El alza de los precios en Colombia continúa preocupando a todos sus habitantes. En agosto pasado el índice marcó 11,4 % y la “inflación básica” o subyacente (que excluye los artículos de precios más volátiles) estuvo por encima del 10 %. Eso significa que la inflación es muy persistente: las proyecciones de varios centros de pensamiento señalan que la meta se alcanzará en uno o dos años. No obstante, una extraña coalición de los dos gremios más importantes del país —la ANDI, que congrega a industriales, y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras— junto con el ministro de Hacienda presionaron al Banco de la República para que suavizara su política contra el flagelo inflacionario.
Se trata de una presión indebida de intereses particulares contra una política que busca favorecer el interés general, una medicina amarga pero necesaria para enrumbar la inflación hacia la meta-rango del 2 % al 4 %. Es, además, contraproducente porque la Junta Directiva del Emisor se verá obligada a demostrar su independencia frente al acoso público de gremios y Gobierno.
La tasa de referencia del banco central está en 13,25 % y debe mantenerse en ese nivel hasta que se reduzcan las presiones sobre el nivel de precios. Doblegarse ante las presiones gremiales daría una señal nefasta a los mercados y derrotaría la política de la autoridad monetaria, que se vería despojada de su independencia y, por tanto, de su credibilidad.
La inflación que nos agobia tiene muchas causas: la guerra de Rusia en Ucrania encareció el trigo y la cebada, que se trasladan al pan y a la cerveza; el fenómeno de El Niño disparó el precio de los alimentos hasta en un 28 % en agosto; mientras que el alza del salario mínimo por encima de la meta de inflación, un alza generosa del 16 % contra una meta del 3 %, terminó siendo un tiro en el pie. Algunos aducen que hay un exceso de demanda en la economía, que no parece canalizarse hacia el crecimiento —que será menor del 2 %—, pero sí hacia la inflación. En todo caso, los analistas esperan que al final de año la inflación entre al rango de un dígito, pero más cerca del 9 % que de una cifra menor.
El crecimiento de la economía durante el primer semestre de 2023 alcanzó el 1,7 %, el cual contrasta con un aumento de la población del 1 % y refleja una leve mejora en el ingreso real de la gente, sin considerar la aguda concentración del ingreso que existe en Colombia. El crecimiento promedio de la economía nacional en el largo plazo es del orden del 4 % anual, lo cual nos dice que no vamos del todo bien.
Queda pendiente el impacto que pueda tener el alza de la gasolina en el nivel de precios. Hasta el momento, el incremento ha sido de $4.000 desde octubre pasado, para llegar a $13.735 por galón en agosto, pero debe alcanzar $16.000 para que el Gobierno deje de subsidiar el consumo, un subsidio que beneficia más a los propietarios de autos que a los usuarios del transporte público.
La solución más justa y sana es que los usuarios paguen el costo del combustible y no que sea subsidiado con recursos que salen del presupuesto nacional, alimentado por los impuestos que pagamos todos. Ya existe un subsidio de transporte que asumen los patrones en beneficio de los trabajadores. Es una mala idea, además de injusta, que el transporte sea gratuito y lo paguen los consumidores de energía eléctrica, sin importar si son usuarios o no del transporte público.
El alza de los precios en Colombia continúa preocupando a todos sus habitantes. En agosto pasado el índice marcó 11,4 % y la “inflación básica” o subyacente (que excluye los artículos de precios más volátiles) estuvo por encima del 10 %. Eso significa que la inflación es muy persistente: las proyecciones de varios centros de pensamiento señalan que la meta se alcanzará en uno o dos años. No obstante, una extraña coalición de los dos gremios más importantes del país —la ANDI, que congrega a industriales, y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras— junto con el ministro de Hacienda presionaron al Banco de la República para que suavizara su política contra el flagelo inflacionario.
Se trata de una presión indebida de intereses particulares contra una política que busca favorecer el interés general, una medicina amarga pero necesaria para enrumbar la inflación hacia la meta-rango del 2 % al 4 %. Es, además, contraproducente porque la Junta Directiva del Emisor se verá obligada a demostrar su independencia frente al acoso público de gremios y Gobierno.
La tasa de referencia del banco central está en 13,25 % y debe mantenerse en ese nivel hasta que se reduzcan las presiones sobre el nivel de precios. Doblegarse ante las presiones gremiales daría una señal nefasta a los mercados y derrotaría la política de la autoridad monetaria, que se vería despojada de su independencia y, por tanto, de su credibilidad.
La inflación que nos agobia tiene muchas causas: la guerra de Rusia en Ucrania encareció el trigo y la cebada, que se trasladan al pan y a la cerveza; el fenómeno de El Niño disparó el precio de los alimentos hasta en un 28 % en agosto; mientras que el alza del salario mínimo por encima de la meta de inflación, un alza generosa del 16 % contra una meta del 3 %, terminó siendo un tiro en el pie. Algunos aducen que hay un exceso de demanda en la economía, que no parece canalizarse hacia el crecimiento —que será menor del 2 %—, pero sí hacia la inflación. En todo caso, los analistas esperan que al final de año la inflación entre al rango de un dígito, pero más cerca del 9 % que de una cifra menor.
El crecimiento de la economía durante el primer semestre de 2023 alcanzó el 1,7 %, el cual contrasta con un aumento de la población del 1 % y refleja una leve mejora en el ingreso real de la gente, sin considerar la aguda concentración del ingreso que existe en Colombia. El crecimiento promedio de la economía nacional en el largo plazo es del orden del 4 % anual, lo cual nos dice que no vamos del todo bien.
Queda pendiente el impacto que pueda tener el alza de la gasolina en el nivel de precios. Hasta el momento, el incremento ha sido de $4.000 desde octubre pasado, para llegar a $13.735 por galón en agosto, pero debe alcanzar $16.000 para que el Gobierno deje de subsidiar el consumo, un subsidio que beneficia más a los propietarios de autos que a los usuarios del transporte público.
La solución más justa y sana es que los usuarios paguen el costo del combustible y no que sea subsidiado con recursos que salen del presupuesto nacional, alimentado por los impuestos que pagamos todos. Ya existe un subsidio de transporte que asumen los patrones en beneficio de los trabajadores. Es una mala idea, además de injusta, que el transporte sea gratuito y lo paguen los consumidores de energía eléctrica, sin importar si son usuarios o no del transporte público.