Las promesas de los candidatos de la derecha de reducir impuestos y establecer tarifas planas no son sólo irresponsables, sino también vehículos para aumentar la desigualdad en uno de los países más inequitativos del mundo. Hoy el Gobierno central muestra un déficit de 4 % del PIB ($36 billones), que aumentará con las reducciones de tarifas contempladas en la reforma de 2016 y que deben entrar en vigor en los próximos dos años.
La razón aducida para reducir impuestos es hacer más competitivo a Colombia frente a los regímenes de otros países. Tratar de competir con la reforma que se viene en Estados Unidos, por ejemplo, con una tasa corporativa de sólo 20-22 % es una carrera hacia el fondo que culminará en debilitar la seguridad, la infraestructura y los servicios sociales que presta de manera bastante ineficaz el Estado colombiano en la actualidad. Profundizará la desigualdad que ya es mayor que la del gran coloso del norte; de acuerdo con Juliana Londoño, el 1 % más rico de los colombianos apropia el 21 % del ingreso nacional.
Los gremios gustan de denunciar que las tarifas de impuestos en Colombia son de las más altas del mundo, sumando 64 % de las ganancias que obtienen regularmente. Cuando uno examina medidas de tributación efectiva, como sería dividir el impuesto a la renta que abarca sólo el 7 % del PIB sobre el excedente bruto de explotación (utilidades, intereses y rentas del suelo y de la propiedad), que es del orden del 60 % del PIB, la tasa efectiva es de sólo 12 %. De ese 7 % de impuesto a la renta, sólo el 1 % es aportado por las personas naturales, o sea que los dueños de las empresas a duras penas aportan al fisco, aunque en la reforma mencionada se estableció un impuesto moderado de entre 5 y 10 % de los dividendos repartidos a personas que reciban más de $5.000 millones por año, o sea la módica suma de $417 millones mensuales. Para las sociedades no financieras se ha revelado de acuerdo con su propia contabilidad que la tarifa efectiva es entre 18 y 22 %, algo que se reduce con la reforma de 2016 (Javier Ávila, Jorge Armando Rodríguez, CID, UN, 2017).
Según la Anif, el centro de estudios del grupo financiero Sarmiento Angulo, el recaudo tributario de 2017 arrojará menos de lo proyectado por la reforma tributaria, cuyo gran logro fue elevar el IVA al consumidor de 16 a 19 %, que será sólo 13,7 % del PIB. ¿Las razones? “Las múltiples exenciones tributarias por cuenta de: i) los contratos de estabilidad tributaria; ii) tratamientos especiales en materia de IVA; y iii) la gran perforación que han implicado tratamientos preferenciales a las zonas francas que, en promedio, exportan menos del 10 % de lo que por allí pasa”. Es que la administración Uribe se inventó dos vehículos de elusión masiva de impuestos que fueron las sociedades anónimas simplificadas (SAS) y las zonas francas que ni siquiera requerían tener existencia física, sino que cualquiera podía convertirse en zona franca uniempresarial. Según el propio Gobierno, las exenciones le costaron al fisco 1,2 % del PIB por renta en 2016.
Así, “la errada política de confianza inversionista llevó a extender esos beneficios a toda una serie de empresas… generándose así un verdadero lavado de aranceles e impuestos”. Aunque la reforma de Santos se propuso disminuir tantos beneficios, lo que hizo fue mínimo para contener la tronera de exenciones, perjudicando al país y discriminando contra los asalariados que sí pagamos impuestos.
Las promesas de los candidatos de la derecha de reducir impuestos y establecer tarifas planas no son sólo irresponsables, sino también vehículos para aumentar la desigualdad en uno de los países más inequitativos del mundo. Hoy el Gobierno central muestra un déficit de 4 % del PIB ($36 billones), que aumentará con las reducciones de tarifas contempladas en la reforma de 2016 y que deben entrar en vigor en los próximos dos años.
La razón aducida para reducir impuestos es hacer más competitivo a Colombia frente a los regímenes de otros países. Tratar de competir con la reforma que se viene en Estados Unidos, por ejemplo, con una tasa corporativa de sólo 20-22 % es una carrera hacia el fondo que culminará en debilitar la seguridad, la infraestructura y los servicios sociales que presta de manera bastante ineficaz el Estado colombiano en la actualidad. Profundizará la desigualdad que ya es mayor que la del gran coloso del norte; de acuerdo con Juliana Londoño, el 1 % más rico de los colombianos apropia el 21 % del ingreso nacional.
Los gremios gustan de denunciar que las tarifas de impuestos en Colombia son de las más altas del mundo, sumando 64 % de las ganancias que obtienen regularmente. Cuando uno examina medidas de tributación efectiva, como sería dividir el impuesto a la renta que abarca sólo el 7 % del PIB sobre el excedente bruto de explotación (utilidades, intereses y rentas del suelo y de la propiedad), que es del orden del 60 % del PIB, la tasa efectiva es de sólo 12 %. De ese 7 % de impuesto a la renta, sólo el 1 % es aportado por las personas naturales, o sea que los dueños de las empresas a duras penas aportan al fisco, aunque en la reforma mencionada se estableció un impuesto moderado de entre 5 y 10 % de los dividendos repartidos a personas que reciban más de $5.000 millones por año, o sea la módica suma de $417 millones mensuales. Para las sociedades no financieras se ha revelado de acuerdo con su propia contabilidad que la tarifa efectiva es entre 18 y 22 %, algo que se reduce con la reforma de 2016 (Javier Ávila, Jorge Armando Rodríguez, CID, UN, 2017).
Según la Anif, el centro de estudios del grupo financiero Sarmiento Angulo, el recaudo tributario de 2017 arrojará menos de lo proyectado por la reforma tributaria, cuyo gran logro fue elevar el IVA al consumidor de 16 a 19 %, que será sólo 13,7 % del PIB. ¿Las razones? “Las múltiples exenciones tributarias por cuenta de: i) los contratos de estabilidad tributaria; ii) tratamientos especiales en materia de IVA; y iii) la gran perforación que han implicado tratamientos preferenciales a las zonas francas que, en promedio, exportan menos del 10 % de lo que por allí pasa”. Es que la administración Uribe se inventó dos vehículos de elusión masiva de impuestos que fueron las sociedades anónimas simplificadas (SAS) y las zonas francas que ni siquiera requerían tener existencia física, sino que cualquiera podía convertirse en zona franca uniempresarial. Según el propio Gobierno, las exenciones le costaron al fisco 1,2 % del PIB por renta en 2016.
Así, “la errada política de confianza inversionista llevó a extender esos beneficios a toda una serie de empresas… generándose así un verdadero lavado de aranceles e impuestos”. Aunque la reforma de Santos se propuso disminuir tantos beneficios, lo que hizo fue mínimo para contener la tronera de exenciones, perjudicando al país y discriminando contra los asalariados que sí pagamos impuestos.