Varios analistas y el exministro de Hacienda Guillermo Perry han señalado que el ministro Carrasquilla está falseando la contabilidad de las cuentas públicas para sacar pecho: no solo hace que está cumpliendo la meta de déficit del 2,7 % del PIB, establecida en la regla fiscal, sino que la está sobrecumpliendo al 2,4 %. Intenta confundir a la opinión pública y a los mercados de los que depende el flujo de inversión extranjera hacia el país y de los acreedores del Gobierno y empresas nacionales.
El truco es aplicar los ingresos por la venta de activos (Isagén ya vendido, parte de Ecopetrol y de Isa, entre otros) como si fueran ingresos corrientes que obviamente no lo son, pues no pueden reproducirse. Una definición de ingreso corriente es “cantidad de dinero que se recibe en un período determinado, sin modificación de los activos y pasivos”. La venta del activo incluso reducirá los dividendos que generaría la parte del capital público vendido, o sea reducirá los ingresos corrientes del año siguiente. De acuerdo con la lógica económica, un gobierno puede salir de un activo no muy rentable en términos sociales y adquirir otro que lo sea más, pero no derrocharlo en gasto corriente. En un hogar no se debe vender la nevera para hacer mercado.
Se trata de una política aventurera e irresponsable. El portal Bloomberg, el más importante del mundo financiero, tituló la noticia sobre la trampa así: “Colombia acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr las metas fiscales”. Se corre el riesgo de que las calificadoras de riesgo le reduzcan la nota al país, que está a punto de perder su grado de inversión; con ello, la balanza de capital se puede tornar negativa, generando una devaluación indeseable de la tasa de cambio que puede incluso producir una recesión, cuando la economía no está lejos de estancarse.
En vez de hacer la tarea bien, que es aumentar urgentemente el recaudo tributario, incluso a punta de sobretasas para no entrar en discusiones imbricadas en el Congreso, Carrasquilla optó por maquillar la contabilidad del fisco. Toda la política económica del Centro Democrático ha sido rebajar impuestos, aun a costa de la estabilidad macroeconómica del país y saliendo de activos estratégicos que son la riqueza acumulada por el Estado durante muchas décadas.
Es una política cuestionable y puede ser interpretada de la siguiente manera: el Gobierno devuelve impuestos a los más ricos, fondos con los que adquieren activos públicos o sea que se los regala, aunque también puede beneficiar al capital extranjero. La reducción de los ingresos tributarios obliga a un recorte fuerte del gasto público; algo que es difícil, dada la inflexibilidad del presupuesto. El único rubro flexible es el de la inversión pública, que en 2020 se proyecta en 4 % del PIB, uno de los más bajos coeficientes de los últimos años, lo cual significa que no se podrán completar las carreteras 4G de la era Santos y menos contar con los recursos para encarar emergencias climáticas y de otro tipo. Se tiene que aumentar al mismo tiempo la deuda pública, que alcanza hoy 55 % del PIB, aunque el Gobierno miente al decir que se va a reducir hacia futuro.
La penuria del Gobierno es extrema, pero ello no le ha impedido asumir precipitadamente la deuda de la quebrada Odebrecht con seis bancos (cuatro del grupo Aval, socio en el contrato de la Ruta del Sol), que logró mediante corrupción probada judicialmente, por $1,3 billones.
Varios analistas y el exministro de Hacienda Guillermo Perry han señalado que el ministro Carrasquilla está falseando la contabilidad de las cuentas públicas para sacar pecho: no solo hace que está cumpliendo la meta de déficit del 2,7 % del PIB, establecida en la regla fiscal, sino que la está sobrecumpliendo al 2,4 %. Intenta confundir a la opinión pública y a los mercados de los que depende el flujo de inversión extranjera hacia el país y de los acreedores del Gobierno y empresas nacionales.
El truco es aplicar los ingresos por la venta de activos (Isagén ya vendido, parte de Ecopetrol y de Isa, entre otros) como si fueran ingresos corrientes que obviamente no lo son, pues no pueden reproducirse. Una definición de ingreso corriente es “cantidad de dinero que se recibe en un período determinado, sin modificación de los activos y pasivos”. La venta del activo incluso reducirá los dividendos que generaría la parte del capital público vendido, o sea reducirá los ingresos corrientes del año siguiente. De acuerdo con la lógica económica, un gobierno puede salir de un activo no muy rentable en términos sociales y adquirir otro que lo sea más, pero no derrocharlo en gasto corriente. En un hogar no se debe vender la nevera para hacer mercado.
Se trata de una política aventurera e irresponsable. El portal Bloomberg, el más importante del mundo financiero, tituló la noticia sobre la trampa así: “Colombia acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr las metas fiscales”. Se corre el riesgo de que las calificadoras de riesgo le reduzcan la nota al país, que está a punto de perder su grado de inversión; con ello, la balanza de capital se puede tornar negativa, generando una devaluación indeseable de la tasa de cambio que puede incluso producir una recesión, cuando la economía no está lejos de estancarse.
En vez de hacer la tarea bien, que es aumentar urgentemente el recaudo tributario, incluso a punta de sobretasas para no entrar en discusiones imbricadas en el Congreso, Carrasquilla optó por maquillar la contabilidad del fisco. Toda la política económica del Centro Democrático ha sido rebajar impuestos, aun a costa de la estabilidad macroeconómica del país y saliendo de activos estratégicos que son la riqueza acumulada por el Estado durante muchas décadas.
Es una política cuestionable y puede ser interpretada de la siguiente manera: el Gobierno devuelve impuestos a los más ricos, fondos con los que adquieren activos públicos o sea que se los regala, aunque también puede beneficiar al capital extranjero. La reducción de los ingresos tributarios obliga a un recorte fuerte del gasto público; algo que es difícil, dada la inflexibilidad del presupuesto. El único rubro flexible es el de la inversión pública, que en 2020 se proyecta en 4 % del PIB, uno de los más bajos coeficientes de los últimos años, lo cual significa que no se podrán completar las carreteras 4G de la era Santos y menos contar con los recursos para encarar emergencias climáticas y de otro tipo. Se tiene que aumentar al mismo tiempo la deuda pública, que alcanza hoy 55 % del PIB, aunque el Gobierno miente al decir que se va a reducir hacia futuro.
La penuria del Gobierno es extrema, pero ello no le ha impedido asumir precipitadamente la deuda de la quebrada Odebrecht con seis bancos (cuatro del grupo Aval, socio en el contrato de la Ruta del Sol), que logró mediante corrupción probada judicialmente, por $1,3 billones.