Nunca antes un ministro de Hacienda había codiciado hacerse a la gerencia del Banco de la República. Eso es precisamente lo que busca Alberto Carrasquilla con todo el Gobierno respaldándolo. Para el ministro, la oportunidad es ahora o nunca.
Son muy graves las implicaciones de que el banco central quede en manos del Gobierno: puede abusar de la emisión para financiarse y, aun si no lo hace, pierde su reputación frente a la comunidad internacional. Las calificadoras de riesgo redujeron la nota de Colombia en abril pasado y está a punto de perder el grado de inversión, lo cual elevará los intereses que debemos abonar por una deuda cada vez más gravosa. Las agencias habían percibido de manera crítica que Carrasquilla manipulara la regla fiscal para saltársela y por eso redujeron la calificación de la deuda colombiana a BBB-.
El banco central colombiano solía ser una caja menor de los gobiernos de turno que recurrían a su emisión para financiarse. La Constitución de 1991 limitó esta práctica, que provocó inflaciones de más del 20 % anual durante varias décadas, erosionando los ingresos de la población. A partir de entonces a los gobiernos les correspondió financiarse con impuestos o en los mercados de capital, emitiendo bonos y pagando tasas de interés proporcionales a los riesgos que percibían sus compradores. La inflación se fue reduciendo hasta los bajos niveles actuales, que han sido tan beneficiosos para la estabilidad de precios y para permitir un aumento gradual de los ingresos reales de la población.
La independencia del Banco de la República se cimentó sobre dos principios. El primero de ellos era dotarlo de una junta directiva de cinco miembros de talante académico, de los cuales cada gobierno solo podría nombrar dos. Los codirectores contaban con períodos de cuatro años, renovables hasta por doce años. El segundo, dar a la junta saliente el poder de nombrar al gerente del emisor, de tal modo que había una mayoría que no le debía su nombramiento al Gobierno. Se aseguraba así la independencia del gerente, quien es el funcionario más poderoso del banco.
Con la reelección presidencial se comenzó a deteriorar la independencia del banco, sobre todo durante los dos períodos de Álvaro Uribe, quien politizó los nombramientos de codirectores. Hoy, la independencia está en riesgo por las maniobras de enroque que hizo el ministro Carrasquilla al trasladar a Juan Pablo Zárate de la junta al Viceministerio de Hacienda y reemplazarlo con un allegado suyo, con lo cual se ganó un voto favorable al Gobierno, considerando que a Zárate se le vencían sus períodos el 1° de enero de 2021. Con Zárate de viceministro y Carrasquilla en la gerencia del emisor, habría una colusión monstruosa de intereses personales sobre la política económica del país. Además, en enero de 2021 el Gobierno nombrará a otros dos codirectores, con lo cual Carrasquilla concentraría aún más poder dentro del banco.
La elección del gerente es en diciembre y el actual, Juan José Echavarría, puede ser reelegido, si se exceptúa a los altos funcionarios del emisor de la regla de servir solo hasta los 70 años de edad. La Corte Constitucional debe decidir esta semana si el gerente puede continuar en su cargo pasado el límite de edad. La Corte está bajo la intensa presión de la Casa de Nariño para inhabilitar a Echavarría. Duque pretende concentrar todos los poderes del Estado en sus manos y abusar libremente de ellos.
Nunca antes un ministro de Hacienda había codiciado hacerse a la gerencia del Banco de la República. Eso es precisamente lo que busca Alberto Carrasquilla con todo el Gobierno respaldándolo. Para el ministro, la oportunidad es ahora o nunca.
Son muy graves las implicaciones de que el banco central quede en manos del Gobierno: puede abusar de la emisión para financiarse y, aun si no lo hace, pierde su reputación frente a la comunidad internacional. Las calificadoras de riesgo redujeron la nota de Colombia en abril pasado y está a punto de perder el grado de inversión, lo cual elevará los intereses que debemos abonar por una deuda cada vez más gravosa. Las agencias habían percibido de manera crítica que Carrasquilla manipulara la regla fiscal para saltársela y por eso redujeron la calificación de la deuda colombiana a BBB-.
El banco central colombiano solía ser una caja menor de los gobiernos de turno que recurrían a su emisión para financiarse. La Constitución de 1991 limitó esta práctica, que provocó inflaciones de más del 20 % anual durante varias décadas, erosionando los ingresos de la población. A partir de entonces a los gobiernos les correspondió financiarse con impuestos o en los mercados de capital, emitiendo bonos y pagando tasas de interés proporcionales a los riesgos que percibían sus compradores. La inflación se fue reduciendo hasta los bajos niveles actuales, que han sido tan beneficiosos para la estabilidad de precios y para permitir un aumento gradual de los ingresos reales de la población.
La independencia del Banco de la República se cimentó sobre dos principios. El primero de ellos era dotarlo de una junta directiva de cinco miembros de talante académico, de los cuales cada gobierno solo podría nombrar dos. Los codirectores contaban con períodos de cuatro años, renovables hasta por doce años. El segundo, dar a la junta saliente el poder de nombrar al gerente del emisor, de tal modo que había una mayoría que no le debía su nombramiento al Gobierno. Se aseguraba así la independencia del gerente, quien es el funcionario más poderoso del banco.
Con la reelección presidencial se comenzó a deteriorar la independencia del banco, sobre todo durante los dos períodos de Álvaro Uribe, quien politizó los nombramientos de codirectores. Hoy, la independencia está en riesgo por las maniobras de enroque que hizo el ministro Carrasquilla al trasladar a Juan Pablo Zárate de la junta al Viceministerio de Hacienda y reemplazarlo con un allegado suyo, con lo cual se ganó un voto favorable al Gobierno, considerando que a Zárate se le vencían sus períodos el 1° de enero de 2021. Con Zárate de viceministro y Carrasquilla en la gerencia del emisor, habría una colusión monstruosa de intereses personales sobre la política económica del país. Además, en enero de 2021 el Gobierno nombrará a otros dos codirectores, con lo cual Carrasquilla concentraría aún más poder dentro del banco.
La elección del gerente es en diciembre y el actual, Juan José Echavarría, puede ser reelegido, si se exceptúa a los altos funcionarios del emisor de la regla de servir solo hasta los 70 años de edad. La Corte Constitucional debe decidir esta semana si el gerente puede continuar en su cargo pasado el límite de edad. La Corte está bajo la intensa presión de la Casa de Nariño para inhabilitar a Echavarría. Duque pretende concentrar todos los poderes del Estado en sus manos y abusar libremente de ellos.