Las políticas de Gustavo Petro siembran la incertidumbre y el desorden. No parece existir coordinación ni hay comunicados del Poder Ejecutivo o del consejo de ministros que den señales claras sobre cuál es la orientación del Gobierno. El presidente arrasa y no reorganiza. Destituyó a toda la cúpula y al nivel intermedio tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía, 52 generales en total que deberán ser sustituidos por coroneles que no han tomado los cursos de ascenso y de selección que establecen sus reglamentos. Como decía Eduardo Pizarro Leongómez en un podcast del 3 de abril, se destruyeron 1.000 años de experiencia (52 generales por 20 años) que habían acumulado estos altos oficiales.
La medida pudo buscar la lealtad incondicional de los nuevos generales que nombre, pero no conocemos sus perfiles. Se dice que las fuerzas del orden están desmoralizadas porque los oficiales no cuentan con un futuro cierto para sus carreras profesionales. Todo puede confluir en un deterioro del orden público, empoderamiento de la guerrilla y de organizaciones criminales, aumento de los cultivos ilícitos y surgimiento de nuevas amenazas contra la seguridad ciudadana.
Por su parte, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, teólogo de profesión y persona que cuenta con experiencia en la defensa de derechos humanos, abandera la llamada paz total. A esta no se le ve estudio, preparación ni planeamiento; confunde organizaciones políticas y grupos al margen de la ley que obviamente no pueden recibir tratamientos similares. Es otro ejemplo de la política de Petro que se basa más en consignas ruidosas, que en procesos que requieren de mucha planeación, paciencia y escalamiento para poder ser eficaces.
Fue igualmente caótica la destitución de la mitad del gabinete ministerial, algunos de cuyos miembros eran muy capaces y otros no tanto, para ser sustituidos por personal que muestra más sumisión que méritos para ocupar las altas posiciones del Estado. Petro parece tener una afiliación anarquista a la hora de tomar sus decisiones. Prefiere trabajar con gente que le obedezca y que no discuta ni confronte sus decisiones que a veces son disparatadas e inconvenientes. Algunos politólogos afirman que se está cuajando un régimen bonapartista, caracterizado también como autoritario.
La cereza en el pastel de Petro es el nombramiento de César Ferrari como superintendente financiero. Ferrari tiene el mérito de haber quebrado al Perú cuando era ministro de Hacienda de Alan García, con un récord histórico en la inflación de su país, que alcanzó 1.720 % en 1988. Desprestigiado en el Perú, Ferrari consiguió una posición en una universidad privada de Bogotá, donde hibernó hasta que Petro lo ventiló para que fuera director de Planeación Nacional. Sin embargo, la posición exigía nacionalidad colombiana, así que tuvo que esperar a que se le abriera una nueva ventana de oportunidad.
Hasta ahora las malas decisiones del Ejecutivo y el nombramiento de ministros poco idóneos no han afectado la marcha de la economía. El año pasado el crecimiento económico de Colombia marcó 7,5 %, el segundo más alto de todos los países de la OCDE, y este año se espera que crezca entre 1 y 2 %, en medio de un clima adverso de la economía global. Tenemos una inflación cercana al 13 % y tasas de interés elevadas para combatirla que debilitarán el crecimiento en los tiempos venideros. Quizás del caos surja el orden algún día, pero es improbable.
Las políticas de Gustavo Petro siembran la incertidumbre y el desorden. No parece existir coordinación ni hay comunicados del Poder Ejecutivo o del consejo de ministros que den señales claras sobre cuál es la orientación del Gobierno. El presidente arrasa y no reorganiza. Destituyó a toda la cúpula y al nivel intermedio tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía, 52 generales en total que deberán ser sustituidos por coroneles que no han tomado los cursos de ascenso y de selección que establecen sus reglamentos. Como decía Eduardo Pizarro Leongómez en un podcast del 3 de abril, se destruyeron 1.000 años de experiencia (52 generales por 20 años) que habían acumulado estos altos oficiales.
La medida pudo buscar la lealtad incondicional de los nuevos generales que nombre, pero no conocemos sus perfiles. Se dice que las fuerzas del orden están desmoralizadas porque los oficiales no cuentan con un futuro cierto para sus carreras profesionales. Todo puede confluir en un deterioro del orden público, empoderamiento de la guerrilla y de organizaciones criminales, aumento de los cultivos ilícitos y surgimiento de nuevas amenazas contra la seguridad ciudadana.
Por su parte, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, teólogo de profesión y persona que cuenta con experiencia en la defensa de derechos humanos, abandera la llamada paz total. A esta no se le ve estudio, preparación ni planeamiento; confunde organizaciones políticas y grupos al margen de la ley que obviamente no pueden recibir tratamientos similares. Es otro ejemplo de la política de Petro que se basa más en consignas ruidosas, que en procesos que requieren de mucha planeación, paciencia y escalamiento para poder ser eficaces.
Fue igualmente caótica la destitución de la mitad del gabinete ministerial, algunos de cuyos miembros eran muy capaces y otros no tanto, para ser sustituidos por personal que muestra más sumisión que méritos para ocupar las altas posiciones del Estado. Petro parece tener una afiliación anarquista a la hora de tomar sus decisiones. Prefiere trabajar con gente que le obedezca y que no discuta ni confronte sus decisiones que a veces son disparatadas e inconvenientes. Algunos politólogos afirman que se está cuajando un régimen bonapartista, caracterizado también como autoritario.
La cereza en el pastel de Petro es el nombramiento de César Ferrari como superintendente financiero. Ferrari tiene el mérito de haber quebrado al Perú cuando era ministro de Hacienda de Alan García, con un récord histórico en la inflación de su país, que alcanzó 1.720 % en 1988. Desprestigiado en el Perú, Ferrari consiguió una posición en una universidad privada de Bogotá, donde hibernó hasta que Petro lo ventiló para que fuera director de Planeación Nacional. Sin embargo, la posición exigía nacionalidad colombiana, así que tuvo que esperar a que se le abriera una nueva ventana de oportunidad.
Hasta ahora las malas decisiones del Ejecutivo y el nombramiento de ministros poco idóneos no han afectado la marcha de la economía. El año pasado el crecimiento económico de Colombia marcó 7,5 %, el segundo más alto de todos los países de la OCDE, y este año se espera que crezca entre 1 y 2 %, en medio de un clima adverso de la economía global. Tenemos una inflación cercana al 13 % y tasas de interés elevadas para combatirla que debilitarán el crecimiento en los tiempos venideros. Quizás del caos surja el orden algún día, pero es improbable.