La declaración de renta del expresidente Álvaro Uribe es una radiografía del país. Informa de su distribución de la riqueza, de la escasa disposición de sus propietarios a contribuir al financiamiento del Estado que usufructúan o aportar los impuestos prediales que requieren los municipios para prosperar.
El patrimonio declarado por Uribe es de $12.300 millones, representados en cuentas bancarias y varios lotes cerca de Montería y en San Carlos (Córdoba), a 36 kilómetros de la capital. Alguna vez el hoy senador me corrigió para afirmar que El Ubérrimo (su finca en las afueras de Montería) tenía 1.500 hectáreas de extensión. El valor catastral de esta propiedad es de $8.600 millones, lo que representaría unos $5,73 millones por hectárea. Busqué en las ofertas de tierras en las afueras de la ciudad y se piden entre $100 y $110 millones por hectárea, porque son urbanizables. Considerando que la finca de Uribe está dotada de riego y drenaje pagados por los contribuyentes, posiblemente valga más que un lote pelado. Allí hay entonces una subvaluación de más de 17 veces el valor comercial de la hacienda, que debería estar más bien alrededor de los $165.000 millones.
Si existiera reforma agraria en Colombia, la hacienda podría repartirse y albergar sin problemas a 300 familias campesinas, cada una con un lote de cinco hectáreas. No sabemos la extensión de sus tierras en San Carlos, pero sí que son menos valiosas que las que conforman El Ubérrimo.
El índice de concentración Gini de tierras en Colombia es de 0,91, uno de los más altos del mundo, que se concreta en la gran propiedad que ostenta el exmandatario frente a los minifundios campesinos.
Los ingresos que deben generar las propiedades del expresidente los clasifica como “no constitutivos de renta”, que es la forma legal de eludir impuestos al fisco sin tener que declarar de dónde provienen. Dice generar $1.216 millones en este renglón que, si obedecen a los ingresos de sus haciendas, diría que su productividad es muy baja, arrojando un rendimiento de menos del 1 % anual de su valor de mercado. Lo anterior nos lleva al segundo punto: la concentración de la tierra lleva aparejada su mala utilización, tierras potencialmente agrícolas empleadas en el pastoreo de ganado que además reciben riego.
El impuesto de renta que le correspondió pagar al expresidente fue de $84 millones, el de patrimonio alcanzó $94 millones y el predial fue de $30,5 millones. Un ciudadano que tiene un patrimonio superior a $150.000 millones le paga al Gobierno central solo $178 millones de impuestos, reflejando que los que más tienen menos dan para financiar al Estado, que por eso mismo es enclenque. La renta presuntiva (3,5 % del patrimonio) serían $5.775 millones y el coeficiente tributario de Uribe sería del 3,1 %.
Si el predial se pagara sobre el 60 % del valor comercial de la propiedad y con una tasa del seis por mil, Uribe le hubiera debido pagar a Montería $594 millones (20 veces lo que pagó) y algo menos a San Carlos, lo que explica también la extrema pobreza del municipio colombiano, que no tiene recursos para construir vías terciarias, desarrollar obras de riego para todos ni mejorar la calidad de la educación que imparten sus colegios.
En fin, la declaración de renta de Álvaro Uribe Vélez sugiere las causas de una Colombia muy desigual, atrasada en el desarrollo de sus fuerzas productivas y con un Estado débil, que no puede ejercer siquiera el control efectivo sobre el territorio.
La declaración de renta del expresidente Álvaro Uribe es una radiografía del país. Informa de su distribución de la riqueza, de la escasa disposición de sus propietarios a contribuir al financiamiento del Estado que usufructúan o aportar los impuestos prediales que requieren los municipios para prosperar.
El patrimonio declarado por Uribe es de $12.300 millones, representados en cuentas bancarias y varios lotes cerca de Montería y en San Carlos (Córdoba), a 36 kilómetros de la capital. Alguna vez el hoy senador me corrigió para afirmar que El Ubérrimo (su finca en las afueras de Montería) tenía 1.500 hectáreas de extensión. El valor catastral de esta propiedad es de $8.600 millones, lo que representaría unos $5,73 millones por hectárea. Busqué en las ofertas de tierras en las afueras de la ciudad y se piden entre $100 y $110 millones por hectárea, porque son urbanizables. Considerando que la finca de Uribe está dotada de riego y drenaje pagados por los contribuyentes, posiblemente valga más que un lote pelado. Allí hay entonces una subvaluación de más de 17 veces el valor comercial de la hacienda, que debería estar más bien alrededor de los $165.000 millones.
Si existiera reforma agraria en Colombia, la hacienda podría repartirse y albergar sin problemas a 300 familias campesinas, cada una con un lote de cinco hectáreas. No sabemos la extensión de sus tierras en San Carlos, pero sí que son menos valiosas que las que conforman El Ubérrimo.
El índice de concentración Gini de tierras en Colombia es de 0,91, uno de los más altos del mundo, que se concreta en la gran propiedad que ostenta el exmandatario frente a los minifundios campesinos.
Los ingresos que deben generar las propiedades del expresidente los clasifica como “no constitutivos de renta”, que es la forma legal de eludir impuestos al fisco sin tener que declarar de dónde provienen. Dice generar $1.216 millones en este renglón que, si obedecen a los ingresos de sus haciendas, diría que su productividad es muy baja, arrojando un rendimiento de menos del 1 % anual de su valor de mercado. Lo anterior nos lleva al segundo punto: la concentración de la tierra lleva aparejada su mala utilización, tierras potencialmente agrícolas empleadas en el pastoreo de ganado que además reciben riego.
El impuesto de renta que le correspondió pagar al expresidente fue de $84 millones, el de patrimonio alcanzó $94 millones y el predial fue de $30,5 millones. Un ciudadano que tiene un patrimonio superior a $150.000 millones le paga al Gobierno central solo $178 millones de impuestos, reflejando que los que más tienen menos dan para financiar al Estado, que por eso mismo es enclenque. La renta presuntiva (3,5 % del patrimonio) serían $5.775 millones y el coeficiente tributario de Uribe sería del 3,1 %.
Si el predial se pagara sobre el 60 % del valor comercial de la propiedad y con una tasa del seis por mil, Uribe le hubiera debido pagar a Montería $594 millones (20 veces lo que pagó) y algo menos a San Carlos, lo que explica también la extrema pobreza del municipio colombiano, que no tiene recursos para construir vías terciarias, desarrollar obras de riego para todos ni mejorar la calidad de la educación que imparten sus colegios.
En fin, la declaración de renta de Álvaro Uribe Vélez sugiere las causas de una Colombia muy desigual, atrasada en el desarrollo de sus fuerzas productivas y con un Estado débil, que no puede ejercer siquiera el control efectivo sobre el territorio.