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El reconocimiento del gobierno del gran desajuste fiscal producido por sus regalos tributarios de 2019 y la pandemia de 2020 lo obligó a aumentar elrecaudo en 2,5% del PIB. Recuérdese que Carrasquilla había dicho que se necesitaban $15 billones y ahora aumentó a $25 billones. Eso está bien. Lo que no está bien es como se distribuye entre pobres y ricos.
El impuesto de renta deberá aportar $17 billones adicionales a lo que se paga actualmente, pasándole la cuchilla a los que ganen más de $2,5 millones mensuales; antes calificaban los que ganaran más de $3,2 millones. La clase media baja deberá aportar $35.000 mensuales al fisco, lo que es una barbaridad. Así mismo, se elevarán las tarifas y se permitirá una sola exención del 35% sobre los ingresos de la clase media. Se gravarán las pensiones que superen $7 millones mensuales que el efectista Duque llamó mega pensiones.
El impuesto al patrimonio que se cobraba ocasionalmente ahora se hace permanente, algo que me parece justo, pero se anuncia una tarifa del 3 % que es excesiva para aquellos invertidos en renta fija o finca raíz que no alcanzan a rentar 6 % anual. La inflación promedio en Colombia es de 3 %, de tal modo que el fisco se queda con toda la rentabilidad real de los activos, mientras los fondos de pensiones se quedan con el 4 % anual. El impuesto a los dividendos se aumenta del 10 al 15 %, pero no parece afectar los ingresos de los dueños de las sociedades limitadas. Así mismo, siguen con una tarifa especial las empresas en zonas francas, incluyendo las unipersonales, que pagan la mitad de lo que se les cobra a las empresas con que compiten. Esta es una vieja y costosa gabela concedida por Álvaro Uribe a sus amigos. Ahora insiste en gravar a empleados y pensionados, pero eso sí, pueden pagar en cómodas cuotas periódicas.
El gobierno espera recaudar $10,5 billones adicionales por IVA. Dejó solo dos tarifas de 0 % y 19 %, quedando eliminada la de 5 % que les hacía pasito a los consumidores, lo que significa que el azúcar, el café y el chocolate, entre otros, se van a recargar fuertemente. De los $10,5 billones que intenta recaudar, el gobierno devolverá solo $1,5 billones a 4,7 millones de hogares. Algunos bienes básicos estarán exentos de este odioso impuesto, pero no todos. Por ejemplo, medicina prepagada y los créditos de vivienda van a estar sometidos al IVA del 19 %. Lo peor es el gravamen a los concentrados y fármacos que afectarán el costo del pollo y del cerdo, haciendo aumentar sus precios entre 14 % y 17 %. Así, muchos hogares se verán forzados a reducir su consumo de proteína. Carrasquilla se comprometió a devolverles el IVA a los más pobres, pero no es claro cómo los van a encontrar en las periferias tuguriales de las ciudades y menos en las lejanías del campo colombiano.
El gobierno aduce que todos estos sacrificios son para favorecer a los 500.000 pobres que recibirán el subsidio a la seguridad social más el ingreso solidario por $7,6 billones, pero no dice que son para comprar aviones de combate por $1,5 billones. Una de las formas de financiar este gasto será enmiserar a los funcionarios públicos, quienes verán congelados sus salarios por cinco años o sea les robarán el 15 % de sus ingresos reales. Falta que el Congreso le lime las aristas más empobrecedoras, arbitrarias y expropiatorias de la nueva reforma tributaria que proponen el Centro (anti)Democrático y Duque.