El reciente veto del gobierno Uribe-Duque a la designación de Frank Pearl como presidente de Asocaña demuestra que las rentas que capturan los azucareros dependen de acciones del Estado. Esa fue la razón de la inmediata sumisión del gremio a la voluntad estatal, sin importar el irracional revanchismo del partido de gobierno con todos los que tuvieron algo que ver con el proceso de paz de Juan Manuel Santos.
Las rentas creadas por la política pública se originan en dos frentes: primero, la manipulación de los precios que ejerce el gremio mediante el llamado FEPA (Fondo de Estabilización de los Precios del Azúcar) y la restricción a la competencia internacional mediante aranceles y prohibiciones de importar azúcar de precio más bajo que el fijado por el gremio y el Gobierno. Segundo, la captura de Ministerio de Minas y Energía que administra los precios que Ecopetrol paga por el etanol derivado del azúcar que se le mezcla a la gasolina: el precio abonado es entre dos y tres veces el precio internacional. Para ello, obstaculizan las importaciones de etanol brasileño e incluso del estadounidense acordado en el TLC firmado con ese país.
En 2019 el precio del azúcar refinado en el mercado internacional (Londres No. 5) fue 63 % inferior al del azúcar blanco que los ingenios colombianos venden a los mayoristas, diferencia que está incluso subvalorada porque su procesamiento es inferior. De todos los países que consumen azúcar de caña, solo la India tiene un precio mayor al de Colombia, a pesar de que según Asocaña somos el país más productivo del mundo en el cultivo. Descontando los costos de transporte y sustrayendo la utilidad del mayorista y el IVA, el subsidio que entregan los consumidores colombianos a los productores alcanzó $1,1 billones en 2019.
El FEPA, que cuenta con representación del Gobierno, supuestamente para proteger a los ciudadanos del abuso de los ingenios, fija el precio doméstico y un tope de comercialización interna para evitar que haya sobreoferta que afecte el precio. Los excedentes se exportan con un subsidio financiado por el abusivo precio interno que llaman cesión.
El etanol es otro producto subsidiado por los usuarios del transporte a gasolina, que se mezcla con un 10 % del biocombustible. El precio internacional del etanol estuvo en US$1,40 durante 2019 o sea $4.800, pero el Minenergía les reconoció $8.800 a los ingenios, con una diferencia que les arrojó un subsidio de más de medio billón de pesos, salidos de los bolsillos de los usuarios del transporte público y privado. Cuando se pensaba que les podía faltar capacidad refinadora a los ingenios, Ecopetrol se metió a construir un elefante blanco llamado Bioenergy en los Llanos Orientales, que acaba de declararse en bancarrota.
Se permitieron por un tiempo algunas importaciones de etanol estadounidense que llegaba más barato a los puertos de la costa Caribe y aliviaba el precio de la gasolina, pero se suspendieron por tres meses hasta principios de julio. Se decidió además imponer medidas compensatorias en la forma de derechos específicos que corresponden a un arancel de 13,2 %, a pesar del TLC firmado con ese país.
Ahora el Congreso tiene la oportunidad de legislar un impuesto saludable al azúcar, cuyo consumo no es solo adictivo, sino que produce obesidad y diabetes. Sería bueno cuestionar en ese foro los cuantiosos subsidios otorgados a estos empresarios por el Estado, que terminamos pagando todos los ciudadanos.
El reciente veto del gobierno Uribe-Duque a la designación de Frank Pearl como presidente de Asocaña demuestra que las rentas que capturan los azucareros dependen de acciones del Estado. Esa fue la razón de la inmediata sumisión del gremio a la voluntad estatal, sin importar el irracional revanchismo del partido de gobierno con todos los que tuvieron algo que ver con el proceso de paz de Juan Manuel Santos.
Las rentas creadas por la política pública se originan en dos frentes: primero, la manipulación de los precios que ejerce el gremio mediante el llamado FEPA (Fondo de Estabilización de los Precios del Azúcar) y la restricción a la competencia internacional mediante aranceles y prohibiciones de importar azúcar de precio más bajo que el fijado por el gremio y el Gobierno. Segundo, la captura de Ministerio de Minas y Energía que administra los precios que Ecopetrol paga por el etanol derivado del azúcar que se le mezcla a la gasolina: el precio abonado es entre dos y tres veces el precio internacional. Para ello, obstaculizan las importaciones de etanol brasileño e incluso del estadounidense acordado en el TLC firmado con ese país.
En 2019 el precio del azúcar refinado en el mercado internacional (Londres No. 5) fue 63 % inferior al del azúcar blanco que los ingenios colombianos venden a los mayoristas, diferencia que está incluso subvalorada porque su procesamiento es inferior. De todos los países que consumen azúcar de caña, solo la India tiene un precio mayor al de Colombia, a pesar de que según Asocaña somos el país más productivo del mundo en el cultivo. Descontando los costos de transporte y sustrayendo la utilidad del mayorista y el IVA, el subsidio que entregan los consumidores colombianos a los productores alcanzó $1,1 billones en 2019.
El FEPA, que cuenta con representación del Gobierno, supuestamente para proteger a los ciudadanos del abuso de los ingenios, fija el precio doméstico y un tope de comercialización interna para evitar que haya sobreoferta que afecte el precio. Los excedentes se exportan con un subsidio financiado por el abusivo precio interno que llaman cesión.
El etanol es otro producto subsidiado por los usuarios del transporte a gasolina, que se mezcla con un 10 % del biocombustible. El precio internacional del etanol estuvo en US$1,40 durante 2019 o sea $4.800, pero el Minenergía les reconoció $8.800 a los ingenios, con una diferencia que les arrojó un subsidio de más de medio billón de pesos, salidos de los bolsillos de los usuarios del transporte público y privado. Cuando se pensaba que les podía faltar capacidad refinadora a los ingenios, Ecopetrol se metió a construir un elefante blanco llamado Bioenergy en los Llanos Orientales, que acaba de declararse en bancarrota.
Se permitieron por un tiempo algunas importaciones de etanol estadounidense que llegaba más barato a los puertos de la costa Caribe y aliviaba el precio de la gasolina, pero se suspendieron por tres meses hasta principios de julio. Se decidió además imponer medidas compensatorias en la forma de derechos específicos que corresponden a un arancel de 13,2 %, a pesar del TLC firmado con ese país.
Ahora el Congreso tiene la oportunidad de legislar un impuesto saludable al azúcar, cuyo consumo no es solo adictivo, sino que produce obesidad y diabetes. Sería bueno cuestionar en ese foro los cuantiosos subsidios otorgados a estos empresarios por el Estado, que terminamos pagando todos los ciudadanos.