Las propuestas de la Misión Electoral

La reacción de los entes judiciales, electorales y de control frente a las propuestas de la misión surgida de los acuerdos de La Habana ha sido negativa. Eso no debe sorprender pues todos hacen parte de un sistema electoral disfuncional, que no cuenta con un sistema jurídico especializado que regule y vigile las elecciones, no sólo de los políticos sino también de funcionarios como procurador, fiscal y contralor. Asimismo, es notorio el enorme poder que despliegan estos funcionarios, del que han abusado de manera tan descarada en el pasado y que podría ser moderado por una corte electoral independiente que actúe rápida y eficazmente.

Es frecuente que en cada elección se inscriban candidatos que han sido delincuentes que han perdido sus derechos políticos o que tienen cuentas pendientes con la justicia, no sólo en La Guajira o en Sucre, sino en el Valle, en Cundinamarca o el Distrito Capital. La Registraduría, por ejemplo, no determina si un candidato está inhabilitado para participar en las elecciones y sólo organiza los comicios, a veces de manera parcializada y fraudulenta; también sin ningún control judicial efectivo.

Algunos políticos elegidos terminan destituidos sólo cuando les falta unos pocos meses para culminar sus mandatos o, como el procurador Ordóñez, cuando habían causado enorme daño institucional a todo el sistema de justicia. Según el magistrado Alberto Yepes, una corte especializada podría fallar “antes de que las personas se posesionen y no cuando están ejerciendo sus cargos”. Aplicaría algo similar para las elecciones de fiscal, procurador y contralor, en las que se han manifestado frecuentes conflictos de interés que deben descalificar a los aspirantes.

Sí sorprende que el procurador, Fernando Carrillo, se oponga a las reformas propuestas por la comisión. A él le ha correspondido enmendar los destrozos que le legó Alejandro Ordóñez en materia de condenas sin fórmula de juicio a funcionarios que fueran de izquierda o que no se avinieran a su ideología ultracatólica. Es inherentemente injusto que un ente de control pueda ser segunda instancia de una decisión que pudo ser tomada en forma arbitraria. El poder del procurador sólo puede ser balanceado por las tardías decisiones del Consejo de Estado que terminaron por exonerar a funcionarios como Alonso Salazar, y parcialmente a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro, tres o cuatro años más tarde.

Le ha tocado también a Carrillo una nueva Procuraduría empacada de funcionarios devotos, pero incompetentes, porque la carrera administrativa puede ser ignorada por estos nuevos inquisidores, supuestos mosqueteros. Bajo el nuevo esquema, la Procuraduría acusaría y la Corte Electoral juzgaría bajo los estándares internacionales de justicia y de derecho a la defensa.

La Fiscalía y la Contraloría también se han empoderado demasiado, lo que les permite hacer linchamientos mediáticos para probar su supuesta eficiencia y probidad en cada escándalo que estalla en el país; ellos terminan por condenar a chivos expiatorios sin expurgar la corrupción que se reproduce por doquier.

La corte propuesta por la Misión Electoral podría garantizar de mejor manera la estabilidad y la legitimidad de las elecciones, tanto de políticos como de funcionarios que ejercen las delicadas funciones de control; nivelaría además el campo de competencia electoral para la oposición. Conduciría a la sociedad colombiana por el camino de la civilización.