La implosión se define como la ruptura hacia adentro de las paredes de un recinto o cavidad. Es paradójico que, con tantas enemistades, el gobierno de Gustavo Petro explote desde dentro. En efecto, la salida intempestiva de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda se debe a actuaciones y relaciones indebidas del ahora exfuncionario que quedaron al descubierto por la asesora del exministro, María Alejandra Benavides. Se trató de algo normal en política: un intercambio de votos de congresistas a favor de las propuestas del gobierno a cambio de contratos para sus allegados, lo que no constituye delito.
Bonilla era monitor del Departamento de Economía de la Universidad Nacional en 1972, cuando fue destituido por el gobierno de Misael Pastrana, junto con un grupo de profesores que incluían a Antonio García y a mi persona. Esto lo llevó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde culminó sus estudios. Todos pudimos retornar a la Universidad Nacional en 1975, bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen. Bonilla volvió como instructor.
En días pasados, Bonilla fue señalado de autorizar desembolsos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, institución que no tiene restricciones de gasto. Eso ocurrió después de que se conociera la malversación de casi $47.000 millones en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira, que beneficiaron a los funcionarios Olmedo López y a Sneyder Pinilla. La Guajira sigue con sed y la corrupción continúa rampante, a pesar del gobierno del cambio.
El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, fue nombrado en reemplazo de Bonilla. Guevara es ingeniero, además de ser doctor en economía de la Universidad Nacional de Colombia. Es seguidor de la Teoría Monetaria Moderna (TMM) que es una corriente esotérica de pensamiento que sostiene que los Estados que emiten su propia moneda no tienen restricciones presupuestarias. Igualmente, considera que los déficits públicos son permisibles y no deben alarmar por sus efectos inflacionarios. Es cierto que la oferta monetaria por sí sola no provoca inflación, pero el exceso de demanda que surge de un gasto público abundante, combinado con laxitud monetaria (bajas tasas de interés y abundante crédito), que alimente la demanda privada, ciertamente sí lo hacen.
Afortunadamente, Colombia cuenta con un banco central independiente en cuya junta directiva hay una mayoría de codirectores y un gerente que vigilan que la emisión monetaria no lubrique una demanda agregada excesiva. El Banco de la República hace una política de inflación objetivo que es contra-cíclica: eleva su tasa de interés con que le presta al sistema financiero si percibe presiones inflacionarias y la reduce si la economía desfallece. Los déficits públicos pueden ser convenientes en tiempos de vacas flacas, pero perjudiciales cuando la economía se está expandiendo con demasiada fuerza.
Se proyecta que la economía colombiana crecerá entre 1,6 y 1,8 % en 2024, tras dos años de bajo crecimiento que difícilmente podrán revertirse durante los veinte meses que le restan a Petro en el poder. La salida de Ricardo Bonilla enreda la capacidad del gobierno para impulsar su gasto y el crecimiento. Se necesita de la confianza de los agentes económicos, que no se gana a punta de sombrerazos que lanza el presidente contra sus presuntos opositores. Sin embargo, esa confianza es necesaria para que se desaten “los espíritus animales” (la frase es de Keynes) de los empresarios, que son los que acometen la inversión en maquinaria, construcciones y la contratación de más obreros y administradores. Afortunadamente, hay una mejora en las condiciones económicas externas desde mediados de año que auguran un crecimiento más vigoroso de la economía colombiana en 2025.
A largo plazo, la situación luce compleja para las economías de los países productores de petróleo por la revolución que estimula la difusión de los carros eléctricos, la cual afectará negativamente el consumo y la demanda de combustible. Se trata de una mala noticia para un país como Colombia, cuyos ingresos externos son aportados en su mayoría por sus exportaciones de petróleo, cuyos precios se derrumbarán progresiva, pero seguramente.
La implosión se define como la ruptura hacia adentro de las paredes de un recinto o cavidad. Es paradójico que, con tantas enemistades, el gobierno de Gustavo Petro explote desde dentro. En efecto, la salida intempestiva de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda se debe a actuaciones y relaciones indebidas del ahora exfuncionario que quedaron al descubierto por la asesora del exministro, María Alejandra Benavides. Se trató de algo normal en política: un intercambio de votos de congresistas a favor de las propuestas del gobierno a cambio de contratos para sus allegados, lo que no constituye delito.
Bonilla era monitor del Departamento de Economía de la Universidad Nacional en 1972, cuando fue destituido por el gobierno de Misael Pastrana, junto con un grupo de profesores que incluían a Antonio García y a mi persona. Esto lo llevó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde culminó sus estudios. Todos pudimos retornar a la Universidad Nacional en 1975, bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen. Bonilla volvió como instructor.
En días pasados, Bonilla fue señalado de autorizar desembolsos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, institución que no tiene restricciones de gasto. Eso ocurrió después de que se conociera la malversación de casi $47.000 millones en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira, que beneficiaron a los funcionarios Olmedo López y a Sneyder Pinilla. La Guajira sigue con sed y la corrupción continúa rampante, a pesar del gobierno del cambio.
El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, fue nombrado en reemplazo de Bonilla. Guevara es ingeniero, además de ser doctor en economía de la Universidad Nacional de Colombia. Es seguidor de la Teoría Monetaria Moderna (TMM) que es una corriente esotérica de pensamiento que sostiene que los Estados que emiten su propia moneda no tienen restricciones presupuestarias. Igualmente, considera que los déficits públicos son permisibles y no deben alarmar por sus efectos inflacionarios. Es cierto que la oferta monetaria por sí sola no provoca inflación, pero el exceso de demanda que surge de un gasto público abundante, combinado con laxitud monetaria (bajas tasas de interés y abundante crédito), que alimente la demanda privada, ciertamente sí lo hacen.
Afortunadamente, Colombia cuenta con un banco central independiente en cuya junta directiva hay una mayoría de codirectores y un gerente que vigilan que la emisión monetaria no lubrique una demanda agregada excesiva. El Banco de la República hace una política de inflación objetivo que es contra-cíclica: eleva su tasa de interés con que le presta al sistema financiero si percibe presiones inflacionarias y la reduce si la economía desfallece. Los déficits públicos pueden ser convenientes en tiempos de vacas flacas, pero perjudiciales cuando la economía se está expandiendo con demasiada fuerza.
Se proyecta que la economía colombiana crecerá entre 1,6 y 1,8 % en 2024, tras dos años de bajo crecimiento que difícilmente podrán revertirse durante los veinte meses que le restan a Petro en el poder. La salida de Ricardo Bonilla enreda la capacidad del gobierno para impulsar su gasto y el crecimiento. Se necesita de la confianza de los agentes económicos, que no se gana a punta de sombrerazos que lanza el presidente contra sus presuntos opositores. Sin embargo, esa confianza es necesaria para que se desaten “los espíritus animales” (la frase es de Keynes) de los empresarios, que son los que acometen la inversión en maquinaria, construcciones y la contratación de más obreros y administradores. Afortunadamente, hay una mejora en las condiciones económicas externas desde mediados de año que auguran un crecimiento más vigoroso de la economía colombiana en 2025.
A largo plazo, la situación luce compleja para las economías de los países productores de petróleo por la revolución que estimula la difusión de los carros eléctricos, la cual afectará negativamente el consumo y la demanda de combustible. Se trata de una mala noticia para un país como Colombia, cuyos ingresos externos son aportados en su mayoría por sus exportaciones de petróleo, cuyos precios se derrumbarán progresiva, pero seguramente.