Los programas de los candidatos liberales

La diferencia fundamental entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle en sus programas económicos está en el grado de intervención que debe desplegar el Estado en la economía. Para el primero, a juzgar por sus asesores Amylkar Acosta, Mauricio Cabrera y Jorge Iván González, hay una inclinación por el liberalismo social, por la heterodoxia económica a favor de políticas tanto fiscales como monetarias más expansivas en coyunturas como las actuales, asumiendo mayores riesgos macroeconómicos. Pretenden fomentar el desarrollo de algunos sectores particulares.

En los diez mandamientos promulgados por Cristo sólo hay dos con alusiones a la economía: “buscar cambios sociales y económicos para que Colombia crezca” y “darás autonomía y fortalecerás las regiones de Colombia”. Ambos son bastante generales y faltarían los detalles, pero le preocupa el poco crecimiento que ha tenido Colombia durante los últimos tres años y que las perspectivas no sean las mejores. Solo falta que nombre a sus 12 apóstoles para ejecutar sus mandamientos.

Humberto de la Calle cuenta con Rudolf Hommes y Marcela Meléndez como asesores principales y se inclinan más hacia el liberalismo económico. Se trata de un programa muy elaborado, del cual sólo puedo resaltar algunos puntos. Se proponen “construir una sociedad en la que todos tengamos (…) las mismas oportunidades de progreso, sin distinción por el lugar en el que hayamos nacido, por la educación de nuestros padres o por el color de nuestra piel: un país donde quepamos todos”. “La acción del Estado es urgente (…) para sanar las finanzas públicas y (…) poner a la economía en una nueva senda de crecimiento”. Este es el reto más inmediato que debe enfrentar el próximo gobierno.

Propone una reforma tributaria estructural que cuente con tarifas más bajas para las empresas, pero eliminando todas las exenciones que reducen tanto el recaudo en la actualidad. Debe estar acompañada de impuestos a las personas naturales, sobre todo a los más ricos, que tributan muy poco, al tiempo que se amplía la base del IVA, lo cual permitiría reducir la tarifa al 16 %. Estará complementada con una reforma progresiva del impuesto predial y obviamente con una actualización del catastro que le den vida al municipio y que lo conviertan en agente fundamental del desarrollo rural. Les falta una propuesta para darle vida también al departamento, que siempre ha sido un ente atrofiado.

El gasto del gobierno debe concentrarse en la provisión de bienes públicos —educación y salud de calidad, investigación en ciencia y tecnología, infraestructuras, catastro moderno— que profundicen el desarrollo, pero entienden que el clientelismo imposibilita esta tarea. No creen que los subsidios constituyan una buena política, pues crean dependencia. Volcarán recursos sobre las universidades públicas que han sido marchitadas por varios gobiernos. Consideran que “la productividad es la base del crecimiento económico y el capital humano es determinante de la productividad”.

Buscan “concentrar los recursos y priorizar la inversión en la creación de tres grandes centros de innovación tecnológica con vocación sectorial, para impulsar sectores en los que tenemos ventajas comparativas, en los que confluyan recursos públicos y privados”. Por último, propondrán una reforma a las regalías que incentive las regiones para que sean más receptivas a la explotación de sus recursos naturales.