La corrupción en Colombia también tiene una raíz cultural. Se trata de la cultura del avivato y del desacato de las normas, en tanto no nos convengan. Los pocos casos de condenas por corrupción siempre se excusan como persecución política. La cultura de la viveza es parte de la herencia colonial, pero se ha fortalecido mucho en tiempos recientes con la captura mafiosa de partes del Estado y el surgimiento del clientelismo mercantil. El recurso a las economías ilegales del narcotráfico y de la minería potencian esta cultura, mientras que hay muchos que encubiertos en la informalidad no pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social.
La corrupción brota cuando funcionarios o políticos cuentan con poder de monopolio sobre contratos y nóminas, pueden decidir discrecionalmente el costo de sus intervenciones y es débil su rendición de cuentas. La opacidad es una condición necesaria para la reproducción de la corrupción, pero también lo es la ausencia de condenas judiciales y de sanción moral que pueden ejercer la opinión pública, los medios de comunicación y, sobre todo, los partidos políticos que, por el contrario, encubren los crímenes de sus asociados.
Los puntos críticos de la corrupción en el país, para el estudio de Dejusticia, son la ausencia de regulación de los partidos, que pueden hacer una sistemática vulneración de las normas electorales y del financiamiento ilegal de sus campañas a través del Consejo Nacional Electoral. Otro punto débil es el Consejo Nacional del Servicio Civil, que permite el nombramiento sin requisitos de la mayor parte de las posiciones de las nóminas nacionales y regionales.
La conjura de la contratación, mediante pliegos sastre diseñados a la medida de los beneficiarios y de los financistas de las campañas políticas, ha tornado la licitación pública en una burla de la competencia. Eso explica que una parte sustancial de la contratación se vaya en pagar a los corruptos y que la calidad de la obra pública y de los servicios subcontratados sea deplorable. No es accidental que nuestra infraestructura sea tan pobre y que haya costado mucho más que la de otros países vecinos, donde es de excelente calidad.
Los entes de control tienden a actuar en forma mediática, condenando en público a los inocentes y dejando en la sombra a los culpables; ellos mismos son resultado de intercambios políticos que protegen a los corruptos; no se distinguen por su profesionalismo y menos por su eficiencia. El nombramiento de estos funcionarios lo debe hacer el poder ejecutivo sin transacciones con los partidos políticos ni el Congreso y mediante selección meritocrática.
Otras medidas necesarias para combatir la corrupción saltan a la vista: cortar el vínculo entre intereses privados y públicos en la financiación de las campañas, asumiéndola el gobierno, pero a la vez establecer un cuerpo de aforados independientes que constituya un nuevo Consejo Electoral que juzgue y condene la corrupción.
El informe de Dejusticia pide “identificar las reformas legales necesarias para que los partidos políticos asuman un compromiso mayor en la lucha anticorrupción, en especial a la hora de otorgar los avales para los candidatos de las elecciones locales y departamentales”.
Pero se requiere de una voluntad política con la que no cuenta la mayor parte de los partidos clientelistas, voluntad que sí puede surgir de un frente de centro-izquierda contra la corrupción en las próximas elecciones.
La corrupción en Colombia también tiene una raíz cultural. Se trata de la cultura del avivato y del desacato de las normas, en tanto no nos convengan. Los pocos casos de condenas por corrupción siempre se excusan como persecución política. La cultura de la viveza es parte de la herencia colonial, pero se ha fortalecido mucho en tiempos recientes con la captura mafiosa de partes del Estado y el surgimiento del clientelismo mercantil. El recurso a las economías ilegales del narcotráfico y de la minería potencian esta cultura, mientras que hay muchos que encubiertos en la informalidad no pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social.
La corrupción brota cuando funcionarios o políticos cuentan con poder de monopolio sobre contratos y nóminas, pueden decidir discrecionalmente el costo de sus intervenciones y es débil su rendición de cuentas. La opacidad es una condición necesaria para la reproducción de la corrupción, pero también lo es la ausencia de condenas judiciales y de sanción moral que pueden ejercer la opinión pública, los medios de comunicación y, sobre todo, los partidos políticos que, por el contrario, encubren los crímenes de sus asociados.
Los puntos críticos de la corrupción en el país, para el estudio de Dejusticia, son la ausencia de regulación de los partidos, que pueden hacer una sistemática vulneración de las normas electorales y del financiamiento ilegal de sus campañas a través del Consejo Nacional Electoral. Otro punto débil es el Consejo Nacional del Servicio Civil, que permite el nombramiento sin requisitos de la mayor parte de las posiciones de las nóminas nacionales y regionales.
La conjura de la contratación, mediante pliegos sastre diseñados a la medida de los beneficiarios y de los financistas de las campañas políticas, ha tornado la licitación pública en una burla de la competencia. Eso explica que una parte sustancial de la contratación se vaya en pagar a los corruptos y que la calidad de la obra pública y de los servicios subcontratados sea deplorable. No es accidental que nuestra infraestructura sea tan pobre y que haya costado mucho más que la de otros países vecinos, donde es de excelente calidad.
Los entes de control tienden a actuar en forma mediática, condenando en público a los inocentes y dejando en la sombra a los culpables; ellos mismos son resultado de intercambios políticos que protegen a los corruptos; no se distinguen por su profesionalismo y menos por su eficiencia. El nombramiento de estos funcionarios lo debe hacer el poder ejecutivo sin transacciones con los partidos políticos ni el Congreso y mediante selección meritocrática.
Otras medidas necesarias para combatir la corrupción saltan a la vista: cortar el vínculo entre intereses privados y públicos en la financiación de las campañas, asumiéndola el gobierno, pero a la vez establecer un cuerpo de aforados independientes que constituya un nuevo Consejo Electoral que juzgue y condene la corrupción.
El informe de Dejusticia pide “identificar las reformas legales necesarias para que los partidos políticos asuman un compromiso mayor en la lucha anticorrupción, en especial a la hora de otorgar los avales para los candidatos de las elecciones locales y departamentales”.
Pero se requiere de una voluntad política con la que no cuenta la mayor parte de los partidos clientelistas, voluntad que sí puede surgir de un frente de centro-izquierda contra la corrupción en las próximas elecciones.