La tribulación es “congoja, pena, tormento o aflicción moral”, nos dice el Diccionario de la Real Academia. El tributo, por su parte, tiene el sentido de vasallaje, sometimiento a la autoridad; a nadie le gusta aportarlo y menos a los que avasallan a los demás.
La reforma tributaria diseñada por el ministro José Antonio Ocampo pretende eliminar muchos beneficios injustificados, resultados de influencias políticas y compadrazgos y de la inercia propia de la legislatura. Entre estos se cuenta la exención por 30 años del impuesto de renta a los hoteles que se construyan o remodelen, muchos de estos propiedad de cadenas internacionales como Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Ibis (filial del grupo Accor) y los Dann que son nacionales.
Se acaban también las preferencias para la llamada economía naranja, favorecida por un caprichito del expresidente Duque y que puede abarcar demasiadas actividades que no le aportan mucho a la sociedad. También se van beneficios mantenidos por 37 años a las transacciones inmobiliarias en la región de Armero, recuperada hace más de 20 años de su tragedia. Los cafeteros por fin van a tributar lo que les corresponde: se les acaba un descuento del 40 % de su renta líquida que se les abonaba por su “aporte” al empleo de sus jornaleros.
Adicionalmente, las empresas ya no podrán descontar en sus declaraciones de renta las contribuciones que hacen a sus empleados para fondos mutuos de inversión ni para las administradoras de fondos de pensiones (AFP), afectando a los grupos de Sarmiento Angulo y a Sura: no hay razón para subsidiar con fondos públicos a patronos y empleados. Esos fondos pueden ir en dirección contraria a apoyar sectores más desprotegidos.
Así hay cientos de beneficios tributarios que aplican a sectores particulares y estos se han sentido ofendidos al verlos amenazados, pero esa es una de las razones por las cuales el recaudo tributario en el país es tan raquítico, de solo 14,7 % del PIB en 2021. Compárese con el promedio latinoamericano que es de 20 %, el de Estados Unidos que es de 25,5 % y el de España que supera el 37 % del PIB, o sea que se volvieron serios al unirse a la Comunidad Europea de Naciones.
Una polémica propuesta de la reforma es la de los impuestos saludables que buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados por contribuir a enfermedades como la diabetes y a condiciones de obesidad. Los defensores de su consumo, los grandes ingenios azucareros, aducen que los pobres coman lo que más les gusta, sin importarles que aumente la morbilidad entre ellos. El encarecimiento de tales productos hiere el bolsillo popular, pero es, como dirían las mamás, por su propio bien.
En el carnaval de exenciones tributarias destacaban las devengadas por las actividades financieras y de seguros, que solicitaron en 2021 rentas exentas por un total de $7 billones, y por las empresas de energía y gas, por casi $5 billones, sectores que son muy rentables y no tienen por qué ser favorecidos con fondos que salen del presupuesto nacional. La DIAN explicó que en ese año las rentas exentas concedidas a empresas privadas tuvieron un costo fiscal de $6,7 billones, dinero que hubiera podido servir para atender necesidades sociales urgentes.
Las tribulaciones de la reforma arrecian con todos los intereses afectados luchando por mantener sus privilegios.
La tribulación es “congoja, pena, tormento o aflicción moral”, nos dice el Diccionario de la Real Academia. El tributo, por su parte, tiene el sentido de vasallaje, sometimiento a la autoridad; a nadie le gusta aportarlo y menos a los que avasallan a los demás.
La reforma tributaria diseñada por el ministro José Antonio Ocampo pretende eliminar muchos beneficios injustificados, resultados de influencias políticas y compadrazgos y de la inercia propia de la legislatura. Entre estos se cuenta la exención por 30 años del impuesto de renta a los hoteles que se construyan o remodelen, muchos de estos propiedad de cadenas internacionales como Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Ibis (filial del grupo Accor) y los Dann que son nacionales.
Se acaban también las preferencias para la llamada economía naranja, favorecida por un caprichito del expresidente Duque y que puede abarcar demasiadas actividades que no le aportan mucho a la sociedad. También se van beneficios mantenidos por 37 años a las transacciones inmobiliarias en la región de Armero, recuperada hace más de 20 años de su tragedia. Los cafeteros por fin van a tributar lo que les corresponde: se les acaba un descuento del 40 % de su renta líquida que se les abonaba por su “aporte” al empleo de sus jornaleros.
Adicionalmente, las empresas ya no podrán descontar en sus declaraciones de renta las contribuciones que hacen a sus empleados para fondos mutuos de inversión ni para las administradoras de fondos de pensiones (AFP), afectando a los grupos de Sarmiento Angulo y a Sura: no hay razón para subsidiar con fondos públicos a patronos y empleados. Esos fondos pueden ir en dirección contraria a apoyar sectores más desprotegidos.
Así hay cientos de beneficios tributarios que aplican a sectores particulares y estos se han sentido ofendidos al verlos amenazados, pero esa es una de las razones por las cuales el recaudo tributario en el país es tan raquítico, de solo 14,7 % del PIB en 2021. Compárese con el promedio latinoamericano que es de 20 %, el de Estados Unidos que es de 25,5 % y el de España que supera el 37 % del PIB, o sea que se volvieron serios al unirse a la Comunidad Europea de Naciones.
Una polémica propuesta de la reforma es la de los impuestos saludables que buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados por contribuir a enfermedades como la diabetes y a condiciones de obesidad. Los defensores de su consumo, los grandes ingenios azucareros, aducen que los pobres coman lo que más les gusta, sin importarles que aumente la morbilidad entre ellos. El encarecimiento de tales productos hiere el bolsillo popular, pero es, como dirían las mamás, por su propio bien.
En el carnaval de exenciones tributarias destacaban las devengadas por las actividades financieras y de seguros, que solicitaron en 2021 rentas exentas por un total de $7 billones, y por las empresas de energía y gas, por casi $5 billones, sectores que son muy rentables y no tienen por qué ser favorecidos con fondos que salen del presupuesto nacional. La DIAN explicó que en ese año las rentas exentas concedidas a empresas privadas tuvieron un costo fiscal de $6,7 billones, dinero que hubiera podido servir para atender necesidades sociales urgentes.
Las tribulaciones de la reforma arrecian con todos los intereses afectados luchando por mantener sus privilegios.