad y de cara al país. Es que fue bajo su responsabilidad que se dieron estos asesinatos sistemáticos de jóvenes inocentes para cobrar recompensas ofrecidas por su gobierno.
El expresidente reconoció de alguna manera su responsabilidad e insinuó medidas de justicia restaurativa para calmar su conciencia: “Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”.
La humildad y la bondad del padre De Roux derrotaron el poder y la arrogancia del exmandatario y su familia.
La escena era impresionante: un gran propietario en su finca de Rionegro, Antioquia, quien fuera presidente durante ocho años, sentado en una tarima para estar por encima de un cura bondadoso y dos miembros de la Comisión de la Verdad, que preside Francisco de Roux. El expresidente escogió su territorio, su propiedad, como el recinto en que presentó su versión libre, que negó todo lo sabido sobre los excesos cometidos por la Fuerza Pública durante su mandato. Cada vez que el buen padre intentaba hablar, el presidente o su hijo Tomás lo interrumpían, hablaban más duro o se pronunciaban agresivamente contra los visitantes.
En un informe de febrero de 2021, la Jurisdicción Especial de Paz estableció la cifra de víctimas de falsos positivos en 6.402 entre 2002 y 2008. Camilo Ospina, entonces ministro de Defensa, firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005, que ofrecía $3’800.000 (unos US$1.900 de esa época) por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que sembró el incentivo para asesinar jóvenes de bajos recursos recogidos por el Ejército en redadas en muchas de las ciudades del país.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en Ginebra (Suiza), en marzo de 2008, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe que decía lo siguiente:
“La oficina en Colombia continuó recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y, en la mayoría de las ocasiones, hacer que la Justicia Penal Militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por resultados y el interés de algunos miembros de la Fuerza Pública de obtener, a partir de dichos resultados, una serie de beneficios y reconocimientos”.
Lo anterior intentó ser desmentido por Uribe, negando que su gobierno pagara “incentivos económicos a la Fuerza Pública” a cambio de muertes en combate, y escamoteó la existencia de las directrices del Ministerio de Defensa anotadas. También expresó Uribe que una parte de los asesinatos fueron cometidos por militares que servían a narcotraficantes. El expresidente se declaró víctima de quienes presentaron “falsos positivos”, las bajas que las Fuerzas Militares hicieron pasar como guerrilleros abatidos. “La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, (es) del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes”.
A pesar de que Uribe no reconoce la legitimidad de las instituciones surgidas tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc y rehusó asistir ante la JEP formalmente, sí entendió la necesidad de justificarse en sus propios términos frente a las cabezas de la Comisión de la Verdad y de cara al país. Es que fue bajo su responsabilidad que se dieron estos asesinatos sistemáticos de jóvenes inocentes para cobrar recompensas ofrecidas por su gobierno.
El expresidente reconoció de alguna manera su responsabilidad e insinuó medidas de justicia restaurativa para calmar su conciencia: “Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”.
La humildad y la bondad del padre De Roux derrotaron el poder y la arrogancia del exmandatario y su familia.