Un reciente estudio del Ministerio de Hacienda sostiene que “en Colombia el aumento de las utilidades ha tenido un rol importante en el repunte inflacionario”. Los autores no miden la tasa de ganancias de los empresarios, que en una coyuntura recesiva tiende a reducirse sustancialmente por el propio debilitamiento de la demanda de sus productos. No obstante, los funcionarios hacen conjeturas sin respaldo en la realidad.
Se debe tener en cuenta que la inflación afecta negativamente a buena parte de las empresas por el mayor costo de sus insumos, incluyendo la mano de obra. Por estar sometidas muchas de ellas a la competencia, no pueden elevar sus precios al mismo ritmo que el promedio de la economía o respecto a sus costos. Las empresas que disfrutan de posiciones de monopolio, sin embargo, sí pueden incrementar efectivamente sus ganancias en estas fases turbulentas.
Uno de los factores fundamentales de la economía es el trabajo y el salario sirve de unidad para medir el nivel de precios. En las teorías de Marx y Keynes el trabajo y su costo determinan los precios, algo que es de mayor importancia en el análisis del presente. En Colombia el Gobierno fija el salario mínimo que sirve de primer peldaño de la escala salarial y con las alzas del 16 % en 2023 y el 12 % para 2024 se elevó el costo laboral 7 % y posiblemente 4 % por encima de la inflación para esos dos años. Se constituyó así en una presión de primer orden en la inflación. No hay que buscarle una quinta pata al gato para encontrar las causas objetivas del alza de precios. El desempleo se redujo al 10 % de la fuerza de trabajo en diciembre de 2023, pero al parecer se concentraría en el sector informal. La inversión pública sufrió una de las más fuertes contracciones de la historia (-34 %).
El hecho protuberante ignorado por los funcionarios que aducen que todo es culpa de los empresarios es que la inflación, que en 2022 fue de 13,1 %, tuvo también un origen externo, distinto a la gula de los empresarios. En efecto, la guerra de Rusia contra Ucrania elevó los costos de transporte y otros factores de inseguridad los afectaron aún más. Otras causas fueron climáticas por el prolongado fenómeno de El Niño que puede extenderse hasta marzo y abril.
El año pasado la inflación se redujo a un 9,3 % en diciembre, todavía muy elevada con respecto a los promedios de los últimos años, que oscilaban entre 3 y 4 %. El impulso mayor surgió del rubro de transporte, con un incremento de sus precios de 16,5 %, jalonado a su vez por el alza del precio de la gasolina: la subida en los combustibles fue de más del 47 %.
Las mismas condiciones recesivas están determinando una baja adicional de la inflación. Para 2024 se proyecta un aumento de 8,3 % en el nivel de precios y, con un crecimiento de la economía de solo el 0,8 %, la inflación seguirá disminuyendo paulatinamente.
Ahora bien, han venido surgiendo problemas de orden político que ensombrecen el futuro de la economía. La renuncia de Jorge Iván González, el director de Planeación y el funcionario de más brillante perfil técnico de la administración Petro, tras otras renuncias forzadas de ministros de buen perfil profesional, pone en duda la capacidad técnica del Gobierno, que decide operar con personal fiel pero incompetente para enfrentar los desafíos de la gestión pública.
El pasado 18 de enero la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s Global Ratings mantuvo la calificación de Colombia en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa, al proyectarse un crecimiento por debajo de lo esperado. A este pobre panorama económico se suman perturbaciones políticas serias. Los despidos caprichosos de funcionarios de primer nivel por el presidente Petro serán evaluados por las agencias calificadoras de riesgo a su debido tiempo. Ellas pueden volver a rebajar la calificación del país, percibiendo mayor riesgo que surge de la toma arbitraria de decisiones. Habrá menos apetito por deuda pública colombiana de los inversionistas nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, los bonos del país tenderán a desvalorizarse, haciendo que el financiamiento del Gobierno se haga más oneroso.
Un reciente estudio del Ministerio de Hacienda sostiene que “en Colombia el aumento de las utilidades ha tenido un rol importante en el repunte inflacionario”. Los autores no miden la tasa de ganancias de los empresarios, que en una coyuntura recesiva tiende a reducirse sustancialmente por el propio debilitamiento de la demanda de sus productos. No obstante, los funcionarios hacen conjeturas sin respaldo en la realidad.
Se debe tener en cuenta que la inflación afecta negativamente a buena parte de las empresas por el mayor costo de sus insumos, incluyendo la mano de obra. Por estar sometidas muchas de ellas a la competencia, no pueden elevar sus precios al mismo ritmo que el promedio de la economía o respecto a sus costos. Las empresas que disfrutan de posiciones de monopolio, sin embargo, sí pueden incrementar efectivamente sus ganancias en estas fases turbulentas.
Uno de los factores fundamentales de la economía es el trabajo y el salario sirve de unidad para medir el nivel de precios. En las teorías de Marx y Keynes el trabajo y su costo determinan los precios, algo que es de mayor importancia en el análisis del presente. En Colombia el Gobierno fija el salario mínimo que sirve de primer peldaño de la escala salarial y con las alzas del 16 % en 2023 y el 12 % para 2024 se elevó el costo laboral 7 % y posiblemente 4 % por encima de la inflación para esos dos años. Se constituyó así en una presión de primer orden en la inflación. No hay que buscarle una quinta pata al gato para encontrar las causas objetivas del alza de precios. El desempleo se redujo al 10 % de la fuerza de trabajo en diciembre de 2023, pero al parecer se concentraría en el sector informal. La inversión pública sufrió una de las más fuertes contracciones de la historia (-34 %).
El hecho protuberante ignorado por los funcionarios que aducen que todo es culpa de los empresarios es que la inflación, que en 2022 fue de 13,1 %, tuvo también un origen externo, distinto a la gula de los empresarios. En efecto, la guerra de Rusia contra Ucrania elevó los costos de transporte y otros factores de inseguridad los afectaron aún más. Otras causas fueron climáticas por el prolongado fenómeno de El Niño que puede extenderse hasta marzo y abril.
El año pasado la inflación se redujo a un 9,3 % en diciembre, todavía muy elevada con respecto a los promedios de los últimos años, que oscilaban entre 3 y 4 %. El impulso mayor surgió del rubro de transporte, con un incremento de sus precios de 16,5 %, jalonado a su vez por el alza del precio de la gasolina: la subida en los combustibles fue de más del 47 %.
Las mismas condiciones recesivas están determinando una baja adicional de la inflación. Para 2024 se proyecta un aumento de 8,3 % en el nivel de precios y, con un crecimiento de la economía de solo el 0,8 %, la inflación seguirá disminuyendo paulatinamente.
Ahora bien, han venido surgiendo problemas de orden político que ensombrecen el futuro de la economía. La renuncia de Jorge Iván González, el director de Planeación y el funcionario de más brillante perfil técnico de la administración Petro, tras otras renuncias forzadas de ministros de buen perfil profesional, pone en duda la capacidad técnica del Gobierno, que decide operar con personal fiel pero incompetente para enfrentar los desafíos de la gestión pública.
El pasado 18 de enero la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s Global Ratings mantuvo la calificación de Colombia en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa, al proyectarse un crecimiento por debajo de lo esperado. A este pobre panorama económico se suman perturbaciones políticas serias. Los despidos caprichosos de funcionarios de primer nivel por el presidente Petro serán evaluados por las agencias calificadoras de riesgo a su debido tiempo. Ellas pueden volver a rebajar la calificación del país, percibiendo mayor riesgo que surge de la toma arbitraria de decisiones. Habrá menos apetito por deuda pública colombiana de los inversionistas nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, los bonos del país tenderán a desvalorizarse, haciendo que el financiamiento del Gobierno se haga más oneroso.