MAURICIO ROMERO EDITÓ EL LIBRO La economía de los paramilitares, que muestra cómo el mal invadió la política colombiana.
Se trata de una radiografía de las redes de poder y de negocios que estableció el narcotráfico en el nivel regional y que eventualmente lograron una influencia desmedida en el nivel nacional.
Lo que surge claramente de su investigación es que la corrupción en Colombia alcanzó enormes proporciones con la intrusión del crimen organizado en la política. El proceso comienza en los años ochenta cuando las mafias del narcotráfico organizan ejércitos privados, en estrecha alianza con políticos, terratenientes y empresarios, afectados por la insurgencia. Estos grupos armados hacen presencia en vastos territorios del país, incluso donde nunca hubo insurgencia. Se financian con el tráfico de drogas, pero consiguen además dineros de grandes empresas trasnacionales, de cuotas y extorsiones a empresarios y, no menos, de los presupuestos, las regalías y de las transferencias que hace la nación para pagar por la educación, la salud y el agua. Lograron así una desviación monumental de recursos públicos.
El proceso se desarrolla primero en el nivel local: los grupos paramilitares establecen conexiones con la fuerza pública, reciben apoyo financiero o extorsionan a terratenientes, campesinos medios y comerciantes, mientras que su apoyo se hace indispensable para que algunos políticos salgan elegidos.
Las alianzas se profundizan en el Magdalena Medio, en la costa Atlántica, en Antioquia, particularmente en el Urabá, en los Llanos Orientales e incursionan en los territorios históricos de las FARC, como Putumayo y Caquetá. En Antioquia, el gobernador Álvaro Uribe experimenta con las Convivir y adquiere tierras en Córdoba, donde impera la ley de los Castaño y de Mancuso. El control militar les sirve también a los violentos para despojar de sus tierras a más de cien mil familias y a las comunidades negras del Chocó. La palma africana pasa a ser emblemática de la nueva economía rural.
Cuando estas alianzas se entronizan en el nivel nacional, durante los dos gobiernos de Uribe, se producen nombramientos de representantes del crimen organizado en el ejecutivo: en el DAS, el DNE, en el Ministerio de Transporte (Inco), Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y embajadas. Los funcionarios que por doquier colocaron el tercio de los congresistas elegidos por paramilitares no constituían precisamente una burocracia meritocrática, pero ahí están.
Lo que revelan Romero y sus coautores es que los paramilitares utilizaron las cooperativas asociadas de trabajo y las especializadas en salud para administrar los recursos que capturaron. Es notorio que estas organizaciones, presuntamente democráticas, terminaron sirviendo a los intereses de las mafias y de los políticos corruptos. Es a través de ellas que, por ejemplo, el Bloque Norte de las Autodefensas exprimía EPS, hospitales y aseguradoras. Así mismo, los contratos del chance, otorgados por el Ministerio de Protección Social, terminaron enriqueciendo, entre otros, a ‘La Gata’ Enilse López.
En fin, estas alianzas perversas succionaron la vena del gasto público. Fue el “todo vale” desatado. Las privatizaciones y el desmonte del estado regulador permitieron además la captura de burocracia y contratación por parte de las mafias y de sus políticos. Lo peor es que ese poder sigue vigente, aunque hay muchos que no quieren reconocerlo.
MAURICIO ROMERO EDITÓ EL LIBRO La economía de los paramilitares, que muestra cómo el mal invadió la política colombiana.
Se trata de una radiografía de las redes de poder y de negocios que estableció el narcotráfico en el nivel regional y que eventualmente lograron una influencia desmedida en el nivel nacional.
Lo que surge claramente de su investigación es que la corrupción en Colombia alcanzó enormes proporciones con la intrusión del crimen organizado en la política. El proceso comienza en los años ochenta cuando las mafias del narcotráfico organizan ejércitos privados, en estrecha alianza con políticos, terratenientes y empresarios, afectados por la insurgencia. Estos grupos armados hacen presencia en vastos territorios del país, incluso donde nunca hubo insurgencia. Se financian con el tráfico de drogas, pero consiguen además dineros de grandes empresas trasnacionales, de cuotas y extorsiones a empresarios y, no menos, de los presupuestos, las regalías y de las transferencias que hace la nación para pagar por la educación, la salud y el agua. Lograron así una desviación monumental de recursos públicos.
El proceso se desarrolla primero en el nivel local: los grupos paramilitares establecen conexiones con la fuerza pública, reciben apoyo financiero o extorsionan a terratenientes, campesinos medios y comerciantes, mientras que su apoyo se hace indispensable para que algunos políticos salgan elegidos.
Las alianzas se profundizan en el Magdalena Medio, en la costa Atlántica, en Antioquia, particularmente en el Urabá, en los Llanos Orientales e incursionan en los territorios históricos de las FARC, como Putumayo y Caquetá. En Antioquia, el gobernador Álvaro Uribe experimenta con las Convivir y adquiere tierras en Córdoba, donde impera la ley de los Castaño y de Mancuso. El control militar les sirve también a los violentos para despojar de sus tierras a más de cien mil familias y a las comunidades negras del Chocó. La palma africana pasa a ser emblemática de la nueva economía rural.
Cuando estas alianzas se entronizan en el nivel nacional, durante los dos gobiernos de Uribe, se producen nombramientos de representantes del crimen organizado en el ejecutivo: en el DAS, el DNE, en el Ministerio de Transporte (Inco), Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y embajadas. Los funcionarios que por doquier colocaron el tercio de los congresistas elegidos por paramilitares no constituían precisamente una burocracia meritocrática, pero ahí están.
Lo que revelan Romero y sus coautores es que los paramilitares utilizaron las cooperativas asociadas de trabajo y las especializadas en salud para administrar los recursos que capturaron. Es notorio que estas organizaciones, presuntamente democráticas, terminaron sirviendo a los intereses de las mafias y de los políticos corruptos. Es a través de ellas que, por ejemplo, el Bloque Norte de las Autodefensas exprimía EPS, hospitales y aseguradoras. Así mismo, los contratos del chance, otorgados por el Ministerio de Protección Social, terminaron enriqueciendo, entre otros, a ‘La Gata’ Enilse López.
En fin, estas alianzas perversas succionaron la vena del gasto público. Fue el “todo vale” desatado. Las privatizaciones y el desmonte del estado regulador permitieron además la captura de burocracia y contratación por parte de las mafias y de sus políticos. Lo peor es que ese poder sigue vigente, aunque hay muchos que no quieren reconocerlo.