El negocio que estructuró Alberto Carrasquilla como asesor de los emisores de los bonos del agua Alianza Fiduciaria e Interbolsa (según Simón Gaviria) y de los inversionistas extranjeros que le confiaron sus dólares en Panamá tuvo dos serios problemas éticos: ofreció una rentabilidad elevada, como si se tratara de activos de alto riesgo, y les ofreció a municipios sin capacidad administrativa préstamos a tasas de interés tan onerosas que no podían pagarlas, forzando a que el Gobierno nacional saliera en su rescate.
Los inversionistas nacionales o extranjeros en los bonos agua obtenían una rentabilidad de UVR (inflación) más 8 % a 19 años que tenían una garantía tácita del Gobierno Nacional, como evidentemente sucedió cuando en 2014 salió al rescate de los 116 municipios que se embarcaron en el negocio y que le costó $490.000 millones más los intereses que seguirá abonando hasta el año 2029. Sin embargo, los títulos del Gobierno bajo la misma modalidad pagaron 3,2 % promedio entre 2009 y 2017 por TES UVR a diez años, a los que se les agrega 0,5 % para convertirlos a 19 años; de tal modo que por el mismo riesgo sus inversionistas obtuvieron una rentabilidad de más del doble a la que hubieran obtenido adquiriendo los títulos del Tesoro, que además tienen una retención en la fuente del 14 %.
No entiendo bien por qué Carrasquilla canalizó los recursos de los inversionistas desde su empresa en Panamá, Konfigura Capital, los convirtió a pesos y adquirió los bonos para sus clientes, de tal modo que estos no tuvieron que hacerlo directamente. ¿Estuvieron sometidos a los impuestos nacionales por estas transacciones? ¿Se trató de una operación de lavado de activos como otras en que se especializaba Mossack Fonsecaen Panamá?
Carrasquilla reconoce en su deposición ante el senador Jorge Enrique Robledo que los municipios no habían desarrollado una capacidad administrativa para financiarse adecuadamente con impuestos ni en la ejecución de proyectos. Sin embargo, propició que se endeudaran sin condicionamientos a tasas que oscilaron entre 13 % y 18 % anual, lo que terminó estrangulándolos financieramente, obligando a que el Gobierno por medio de Findeter les cambiara las obligaciones y condiciones por unas moderadas e invariables.
Si, por ejemplo, los municipios hubieran tenido que presentar planes financieros, de ingeniería y de organización de empresas municipales que distribuyeran el agua y cobraran por el servicio a sus usuarios, otra hubiera sido la historia. Así mismo, sin embargo, hubieran disminuido las oportunidades de negocios de los inversionistas atraídos por rentabilidades elevadas. Además, no se podían cambiar las condiciones leoninas de los bonos.
La historia de los 85 municipios de 116 terminó en que se feriaron los préstamos en elefantes blancos, corrupción y desgreño, sabiendo que sus sucesores tendrían que enfrentar las consecuencias. Hoy siguen padeciendo la falta de agua potable que tan generosamente les quiso hacer llegar a sus hogares un brujo para atraer capitales, que los locales no pudieron aprovechar. Para un economista ducho en temas de riesgo moral, es increíble que no pensara que ese iba a ser el resultado del negocio que contribuyó a estructurar de manera tan desastrosa.
¿De cuánto fue el detrimento patrimonial de la nación y los municipios? El 70 % de acueductos que no se terminaron ($350.000 millones) más otros $800.000 millones de intereses simples en 15 años. Esa agua sí que fue preciosa.
También le puede interesar: "Moción de censura a Alberto Carrasquilla: ¿Puede tumbarlo el Congreso?"
El negocio que estructuró Alberto Carrasquilla como asesor de los emisores de los bonos del agua Alianza Fiduciaria e Interbolsa (según Simón Gaviria) y de los inversionistas extranjeros que le confiaron sus dólares en Panamá tuvo dos serios problemas éticos: ofreció una rentabilidad elevada, como si se tratara de activos de alto riesgo, y les ofreció a municipios sin capacidad administrativa préstamos a tasas de interés tan onerosas que no podían pagarlas, forzando a que el Gobierno nacional saliera en su rescate.
Los inversionistas nacionales o extranjeros en los bonos agua obtenían una rentabilidad de UVR (inflación) más 8 % a 19 años que tenían una garantía tácita del Gobierno Nacional, como evidentemente sucedió cuando en 2014 salió al rescate de los 116 municipios que se embarcaron en el negocio y que le costó $490.000 millones más los intereses que seguirá abonando hasta el año 2029. Sin embargo, los títulos del Gobierno bajo la misma modalidad pagaron 3,2 % promedio entre 2009 y 2017 por TES UVR a diez años, a los que se les agrega 0,5 % para convertirlos a 19 años; de tal modo que por el mismo riesgo sus inversionistas obtuvieron una rentabilidad de más del doble a la que hubieran obtenido adquiriendo los títulos del Tesoro, que además tienen una retención en la fuente del 14 %.
No entiendo bien por qué Carrasquilla canalizó los recursos de los inversionistas desde su empresa en Panamá, Konfigura Capital, los convirtió a pesos y adquirió los bonos para sus clientes, de tal modo que estos no tuvieron que hacerlo directamente. ¿Estuvieron sometidos a los impuestos nacionales por estas transacciones? ¿Se trató de una operación de lavado de activos como otras en que se especializaba Mossack Fonsecaen Panamá?
Carrasquilla reconoce en su deposición ante el senador Jorge Enrique Robledo que los municipios no habían desarrollado una capacidad administrativa para financiarse adecuadamente con impuestos ni en la ejecución de proyectos. Sin embargo, propició que se endeudaran sin condicionamientos a tasas que oscilaron entre 13 % y 18 % anual, lo que terminó estrangulándolos financieramente, obligando a que el Gobierno por medio de Findeter les cambiara las obligaciones y condiciones por unas moderadas e invariables.
Si, por ejemplo, los municipios hubieran tenido que presentar planes financieros, de ingeniería y de organización de empresas municipales que distribuyeran el agua y cobraran por el servicio a sus usuarios, otra hubiera sido la historia. Así mismo, sin embargo, hubieran disminuido las oportunidades de negocios de los inversionistas atraídos por rentabilidades elevadas. Además, no se podían cambiar las condiciones leoninas de los bonos.
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¿De cuánto fue el detrimento patrimonial de la nación y los municipios? El 70 % de acueductos que no se terminaron ($350.000 millones) más otros $800.000 millones de intereses simples en 15 años. Esa agua sí que fue preciosa.
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