Mezquindad fiscal y monetaria

El anuncio del Gobierno el pasado 7 de mayo de asumir parte de las nóminas de todas las empresas por tres meses ($5,7 billones), aumentar las ayudas a Familias en Acción ($0,7 billones), Jóvenes en Acción ($0,2 billones) y hacer una devolución adicional del IVA a familias pobres ($0,05 billones) pareció magnánimo. Sin embargo, el total alcanza el 0,67 % del PIB, algo menos que lo que dijo gastar en su primer paquete de emergencia. Son sumas irrisorias que ayudan un tris a subsanar la destrucción de empleo, la pérdida de ingreso de los trabajadores informales y la quiebra de empresas causadas por la crisis que nos azota. Hay que anotarle al Gobierno que dejó de insistir en otorgar créditos para apoyar el empleo de empresas que no estaban produciendo ni podían endeudarse y los sustituyó por subsidios directos al empleo, desafortunadamente insuficientes.

Obviamente, la sociedad colombiana es pobre y así mismo es débil el poder de su Estado, agravado por su reticencia a gravar a sus ricos, así que no podemos esperar que pueda subsanar todos los problemas que enfrentamos. Si nos comparamos con Perú, que tiene un ingreso por habitante menor que el nuestro, su gobierno está dispuesto a movilizar 12 % de su PIB para enfrentar la crisis, sacando de sus ahorros, de sus reservas internacionales y de préstamos de su banco central, obviamente con posteriores aumentos de impuestos a quienes puedan pagarlos. Incluso el gobierno de Chile, que solía ser el faro de la ortodoxia que nos guiaba, está movilizando muchos más recursos de lo que nuestra tímida tecnocracia se atreve a emplear. El señor Trump tiene autorización para gastarse el 15 % del PIB estadounidense para la recuperación de la economía.

En el terreno monetario la situación es parecida. El Banco de la República redujo su tasa de referencia al 3,25 %, a pesar de que la inflación va a estar por debajo de su meta y la pérdida de producto podrá alcanzar hasta el 7 % este año, según el gerente del banco. No les importa que las tasas de interés de los créditos a los consumidores estén por las nubes, no existe el microcrédito institucional (más sí la usura) y solo está baja la tasa del crédito preferencial para las grandes empresas. Claro que ayudaría mucho reducir su tasa de referencia tres puntos.

Se puede hacer la odiosa comparación, de nuevo, con los países de la Alianza del Pacífico, que revela que las tasas de interés de los bancos centrales de Chile y del Perú están en 0,5 % y 0,25 % respectivamente. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene una tasa de 0 %, con lo cual facilita el endeudamiento del gobierno y les está prestando directamente a las empresas. Acá, la Constitución le prohíbe al Banco de la República prestarle directamente al público, Constitución pensada en tiempos de euforia ortodoxa. El Emisor redujo el encaje de los bancos, pero el Gobierno los obligó a invertir esos fondos, $9 billones, en títulos de solidaridad con tasa de interés de 4 % y vencimiento a un año. La vuelta le cuesta $360.000 millones al fisco y reduce las defensas del sistema financiero en caso de corridas de depósitos.

Algo igualmente perturbador es que el préstamo del FMI contraído por el Gobierno por $44 billones debe mantenerse en las reservas internacionales, para supuestamente generarle más confianza al país, en vez de gastarse en las necesidades urgentes que enfrenta la sociedad. Con todo, hay que abonar las altas tasas de interés que surgen del “riesgo país”.