La economía colombiana atraviesa un momento difícil que el nuevo gobierno que se inaugure en agosto de 2018 deberá enfrentar. El crecimiento es muy bajo, los desequilibrios macroeconómicos profundos y los acreedores del país nos examinan con preocupación.
La economía crecerá en 2017 alrededor del 1,6 % y las perspectivas para el 2018 son un poco mejores, cuando se podrá superar un 2 %. La inversión en infraestructura se ha visto lesionada por los escándalos de Odebrecht, que han empañado la supuesta lucha contra la corrupción de Germán Vargas Lleras. La mejor perspectiva surge de un mayor crecimiento de la economía global y de aumentos de los precios del petróleo y del carbón, pero el resto de las exportaciones manufactureras y agrícolas no han respondido a la fuerte devaluación experimentada desde 2015.
Las malas políticas de la administración Santos han producido déficits tanto del Gobierno como de las cuentas externas del país. La reforma tributaria sólo le sumó tres puntos al IVA, lo que frenó el poco crecimiento que llevábamos; aun así, el faltante del Gobierno ronda 3,7 % del PIB, unos $32 billones. El Congreso no aprobó el impuesto a la renta de las personas naturales que son los dueños de las empresas, impidiendo solventar el desequilibrio fiscal.
El déficit en cuenta corriente con el resto del mundo está en 3,8 % del PIB y es un reflejo de la falta de ahorro, tanto del Gobierno como del sector privado. Es inaudito que la prolongada bonanza externa que vivimos fuera acompañada de un endeudamiento externo enorme (el del Gobierno alcanza hoy US$140.000 millones), en vez de financiar el déficit público con impuestos.
Un indicador del desequilibrio es la relación entre la deuda externa y los ingresos de la cuenta corriente: en 2010 era de 120 %, en 2016 fue de 230 % y la proyección optimista para 2017 es de 213 %, lo cual nos pone bajo la lupa de los acreedores del país y de las calificadoras de riesgo. El bajo crecimiento económico también dificulta cerrar los dos desequilibrios: el fiscal, porque se recauda menos y hay que gastar más, y el externo, porque se requiere contratar más deuda en dólares. La economía también enfrenta el riesgo de un presidente norteamericano que busca reducir las importaciones del resto del mundo y que puede liquidar el tratado de libre comercio con México y Canadá, haciéndonos daño con su política de “America first”.
Así las cosas, uno esperaría que los 22 candidatos que saltaron al ruedo para ser presidentes de la República tuvieran buenos análisis de la preocupante situación y programas listos para enfrentar tantos problemas; mostrar así que el país les cabe en la cabeza. Pero no. Sólo Jorge Robledo defiende el nacionalismo propio con la política de “Colombia first”, mientras Vargas Lleras ha prometido que quitará el cuatro por mil a las transacciones financieras y que acabará con el impuesto al patrimonio que, en su momento, fue muy progresivo.
Vargas Lleras no está enterado de que ese mismo impuesto al patrimonio se acaba este año y que la tasa del impuesto a la renta de las empresas está programado por ley para reducirse del 39 % actual al 32 % en 2019, que él pretende bajar ya a 30 %. La consecuencia de reducir impuestos irresponsablemente será aumentar el déficit fiscal en suficiente cuantía para perder la buena calificación que mantenemos, precipitar una fuga de capitales y otras desgracias en las que pocos candidatos han querido pensar y menos solventar.
La economía colombiana atraviesa un momento difícil que el nuevo gobierno que se inaugure en agosto de 2018 deberá enfrentar. El crecimiento es muy bajo, los desequilibrios macroeconómicos profundos y los acreedores del país nos examinan con preocupación.
La economía crecerá en 2017 alrededor del 1,6 % y las perspectivas para el 2018 son un poco mejores, cuando se podrá superar un 2 %. La inversión en infraestructura se ha visto lesionada por los escándalos de Odebrecht, que han empañado la supuesta lucha contra la corrupción de Germán Vargas Lleras. La mejor perspectiva surge de un mayor crecimiento de la economía global y de aumentos de los precios del petróleo y del carbón, pero el resto de las exportaciones manufactureras y agrícolas no han respondido a la fuerte devaluación experimentada desde 2015.
Las malas políticas de la administración Santos han producido déficits tanto del Gobierno como de las cuentas externas del país. La reforma tributaria sólo le sumó tres puntos al IVA, lo que frenó el poco crecimiento que llevábamos; aun así, el faltante del Gobierno ronda 3,7 % del PIB, unos $32 billones. El Congreso no aprobó el impuesto a la renta de las personas naturales que son los dueños de las empresas, impidiendo solventar el desequilibrio fiscal.
El déficit en cuenta corriente con el resto del mundo está en 3,8 % del PIB y es un reflejo de la falta de ahorro, tanto del Gobierno como del sector privado. Es inaudito que la prolongada bonanza externa que vivimos fuera acompañada de un endeudamiento externo enorme (el del Gobierno alcanza hoy US$140.000 millones), en vez de financiar el déficit público con impuestos.
Un indicador del desequilibrio es la relación entre la deuda externa y los ingresos de la cuenta corriente: en 2010 era de 120 %, en 2016 fue de 230 % y la proyección optimista para 2017 es de 213 %, lo cual nos pone bajo la lupa de los acreedores del país y de las calificadoras de riesgo. El bajo crecimiento económico también dificulta cerrar los dos desequilibrios: el fiscal, porque se recauda menos y hay que gastar más, y el externo, porque se requiere contratar más deuda en dólares. La economía también enfrenta el riesgo de un presidente norteamericano que busca reducir las importaciones del resto del mundo y que puede liquidar el tratado de libre comercio con México y Canadá, haciéndonos daño con su política de “America first”.
Así las cosas, uno esperaría que los 22 candidatos que saltaron al ruedo para ser presidentes de la República tuvieran buenos análisis de la preocupante situación y programas listos para enfrentar tantos problemas; mostrar así que el país les cabe en la cabeza. Pero no. Sólo Jorge Robledo defiende el nacionalismo propio con la política de “Colombia first”, mientras Vargas Lleras ha prometido que quitará el cuatro por mil a las transacciones financieras y que acabará con el impuesto al patrimonio que, en su momento, fue muy progresivo.
Vargas Lleras no está enterado de que ese mismo impuesto al patrimonio se acaba este año y que la tasa del impuesto a la renta de las empresas está programado por ley para reducirse del 39 % actual al 32 % en 2019, que él pretende bajar ya a 30 %. La consecuencia de reducir impuestos irresponsablemente será aumentar el déficit fiscal en suficiente cuantía para perder la buena calificación que mantenemos, precipitar una fuga de capitales y otras desgracias en las que pocos candidatos han querido pensar y menos solventar.