“Paz con la naturaleza”, es el llamado que el Gobierno nacional ha estado posicionando como mensaje central de la COP16. En el 2021, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó el informe “Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación”. Uno de los puntos claves de este informe es el reconocimiento de que “los cambios ambientales están socavando los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, ya que acarrean costos económicos y millones de muertes prematuras al año”.
En nuestro país, los cambios ambientales, especialmente los de biodiversidad, tienen en la criminalidad un motor que ha acelerado la trasformación en las últimas décadas. Por eso, el tema debe ser analizado en profundidad en la COP16 y seguro encontrará aliados afectados. Las crecientes rentas criminales asociadas a la explotación ilegal del oro, por ejemplo, son sin duda un desafío para la gobernabilidad, pero también para la salud de los ecosistemas y el suministro de sus contribuciones para el bienestar humano.
La historia de la relación de los grupos armados con la naturaleza ha sido variada. En algún momento se les adjudicaron a las guerrillas acciones de “protección” ambiental. Es sabido que en las décadas de los 80 y 90 guerrillas como el ELN imponían vedas de pesca y controles a pescadores que usaban técnicas nocivas como el trasmallo, o que para otros grupos guerrilleros como las FARC el bosque en pie era un activo estratégico para camuflar sus campamentos y rutas de tránsito.
Pero ante la apropiación de otras rentas, esa tendencia cambió y la naturaleza no solo fue el escenario de la guerra, sino también su víctima y, al dañarla, revictimizaron a los habitantes que dependían de esa naturaleza afectada. Hemos vivido hechos tan notorios como las voladuras de oleoductos y la contaminación de aguas y suelos y la muerte de especies afectadas, y el avance de la deforestación como consecuencia de la ampliación de los cultivos ilícitos, de la que todos los grupos criminales se han lucrado.
Menos conocidos son los efectos del paramilitarismo en la naturaleza. Los procesos en Justicia y Paz no lograron poner el foco en esa relación. La Comisión de la Verdad lo abordó un poco más y esperamos que la JEP lo profundice. Con la liberación de Salvatore Mancuso se abre una oportunidad para que uno de los jefes máximos del paramilitarismo en la región Caribe pueda, como gestor de paz, contribuir a hacer la paz con la naturaleza. Los colombianos necesitamos conocer cuántos humedales del Caribe fueron rellenados, desviados con diques y trinchos, cuánto de esto hizo parte del proceso de control formal y material de los territorios de los Montes de María, La Mojana o la Ciénaga Grande de Santa Marta. Necesitamos saber si perpetraron las masacres y los desplazamientos forzados para apropiarse de esas tierras y aguas, y si impulsaron las actividades económicas que luego se quedaron en esas zonas; el uso que hicieron de los zoocriaderos; durante cuánto tiempo y con quién se usaban como coto de caza las zonas adyacentes al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande. Mancuso, la naturaleza también necesita su verdad, haga la paz con la naturaleza.
“Paz con la naturaleza”, es el llamado que el Gobierno nacional ha estado posicionando como mensaje central de la COP16. En el 2021, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó el informe “Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación”. Uno de los puntos claves de este informe es el reconocimiento de que “los cambios ambientales están socavando los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, ya que acarrean costos económicos y millones de muertes prematuras al año”.
En nuestro país, los cambios ambientales, especialmente los de biodiversidad, tienen en la criminalidad un motor que ha acelerado la trasformación en las últimas décadas. Por eso, el tema debe ser analizado en profundidad en la COP16 y seguro encontrará aliados afectados. Las crecientes rentas criminales asociadas a la explotación ilegal del oro, por ejemplo, son sin duda un desafío para la gobernabilidad, pero también para la salud de los ecosistemas y el suministro de sus contribuciones para el bienestar humano.
La historia de la relación de los grupos armados con la naturaleza ha sido variada. En algún momento se les adjudicaron a las guerrillas acciones de “protección” ambiental. Es sabido que en las décadas de los 80 y 90 guerrillas como el ELN imponían vedas de pesca y controles a pescadores que usaban técnicas nocivas como el trasmallo, o que para otros grupos guerrilleros como las FARC el bosque en pie era un activo estratégico para camuflar sus campamentos y rutas de tránsito.
Pero ante la apropiación de otras rentas, esa tendencia cambió y la naturaleza no solo fue el escenario de la guerra, sino también su víctima y, al dañarla, revictimizaron a los habitantes que dependían de esa naturaleza afectada. Hemos vivido hechos tan notorios como las voladuras de oleoductos y la contaminación de aguas y suelos y la muerte de especies afectadas, y el avance de la deforestación como consecuencia de la ampliación de los cultivos ilícitos, de la que todos los grupos criminales se han lucrado.
Menos conocidos son los efectos del paramilitarismo en la naturaleza. Los procesos en Justicia y Paz no lograron poner el foco en esa relación. La Comisión de la Verdad lo abordó un poco más y esperamos que la JEP lo profundice. Con la liberación de Salvatore Mancuso se abre una oportunidad para que uno de los jefes máximos del paramilitarismo en la región Caribe pueda, como gestor de paz, contribuir a hacer la paz con la naturaleza. Los colombianos necesitamos conocer cuántos humedales del Caribe fueron rellenados, desviados con diques y trinchos, cuánto de esto hizo parte del proceso de control formal y material de los territorios de los Montes de María, La Mojana o la Ciénaga Grande de Santa Marta. Necesitamos saber si perpetraron las masacres y los desplazamientos forzados para apropiarse de esas tierras y aguas, y si impulsaron las actividades económicas que luego se quedaron en esas zonas; el uso que hicieron de los zoocriaderos; durante cuánto tiempo y con quién se usaban como coto de caza las zonas adyacentes al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande. Mancuso, la naturaleza también necesita su verdad, haga la paz con la naturaleza.