El gobierno decidió adoptar el Presupuesto General de la Nación por decreto en vez de negociar con el Congreso su aprobación. Es un paso que perturba un principio fundamental de la democracia: tanto la tributación como el gasto deben ser aprobados por los representantes del pueblo. A las calificadoras de riesgo y a los inversionistas en general les preocupa que el gobierno actúe arbitrariamente contra de las normas de su constitución.
La administración Petro ha estado purgando la tecnocracia que ha manejado las empresas públicas y entidades claves como el Departamento de Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda y las grandes...