La venganza de las regiones

La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) augura una grave crisis fiscal. En la actualidad el SGP transfiere a departamentos y municipios un monto cercano al 24 % de los ingresos corrientes de la Nación. La propuesta aumentaría esta participación al 46,5 %, en un período de 10 años, lo que perjudicaría menos a los casi dos años que le resta a la administración Petro. Las administraciones posteriores se verán forzadas a implementar recortes brutales y/o nuevas reformas tributarias para financiar los recursos que irían a las regiones.

La distribución de los recursos de SGP actualmente le destina el 58,5 % al sector educativo, la participación para el sector salud corresponde al 24,5 % y la participación de propósito general corresponde al 17 %. La nueva repartición no ha sido discutida, pero lo cierto es que los niveles municipal y departamental contarán con tal abundancia de plata que incentivará el desperdicio en proyectos faraónicos y obras suntuarias.

Es cierto que estamos en un país muy centralista y que es necesario y conveniente debilitar las finanzas centrales para fortalecer las regionales. Sin embargo, lo que se propone hoy pondría en riesgo las funciones básicas de seguridad del Estado central –policía, ejército, armada, justicia– que hoy en día son insuficientes frente a las necesidades de garantizar el orden público. Por lo demás, no se discute cuales funciones asignadas hoy al gobierno central van a ser asumidas por los gobiernos regionales y a que van a destinar los nuevos recursos.

El tanque de pensamiento Fedesarrollo estima que “como consecuencia, en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían al 8,4 % del PIB, lo que representaría un incremento del 65% respecto al escenario base”. Hoy en día el Gobierno recauda cerca del 16 % del producto interno (PIB) del país; en adelante, la administración central deberá aumentar impuestos y otros ingresos hasta superar el 24 % del PIB.

Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “un aumento del 65 % en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.

Ahora bien: piénsese que todas las reformas tributarias del pasado han logrado aumentar el recaudo en alrededor del 1 % del PIB y ahora se requerirá un aumento ocho veces superior, algo que los exhaustos contribuyentes van a resistir de manera activa con manifestaciones públicas y acciones judiciales. Es difícil imaginar que los distintos gobiernos del futuro logren aprobar varias reformas tributarias para alcanzar las ambiciosas metas de los congresistas.

Los gobiernos regionales han sido atrofiados a todo lo largo de la historia moderna del país desde la constitución de 1886, pero ahora van a recibir como maná del cielo ingentes recursos de la Nación. No van a tener que hacer esfuerzos de su parte para aumentar los recaudos de impuestos locales, como los prediales. Se trata de incentivos perversos que impiden que los gobiernos locales logren autonomía y combinen sus propios esfuerzos con las trasferencias que reciben del nivel central. Se incentiva la pereza fiscal de los niveles locales y departamentales, los primeros de los cuales han logrado recaudar buenos ingresos, mientras los segundos están sumidos en la penuria.

Fedesarrollo advierte que “desde una perspectiva fiscal, este incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, llevando el déficit al 6,4 % del PIB en 2036, comparado con el 3,1 % del PIB en el escenario base. Como resultado, la deuda del gobierno superaría el límite del 71 % del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenaría una crisis fiscal. Esta situación aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”.

El director de Fedesarrollo reconoció la importancia de fortalecer la autonomía territorial, pero sugirió ajustar el proyecto para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5 %. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023″. Que no nos pase que “la ambición rompa el saco”.