La guerrilla de las Farc comprendió tardíamente que sus 50 años de lucha armada la habían alienado de las aspiraciones y el favor del pueblo que creía estar representando. Al igual que los grupos paramilitares, las Farc protegieron los cultivos, los laboratorios y las rutas del narcotráfico para extraer recursos cuantiosos que les financiaron el armamento y el sostenimiento de entre 13.000 y 18.000 hombres y mujeres.
Impedidas de alcanzar el poder frente al poderío militar del Estado y a la violencia privada desplegada por grupos financiados por narcotraficantes y terratenientes, negociaron una paz que mal que bien les facilitaba el acceso a la política. El acuerdo incluía el tema de la justicia de transición que debería enfrentar parte de su dirigencia y que les reconocería la verdad sobre el conflicto que estuvieran dispuestas a aportar con sentencias relativamente laxas.
Todo proceso de paz es complejo, largo de negociar y difícil de implementar. El liderazgo de las Farc se dividió en varias ocasiones sobre el tema del desarme y por la desconfianza en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre las élites del país hubo una división todavía más profunda sobre la negociación y sus alcances, y la radical oposición de un sector que está detrás del gobierno de Iván Duque para socavar los acuerdos. Se trató, en palabras de Álvaro Uribe, de hacer trizas el Acuerdo de Paz, o de objetarlo, como intentaron hacerlo el Gobierno y el fiscal Martínez Neira, o de desconocerlo, como la DEA y el embajador de Estados Unidos. No es de sorprender que los dirigentes más radicales o comprometidos con el pasado recurso al narcotráfico se alejaran y renegaran del proceso.
El retorno a la guerra de unos comandantes envejecidos, anacrónicos, cansados de la lucha, sin muchos recursos, que amenazan con unirse al Eln, una guerrilla pequeña con la que las Farc nunca pudo asociarse por su dogmatismo católico, no puede cambiar el rumbo del proceso de paz. Ellos tendrán que volverse a relacionar con el narcotráfico y con las prácticas salvajes de la guerra que tanto los desprestigiaron, aunque prometan que no recurrirán nuevamente al secuestro.
El proceso de paz tiene el apoyo de la población afectada por el conflicto y por las fuerzas políticas liberales y de izquierda, por los movimientos sociales y por la propia dirigencia empresarial del país, que necesita la paz para prosperar (ojo: además del casi 50 % de ciudadanos que votaron por el Sí). La favorabilidad del expresidente Uribe ha caído al mostrar la faceta cada vez más violenta de su carácter. El proceso es apoyado, además, por los países de la Comunidad Europea, las Naciones Unidas y los países garantes, incluyendo a Noruega, Cuba y Venezuela, pero no obviamente por los Estados Unidos de Donald Trump.
La administración Duque está en una encrucijada: deberá probar con actos y presupuesto que está implementando los Acuerdos y que no obedecerá las presiones de Uribe para que destruya la JEP y socave el proceso; deberá proteger a los reinsertados, defender la vida y la integridad de los líderes sociales, financiar el fondo de tierras para otorgarlas a familias dispuestas a trabajarlas y recuperar los baldíos usurpados.
Duque debe impulsar el catastro multipropósito, que será una herramienta para profundizar el mercado de tierras del país y permitirá obtener recursos tributarios a los municipios y departamentos, que así podrán emprender las obras que requiere su desarrollo. La paz es necesaria para él y para todos.
La guerrilla de las Farc comprendió tardíamente que sus 50 años de lucha armada la habían alienado de las aspiraciones y el favor del pueblo que creía estar representando. Al igual que los grupos paramilitares, las Farc protegieron los cultivos, los laboratorios y las rutas del narcotráfico para extraer recursos cuantiosos que les financiaron el armamento y el sostenimiento de entre 13.000 y 18.000 hombres y mujeres.
Impedidas de alcanzar el poder frente al poderío militar del Estado y a la violencia privada desplegada por grupos financiados por narcotraficantes y terratenientes, negociaron una paz que mal que bien les facilitaba el acceso a la política. El acuerdo incluía el tema de la justicia de transición que debería enfrentar parte de su dirigencia y que les reconocería la verdad sobre el conflicto que estuvieran dispuestas a aportar con sentencias relativamente laxas.
Todo proceso de paz es complejo, largo de negociar y difícil de implementar. El liderazgo de las Farc se dividió en varias ocasiones sobre el tema del desarme y por la desconfianza en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre las élites del país hubo una división todavía más profunda sobre la negociación y sus alcances, y la radical oposición de un sector que está detrás del gobierno de Iván Duque para socavar los acuerdos. Se trató, en palabras de Álvaro Uribe, de hacer trizas el Acuerdo de Paz, o de objetarlo, como intentaron hacerlo el Gobierno y el fiscal Martínez Neira, o de desconocerlo, como la DEA y el embajador de Estados Unidos. No es de sorprender que los dirigentes más radicales o comprometidos con el pasado recurso al narcotráfico se alejaran y renegaran del proceso.
El retorno a la guerra de unos comandantes envejecidos, anacrónicos, cansados de la lucha, sin muchos recursos, que amenazan con unirse al Eln, una guerrilla pequeña con la que las Farc nunca pudo asociarse por su dogmatismo católico, no puede cambiar el rumbo del proceso de paz. Ellos tendrán que volverse a relacionar con el narcotráfico y con las prácticas salvajes de la guerra que tanto los desprestigiaron, aunque prometan que no recurrirán nuevamente al secuestro.
El proceso de paz tiene el apoyo de la población afectada por el conflicto y por las fuerzas políticas liberales y de izquierda, por los movimientos sociales y por la propia dirigencia empresarial del país, que necesita la paz para prosperar (ojo: además del casi 50 % de ciudadanos que votaron por el Sí). La favorabilidad del expresidente Uribe ha caído al mostrar la faceta cada vez más violenta de su carácter. El proceso es apoyado, además, por los países de la Comunidad Europea, las Naciones Unidas y los países garantes, incluyendo a Noruega, Cuba y Venezuela, pero no obviamente por los Estados Unidos de Donald Trump.
La administración Duque está en una encrucijada: deberá probar con actos y presupuesto que está implementando los Acuerdos y que no obedecerá las presiones de Uribe para que destruya la JEP y socave el proceso; deberá proteger a los reinsertados, defender la vida y la integridad de los líderes sociales, financiar el fondo de tierras para otorgarlas a familias dispuestas a trabajarlas y recuperar los baldíos usurpados.
Duque debe impulsar el catastro multipropósito, que será una herramienta para profundizar el mercado de tierras del país y permitirá obtener recursos tributarios a los municipios y departamentos, que así podrán emprender las obras que requiere su desarrollo. La paz es necesaria para él y para todos.