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Al presidente Gustavo Petro le gustan las imposiciones al sector privado. Intenta revivir las inversiones forzosas que fueron aplicadas por primera vez en el gobierno dictatorial de Laureano Gómez, en 1951. En tal ocasión se obligó a destinar el 25 % de los depósitos a los propósitos escogidos por la administración. Los resultados de la política fueron créditos baratos para los privilegiados por el gobierno y más caros para el resto de los clientes del sistema, lo que en últimas causó represión financiera que fue contraproducente para el crecimiento de la economía.
Hoy en día, las inversiones forzosas son el 1 % de los depósitos y se destinan a financiar actividades agropecuarias, mediante los llamados Títulos de Desarrollo Agropecuario, que son la fuente principal del crédito sectorial. No se trata de cifras menores: se calcula que para 2024 alcance a $38,3 billones y no se conoce el plan del gobierno para aumentar el porcentaje que se destinará a sus propósitos que seguramente dirigirá a sus sectores favoritos como son turismo e industria. Petro cree que su devoción por la vida y la naturaleza atraerá a millones de extranjeros que querrán conocer los avances de sus programas transformadores. Cree también que puede reindustrializar el país, aunque no ha anunciado a la fecha aranceles prohibitivos que protejan al sector y desprotejan al consumidor del lucro de los empresarios.
El problema con las inversiones forzosas es que el sector financiero debe pagar una tasa de interés de mercado para poder captar los recursos y el gobierno querrá que los preste barato. ¿Qué tanto? Depende de la ley que apruebe el Congreso y que la administración no ha presentado todavía. Lo cierto es que la incertidumbre que ha generado la administración con sus anuncios y planes sin concretar ha contribuido a debilitar la inversión privada, lo que a su vez va a frenar el crecimiento económico.
En 2023, la economía creció solo 0,6 % y, en 2024, Fedesarrollo calcula que lo hará en 0,9 % cuando el promedio de la última década ha sido superior al 3 % anual. Sin embargo, el DANE sorprendió con el resultado del segundo trimestre de 2024 con un registro de 2,1 % que arroja para el primer semestre del año un crecimiento de 1,5 %. De los doce sectores en que divide la economía, cinco arrojan cifras negativas distribuidas entre otros como industria -3,6 %, minería -2,5 % y comunicaciones -1,9 %. Arrojan cifras positivas de crecimiento la administración pública, educación y salud, que crece 5,1 %. Agropecuario crece un 8 %, quizás debido a climas propicios, y actividades de recreación y hogareñas crece 9,5 %, algo que no tiene mucha lógica porque la gente no es que haya estado confinada en sus hogares.
La formación de capital cayó casi un 10 % durante 2023 “dejando la tasa de inversión en el 17,7 % del PIB, la cifra más baja en 18 años”, y siguió contrayéndose en el primer semestre de 2024 con una caída adicional de más de 5 %, según Fedesarrollo. Este dato es preocupante porque sugiere que el crecimiento futuro se verá impedido si los empresarios mantienen a la baja su propensión a invertir, a la espera de conocer cuáles van a ser las políticas del gobierno. Falta por ver si la administración Petro supera sus impedimentos de ejecución, que han sido notorios, y logra desatar la construcción de obras públicas.
La caída de la inversión y la desaceleración económica han afectado la contratación de nuevos trabajadores e incluso ha propiciado el despido de otros. El desempleo aumentó de 10,2 % en agosto de 2023 a 10,6 % en la actualidad.
El mero anuncio del gobierno de que reinstalará las inversiones forzosas causó incertidumbre adicional entre los empresarios. Ciertamente, los hará más reacios aún a invertir, por lo menos hasta que explique cómo implementará las tales inversiones y además se despeje el panorama de la sucesión presidencial que tendrá lugar en 2026.