El Gobierno de Iván Duque anunció planes para reanudar la aspersión aérea con el herbicida conocido como Paraquat en los Estados Unidos. Un estudio riguroso de Adriana Camacho y Daniel Mejía demostró que los efectos de rociar glifosato en 126.000 hectáreas anuales durante una década, con un pico de 172.000 en 2006, durante el Plan Colombia, fueron muy pequeños en la producción de cocaína en el país. Sin embargo, los efectos colaterales fueron negativos: desconfianza y resentimiento de la población afectada contra las instituciones del Estado, daños irreparables a la fauna y al equilibrio ecológico de las regiones fumigadas, y efectos negativos sobre la salud de la población con casos frecuentes de irritaciones cutáneas, enfermedades respiratorias, abortos y fetos malformados.
Los autores calibraron cuidadosamente los efectos que podía tener el uso de químicos en los cultivos de coca con las fechas de las aspersiones y recogieron las historias clínicas en un gran número de casos, para despejar exposiciones al veneno que habían tenido los campesinos en el propio cultivo de la mata de coca. De esta manera, aislaron el impacto que habían tenido las aspersiones hechas por aeronaves sobre la salud de la población campesina.
Recientemente, un jurado en Estados Unidos ordenó que la empresa Bayer debía indemnizar con US$289 millones a un humilde jardinero aquejado por un cáncer que ataca las células de la sangre, conocido como linfoma no Hogdkin. El rigor de la sanción se debió a que la firma conocía desde 1983 que el herbicida era cancerígeno y encubrió el resultado. Hay otros 5.000 juicios pendientes que le podrían costar a la empresa pagos por US$5,000 millones. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el posible efecto cancerígeno del glifosato, algo que sirvió para que el ministro de Salud de la pasada administración, Alejando Gaviria, suspendiera el programa de aspersión aérea del veneno.
No se entiende muy bien por qué los norteamericanos y el gobierno de Duque creen que la estrategia de aspersión aérea, tan costosa y nociva como ineficaz, es preferible a atacar otros eslabones de la cadena del narcotráfico que pueden tener un impacto más fuerte y duradero sobre el negocio. Una razón es que se trata del eslabón más débil de la cadena que en el léxico en inglés se conoce como “soft target”, un blanco fácil, que ofrece menos resistencia y bajas para el Gobierno, aunque incentive la rebelión dentro de los campesinos maltratados. Como lo ha expuesto el propio Mejía en otros trabajos, es más productivo atacar los laboratorios de procesamiento de la cocaína, el transporte del alcaloide y de sus materias primas y, sobre todo, seguir el curso del dinero de los narcos para poder neutralizarlos. En esos eslabones se topan con la corrupción de las fuerzas del orden, de los políticos, bancos y jueces que protegen el negocio aquí y allá.
Una estrategia todavía más inteligente, aunque utópica, sería legalizar el uso y controlar el tráfico de la cocaína, con lo cual desaparecería la enorme renta que se convierte en la serpiente de 1.000 cabezas, tan difícil de erradicar para los gobiernos de todo el mundo. Pero no hay que hacerse ilusiones: el Gobierno conducido por el Centro Democrático buscará la confrontación en general y la guerra contra las drogas en particular para polarizar, lograr apoyo norteamericano y mantenerse en el poder.
El Gobierno de Iván Duque anunció planes para reanudar la aspersión aérea con el herbicida conocido como Paraquat en los Estados Unidos. Un estudio riguroso de Adriana Camacho y Daniel Mejía demostró que los efectos de rociar glifosato en 126.000 hectáreas anuales durante una década, con un pico de 172.000 en 2006, durante el Plan Colombia, fueron muy pequeños en la producción de cocaína en el país. Sin embargo, los efectos colaterales fueron negativos: desconfianza y resentimiento de la población afectada contra las instituciones del Estado, daños irreparables a la fauna y al equilibrio ecológico de las regiones fumigadas, y efectos negativos sobre la salud de la población con casos frecuentes de irritaciones cutáneas, enfermedades respiratorias, abortos y fetos malformados.
Los autores calibraron cuidadosamente los efectos que podía tener el uso de químicos en los cultivos de coca con las fechas de las aspersiones y recogieron las historias clínicas en un gran número de casos, para despejar exposiciones al veneno que habían tenido los campesinos en el propio cultivo de la mata de coca. De esta manera, aislaron el impacto que habían tenido las aspersiones hechas por aeronaves sobre la salud de la población campesina.
Recientemente, un jurado en Estados Unidos ordenó que la empresa Bayer debía indemnizar con US$289 millones a un humilde jardinero aquejado por un cáncer que ataca las células de la sangre, conocido como linfoma no Hogdkin. El rigor de la sanción se debió a que la firma conocía desde 1983 que el herbicida era cancerígeno y encubrió el resultado. Hay otros 5.000 juicios pendientes que le podrían costar a la empresa pagos por US$5,000 millones. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el posible efecto cancerígeno del glifosato, algo que sirvió para que el ministro de Salud de la pasada administración, Alejando Gaviria, suspendiera el programa de aspersión aérea del veneno.
No se entiende muy bien por qué los norteamericanos y el gobierno de Duque creen que la estrategia de aspersión aérea, tan costosa y nociva como ineficaz, es preferible a atacar otros eslabones de la cadena del narcotráfico que pueden tener un impacto más fuerte y duradero sobre el negocio. Una razón es que se trata del eslabón más débil de la cadena que en el léxico en inglés se conoce como “soft target”, un blanco fácil, que ofrece menos resistencia y bajas para el Gobierno, aunque incentive la rebelión dentro de los campesinos maltratados. Como lo ha expuesto el propio Mejía en otros trabajos, es más productivo atacar los laboratorios de procesamiento de la cocaína, el transporte del alcaloide y de sus materias primas y, sobre todo, seguir el curso del dinero de los narcos para poder neutralizarlos. En esos eslabones se topan con la corrupción de las fuerzas del orden, de los políticos, bancos y jueces que protegen el negocio aquí y allá.
Una estrategia todavía más inteligente, aunque utópica, sería legalizar el uso y controlar el tráfico de la cocaína, con lo cual desaparecería la enorme renta que se convierte en la serpiente de 1.000 cabezas, tan difícil de erradicar para los gobiernos de todo el mundo. Pero no hay que hacerse ilusiones: el Gobierno conducido por el Centro Democrático buscará la confrontación en general y la guerra contra las drogas en particular para polarizar, lograr apoyo norteamericano y mantenerse en el poder.