La Corte Constitucional, desde noviembre de 2022, inició el proceso de revisión de la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, luego de ser aprobado por la Ley 2273 de 2022 y previo a que el gobierno de Colombia firmara el tratado en 2019. Sabemos que la Corte publicó como primer punto de la agenda para la sesión de sala plena de hoy 28 de agosto la revisión de la ley aprobatoria del Acuerdo. Se espera que la Corte decida si esta Ley es constitucional y de esa manera determinar si el Acuerdo de Escazú puede entrar en vigor en nuestro país.
Si hay algo que hemos mencionado en esta columna es que debido a la aceleración de la pérdida de biodiversidad en la región y en nuestro país, la sociedad y la economía están en riesgo, especialmente porque dependemos de su buen funcionamiento. Las zonas donde está concentrada la producción económica y la población colombiana son, precisamente, las que han perdido su integridad ecológica. Esta pérdida de integridad, sumada a la intensidad de las manifestaciones de la crisis climática, nos vuelve más vulnerables.
Tanto el Convenio de diversidad biológica, como el de cambio climático, y especialmente las Plataformas intergubernamentales de cambio climático (IPCC) y de biodiversidad y servicios ecosistémicos (IPBES), entre otras instancias internacionales, insisten sobre la urgencia de acelerar cambios transformacionales. Entre ellos están los asociados a los sistemas de valores para activar la participación y fortalecer la gobernanza para detener la pérdida de biodiversidad, disminuir las emisiones, pero, sobre todo, adaptarnos al clima que ya cambió, de la mano de los conocimientos locales sobre la biodiversidad.
El Acuerdo de Escazú se convierte en un instrumento que puede acelerar algunos de los cambios que no han sucedido a pesar de tener en el papel muchas propuestas hace años. Recordemos que el Acuerdo de Escazú, fundamentalmente, refuerza derechos procedimentales, pero también refuerza derechos básicos al gobierno abierto y a la equidad. En concreto, refuerza el acceso a la información, acceso a la participación, a la justicia en asuntos ambientales, y a la protección de los líderes ambientales.
Para acelerar la transformación, necesitamos reconocer que las organizaciones de la sociedad civil son actores fundamentales y los necesitamos fortalecidos. Para ello, uno de los elementos claves es facilitar el acceso a la información que tiene el Estado. La información ambiental no siempre está disponible de manera adecuada. Solo intenten buscar la información histórica sobre las lluvias o la temperatura de su municipio, o el estado de los suelos o la contaminación de las aguas. Acceder a la información puede fortalecer la gobernanza territorial al facilitar la participación informada y aportar desde la sociedad civil contribuciones para la identificación y el diseño de soluciones, pero de igual manera ante las debilidades institucionales poder hacer parte de la construcción colectiva de las transformaciones, del diseño de los proyectos de desarrollo y dimensionar mejor, entre todos, la magnitud de los retos asociados a los riesgos e impactos.
Debemos parar la pérdida de biodiversidad y la pérdida de quienes defienden la naturaleza. El Acuerdo de Escazú ayuda a acelerar las tareas para fortalecer las capacidades de las regiones que aún no han logrado frenar la crisis de biodiversidad y la violencia.