Uno de los impactos más notables de un impuesto sobre un bien es restringir su consumo. Mientras mayor sea el impuesto y menor el ingreso del ciudadano, mayor será su efecto. Esto nos lleva a pensar que los impuestos no solo sirven para engrosar las arcas del Estado, sino para restringir el consumo de sustancias nocivas para la salud humana.
Un gran ejemplo es el del impuesto al tabaco, que ha tenido un gran efecto en reducir la epidemia del tabaquismo en el país y que hace mella, en especial, entre los jóvenes y la población más pobre. A pesar de los reclamos de la industria tabacalera de que el impuesto no lograría reducir el consumo y los costos de salud pública, de que iba a aumentar el contrabando y a mermar los ingresos del Gobierno, un estudio de Norman Maldonado y sus asociados comprobó todo lo contrario de manera científica e independiente de la industria.
El impuesto pasó de $700 a $1.400 por cajetilla en 2016 y en efecto aumentó la penetración del contrabando de 3,4 a 6,4 % del consumo, pero eso fue inferior a la cifra que manipulaba la industria tabacalera de que la penetración era supuestamente del 18 %. El impacto sobre el consumo fue notorio: la proporción de fumadores empedernidos (que fumaban más de diez cigarrillos diarios) bajó de 37 % en 2016 a 26 % en 2017, mientras aumentaba el recaudo tributario del Gobierno. El contrabando es muy visible en Cúcuta y aumentó su participación allí y en Medellín, pero más bien por la presencia de redes de distribución preexistentes. Los autores concluyen que el impuesto puede aumentarse nuevamente y volverá a tener un efecto positivo sobre la adicción, contribuyendo a reducir el costo en el sistema de salud pública para atender enfermedades asociadas al tabaquismo, incluyendo el cáncer de pulmón, que afectan a los jóvenes y a la población de bajos ingresos. Igual sucedería con el alcohol.
Si este experimento fue exitoso, los intentos de reducir la ingesta de azúcar por organizaciones preocupadas por la epidemia de la obesidad (65 % de los colombianos son gordos) y diabetes, sobre todo en niños, se estrellaron contra un sector azucarero que ha contado con el apoyo del Estado. Según The New York Times en español (13/11/2017), la ONG Educar Consumidores llevó a cabo una campaña para que el Congreso gravara con un impuesto del 20 % las bebidas con alto contenido de azúcar, pero se vio amenazada por hombres mal encarados y por el propio superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien les prohibió su publicidad contra la industria. No solo se trata de las hiperdosis de azúcar que contienen las gaseosas, sino también los jugos y las energizantes y, en general, la comida chatarra, por lo cual se requiere que etiqueten los contenidos con sus respectivas cauciones para la salud humana. El impuesto podría reducir el consumo un tercio y aumentar el recaudo en $1,3 billones (Popkin, Tovar, Bonilla).
El hundimiento de la propuesta se debió al cartel del azúcar, que cuenta con medios de comunicación masiva e influencia que les permiten atentar impunemente contra la salud pública. No solo cuentan con protección para el azúcar que producen, sino que Ecopetrol adquiere el etanol que derivan a un precio dos veces el internacional (US$1,25 por galón) para mezclarlo con la gasolina que consumimos y pagamos.
Hay que insistir: no se debe tasar por igual la comida saludable y la chatarra, como lo hace la reforma tributaria de
Carrasquilla.
Uno de los impactos más notables de un impuesto sobre un bien es restringir su consumo. Mientras mayor sea el impuesto y menor el ingreso del ciudadano, mayor será su efecto. Esto nos lleva a pensar que los impuestos no solo sirven para engrosar las arcas del Estado, sino para restringir el consumo de sustancias nocivas para la salud humana.
Un gran ejemplo es el del impuesto al tabaco, que ha tenido un gran efecto en reducir la epidemia del tabaquismo en el país y que hace mella, en especial, entre los jóvenes y la población más pobre. A pesar de los reclamos de la industria tabacalera de que el impuesto no lograría reducir el consumo y los costos de salud pública, de que iba a aumentar el contrabando y a mermar los ingresos del Gobierno, un estudio de Norman Maldonado y sus asociados comprobó todo lo contrario de manera científica e independiente de la industria.
El impuesto pasó de $700 a $1.400 por cajetilla en 2016 y en efecto aumentó la penetración del contrabando de 3,4 a 6,4 % del consumo, pero eso fue inferior a la cifra que manipulaba la industria tabacalera de que la penetración era supuestamente del 18 %. El impacto sobre el consumo fue notorio: la proporción de fumadores empedernidos (que fumaban más de diez cigarrillos diarios) bajó de 37 % en 2016 a 26 % en 2017, mientras aumentaba el recaudo tributario del Gobierno. El contrabando es muy visible en Cúcuta y aumentó su participación allí y en Medellín, pero más bien por la presencia de redes de distribución preexistentes. Los autores concluyen que el impuesto puede aumentarse nuevamente y volverá a tener un efecto positivo sobre la adicción, contribuyendo a reducir el costo en el sistema de salud pública para atender enfermedades asociadas al tabaquismo, incluyendo el cáncer de pulmón, que afectan a los jóvenes y a la población de bajos ingresos. Igual sucedería con el alcohol.
Si este experimento fue exitoso, los intentos de reducir la ingesta de azúcar por organizaciones preocupadas por la epidemia de la obesidad (65 % de los colombianos son gordos) y diabetes, sobre todo en niños, se estrellaron contra un sector azucarero que ha contado con el apoyo del Estado. Según The New York Times en español (13/11/2017), la ONG Educar Consumidores llevó a cabo una campaña para que el Congreso gravara con un impuesto del 20 % las bebidas con alto contenido de azúcar, pero se vio amenazada por hombres mal encarados y por el propio superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien les prohibió su publicidad contra la industria. No solo se trata de las hiperdosis de azúcar que contienen las gaseosas, sino también los jugos y las energizantes y, en general, la comida chatarra, por lo cual se requiere que etiqueten los contenidos con sus respectivas cauciones para la salud humana. El impuesto podría reducir el consumo un tercio y aumentar el recaudo en $1,3 billones (Popkin, Tovar, Bonilla).
El hundimiento de la propuesta se debió al cartel del azúcar, que cuenta con medios de comunicación masiva e influencia que les permiten atentar impunemente contra la salud pública. No solo cuentan con protección para el azúcar que producen, sino que Ecopetrol adquiere el etanol que derivan a un precio dos veces el internacional (US$1,25 por galón) para mezclarlo con la gasolina que consumimos y pagamos.
Hay que insistir: no se debe tasar por igual la comida saludable y la chatarra, como lo hace la reforma tributaria de
Carrasquilla.