LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y EMPÍrica informa que la aspersión con glifosato atenta contra la salud de la población expuesta, destruye sus cultivos de pancoger, mata sus animales domésticos y no es un medio eficaz para detener el narcotráfico.
El glifosato que se utiliza en la aspersión aérea en Colombia es potenciado por otros venenos que lo hacen más letal. Si bien el químico es utilizado comercialmente, sus dosis deben ser pequeñas, vienen diluidas y se advierte de sus peligros: hay que utilizar guantes, alejar a los niños y animales a una distancia prudente y mantener las precauciones durante un tiempo. La aspersión indiscriminada de las siembras de coca que cubren varios cientos de metros a la redonda contamina la atmósfera, los ríos y el agua que beben los campesinos. Es entonces un serio atentado contra la salud pública.
El Gobierno decidió que el combate a los cultivos incluía territorio ecuatoriano, lo cual dio lugar a una demanda ante la Corte Internacional de La Haya por daños y perjuicios, la cual se zanjó con el pago de US$15 millones, el compromiso de no penetrar el territorio vecino y fumigar con una solución menos nociva del agroquímico cerca de la frontera. Si el daño infligido a los ciudadanos ecuatorianos fue de alguna manera compensado, no sucede lo mismo con los ciudadanos colombianos que tratan de explotar los 200.000 predios y 2 millones de hectáreas afectados, según Camilo González, exministro de Salud. La Organización Mundial de la Salud hizo una caución contra el uso de glifosato por su posible efecto cancerígeno, algo que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, admitió para solicitar su suspensión, contra la amenaza del procurador de sancionarlo por hacer lo correcto.
Daniel Mejía, Pascual Restrepo y Sandra Rozo, de la Universidad de los Andes, armaron un experimento natural al comparar las tierras no rociadas en el lado ecuatoriano con las que habían recibido el exfoliador, permitiéndoles deducir que se requería rociar 30 hectáreas para eliminar una cultivada con coca. Si bien la aspersión de los cocales reduce levemente el área sembrada, lo hace a un costo exorbitante: hay que rociar 300 hectáreas durante un año al costo de un millón de dólares por retirar un kilo de coca pura del mercado que se vende por unos US$125.000. Los contribuyentes colombianos sufragamos el 78% del costo de sacar algo de cocaína de las calles de las ciudades norteamericanas. Para rematar, la aspersión desplaza el cultivo de coca hacia la manigua, donde es más difícil localizarla; la aspersión destruye el follaje, además de que les entrega la lealtad de los campesinos a las Farc.
Otras estrategias son menos costosas y más efectivas: la interdicción en el transporte (US$180.000 por kilo), la prevención en los países consumidores (US$68.750) y más barato aún el tratamiento de la adicción en ellos (US$8.250). Desde que se inició el programa de aspersión se han gastado US$3.000 millones con un impacto pequeño, lo que no es racional. Menos lo es deteriorar la salud de cientos de miles de familias campesinas con afecciones en la piel, posibles abortos y alto riesgo cancerígeno.
El senador Uribe y el procurador aducen que se trata de una concesión a las Farc, pues son el mayor cartel de droga del mundo, sin considerar que las organizaciones mexicanas controlan el 95% de las utilidades del mercado norteamericano. Esa sí que es la ciencia ficción de la extrema derecha colombiana.
LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y EMPÍrica informa que la aspersión con glifosato atenta contra la salud de la población expuesta, destruye sus cultivos de pancoger, mata sus animales domésticos y no es un medio eficaz para detener el narcotráfico.
El glifosato que se utiliza en la aspersión aérea en Colombia es potenciado por otros venenos que lo hacen más letal. Si bien el químico es utilizado comercialmente, sus dosis deben ser pequeñas, vienen diluidas y se advierte de sus peligros: hay que utilizar guantes, alejar a los niños y animales a una distancia prudente y mantener las precauciones durante un tiempo. La aspersión indiscriminada de las siembras de coca que cubren varios cientos de metros a la redonda contamina la atmósfera, los ríos y el agua que beben los campesinos. Es entonces un serio atentado contra la salud pública.
El Gobierno decidió que el combate a los cultivos incluía territorio ecuatoriano, lo cual dio lugar a una demanda ante la Corte Internacional de La Haya por daños y perjuicios, la cual se zanjó con el pago de US$15 millones, el compromiso de no penetrar el territorio vecino y fumigar con una solución menos nociva del agroquímico cerca de la frontera. Si el daño infligido a los ciudadanos ecuatorianos fue de alguna manera compensado, no sucede lo mismo con los ciudadanos colombianos que tratan de explotar los 200.000 predios y 2 millones de hectáreas afectados, según Camilo González, exministro de Salud. La Organización Mundial de la Salud hizo una caución contra el uso de glifosato por su posible efecto cancerígeno, algo que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, admitió para solicitar su suspensión, contra la amenaza del procurador de sancionarlo por hacer lo correcto.
Daniel Mejía, Pascual Restrepo y Sandra Rozo, de la Universidad de los Andes, armaron un experimento natural al comparar las tierras no rociadas en el lado ecuatoriano con las que habían recibido el exfoliador, permitiéndoles deducir que se requería rociar 30 hectáreas para eliminar una cultivada con coca. Si bien la aspersión de los cocales reduce levemente el área sembrada, lo hace a un costo exorbitante: hay que rociar 300 hectáreas durante un año al costo de un millón de dólares por retirar un kilo de coca pura del mercado que se vende por unos US$125.000. Los contribuyentes colombianos sufragamos el 78% del costo de sacar algo de cocaína de las calles de las ciudades norteamericanas. Para rematar, la aspersión desplaza el cultivo de coca hacia la manigua, donde es más difícil localizarla; la aspersión destruye el follaje, además de que les entrega la lealtad de los campesinos a las Farc.
Otras estrategias son menos costosas y más efectivas: la interdicción en el transporte (US$180.000 por kilo), la prevención en los países consumidores (US$68.750) y más barato aún el tratamiento de la adicción en ellos (US$8.250). Desde que se inició el programa de aspersión se han gastado US$3.000 millones con un impacto pequeño, lo que no es racional. Menos lo es deteriorar la salud de cientos de miles de familias campesinas con afecciones en la piel, posibles abortos y alto riesgo cancerígeno.
El senador Uribe y el procurador aducen que se trata de una concesión a las Farc, pues son el mayor cartel de droga del mundo, sin considerar que las organizaciones mexicanas controlan el 95% de las utilidades del mercado norteamericano. Esa sí que es la ciencia ficción de la extrema derecha colombiana.