Las élites del país pagan pocos impuestos. El recaudo que hace el Gobierno central alcanza el 14 % del PIB, un monto insuficiente para atender las necesidades básicas de la sociedad: ya sea control territorial efectivo, seguridad ciudadana, educación, provisión de justicia y salud, todas reflejan un profundo déficit de Estado. La ley tributaria no es el problema, pero sí lo es el gran número de exenciones, beneficios y deducciones que favorecen a personas naturales y jurídicas. Estos alcanzaron $72,3 billones en 2016, equivalentes al 8,4 % del PIB y al 62 % del recaudo. Si se eliminaran, la tributación alcanzaría el 22 % del PIB, con lo cual se comenzaría a subsanar el déficit de bienes públicos (ver blog de Francisco Azuero).
El monto más importante de lo que deja de cobrar el Estado son las rentas exentas de personas naturales, que ocupan casi el 60 % del total y tienen que ver fundamentalmente con los dividendos abonados a los dueños de las empresas. Colombia sigue siendo un país donde predominan las sociedades limitadas y familiares y no las sociedades anónimas abiertas que recogen capital en los mercados: se trata de un capitalismo familista, que a duras penas desarrolla las fuerzas productivas del país. El incentivo tributario mantiene este tipo de estructura atrasada que reparte todas sus utilidades en cabeza de los dueños, porque no tributan sobre ellas.
Las exenciones de las empresas representan el 40 % restante e incluyen la deducción por la compra de activos fijos y otras deducciones que resultan superfluas en los casos de la inversión en petróleo y minas. Con el auge en los precios de las materias primas a partir de 2003 era perfectamente irracional ofrecer más gabelas a los inversionistas, además de las zonas francas unipersonales que usufructuaron empresas que no cumplían con ningún fin social, pero esa fue la política de confianza desplegada por las dos administraciones Uribe. Las zonas francas pagaban una tarifa de 15 % de renta, frente al 34 % de las empresas no beneficiadas con el regalo. La reforma tributaria de 2016 fue tímida, pues subió un poco la tarifa del 20 %, pero las eximió del pago de parafiscales.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina, según la Cepal. Medida por la concentración en el 1 % superior de la escala de los números tributarios, este apropia el 21,6 % del ingreso. En las mediciones de desigualdad se suele comparar la que existe antes de impuestos y gasto público y la que resulta de la intervención del Estado. En los países más desarrollados y democráticos, el Gini de mercado es corregido sustancialmente por la tributación que se les impone a los más ricos y el gasto de esos recursos en las necesidades de los más pobres. En Colombia, el Gini de ingresos es 0,55 y después de impuestos y gasto social queda en 0,54. Una de las razones para que así sea es la importancia que han alcanzado los impuestos indirectos (IVA, impuesto a la gasolina, arancel a los bienes de consumo) que ya son más de la mitad del recaudo tributario.
Otra fuente tradicional de desigualdad es la concentración de la tierra, que alcanza un Gini de 0,91, con dos agravantes: sus dueños pagan pocos impuestos y están subexplotadas, con el 70 % en barbecho.
Nuestro sistema tributario hace que rentas iguales paguen distinto y muy poco, que se mantenga una estructura productiva obsoleta y que los recursos sean asignados a actividades improductivas.
Las élites del país pagan pocos impuestos. El recaudo que hace el Gobierno central alcanza el 14 % del PIB, un monto insuficiente para atender las necesidades básicas de la sociedad: ya sea control territorial efectivo, seguridad ciudadana, educación, provisión de justicia y salud, todas reflejan un profundo déficit de Estado. La ley tributaria no es el problema, pero sí lo es el gran número de exenciones, beneficios y deducciones que favorecen a personas naturales y jurídicas. Estos alcanzaron $72,3 billones en 2016, equivalentes al 8,4 % del PIB y al 62 % del recaudo. Si se eliminaran, la tributación alcanzaría el 22 % del PIB, con lo cual se comenzaría a subsanar el déficit de bienes públicos (ver blog de Francisco Azuero).
El monto más importante de lo que deja de cobrar el Estado son las rentas exentas de personas naturales, que ocupan casi el 60 % del total y tienen que ver fundamentalmente con los dividendos abonados a los dueños de las empresas. Colombia sigue siendo un país donde predominan las sociedades limitadas y familiares y no las sociedades anónimas abiertas que recogen capital en los mercados: se trata de un capitalismo familista, que a duras penas desarrolla las fuerzas productivas del país. El incentivo tributario mantiene este tipo de estructura atrasada que reparte todas sus utilidades en cabeza de los dueños, porque no tributan sobre ellas.
Las exenciones de las empresas representan el 40 % restante e incluyen la deducción por la compra de activos fijos y otras deducciones que resultan superfluas en los casos de la inversión en petróleo y minas. Con el auge en los precios de las materias primas a partir de 2003 era perfectamente irracional ofrecer más gabelas a los inversionistas, además de las zonas francas unipersonales que usufructuaron empresas que no cumplían con ningún fin social, pero esa fue la política de confianza desplegada por las dos administraciones Uribe. Las zonas francas pagaban una tarifa de 15 % de renta, frente al 34 % de las empresas no beneficiadas con el regalo. La reforma tributaria de 2016 fue tímida, pues subió un poco la tarifa del 20 %, pero las eximió del pago de parafiscales.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina, según la Cepal. Medida por la concentración en el 1 % superior de la escala de los números tributarios, este apropia el 21,6 % del ingreso. En las mediciones de desigualdad se suele comparar la que existe antes de impuestos y gasto público y la que resulta de la intervención del Estado. En los países más desarrollados y democráticos, el Gini de mercado es corregido sustancialmente por la tributación que se les impone a los más ricos y el gasto de esos recursos en las necesidades de los más pobres. En Colombia, el Gini de ingresos es 0,55 y después de impuestos y gasto social queda en 0,54. Una de las razones para que así sea es la importancia que han alcanzado los impuestos indirectos (IVA, impuesto a la gasolina, arancel a los bienes de consumo) que ya son más de la mitad del recaudo tributario.
Otra fuente tradicional de desigualdad es la concentración de la tierra, que alcanza un Gini de 0,91, con dos agravantes: sus dueños pagan pocos impuestos y están subexplotadas, con el 70 % en barbecho.
Nuestro sistema tributario hace que rentas iguales paguen distinto y muy poco, que se mantenga una estructura productiva obsoleta y que los recursos sean asignados a actividades improductivas.