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Una de las cosas que más valoro de lo que he aprendido al ser bióloga y ecóloga es reconocer que cada cosa que sucede en la naturaleza tiene detrás varios actores que interactúan de múltiples formas y contribuyen a que eso pase. Esas interacciones transforman y mantienen la capacidad de la naturaleza de mantener la vida. Las funciones ecológicas se cumplen como ciclos, gracias a esas interacciones entre las estructuras formadas por organismos y los recursos. Con el tiempo aprendí que eso mismo es la base de la administración tanto pública como privada. En nuestro país, con la modernización de la estructura del Estado en el siglo XX, los temas de la gestión nacional de la naturaleza fueron inicialmente asuntos del Ministerio de Agricultura, se crearon entonces entre los años 60 y 70 entidades como el Inderena (Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente) y el Himat (Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras). Sin embargo, ya existían a escala regional desde las décadas de los 50 y 60 las primeras Corporaciones Autónomas Regionales como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que fue la primera, la Corporación Autónoma de los Valles del Magdalena y Sinú, entre otras, que se dedicaban a los temas del desarrollo regional y que, a mediados de la década de los 70, se adscriben al DNP asignándoles también funciones de gestión ambiental.
La Constitución del 91 recogió la necesidad de fortalecer la estructura del Estado para ampliar y conectar mejor lo relacionado con las funciones públicas para la gestión ambiental del país. La Ley 99 de 1993 materializó ese mandato con la creación del Ministerio de Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental donde, además, se crearon los cinco institutos de investigación: IDEAM, Humboldt, Invemar, Sinchi, IIAP. Se creó también la Unidad de Parques Nacionales y adicionalmente se transformaron las 17 Corporaciones Autónomas Regionales que ya existían y se formalizaron 16 más, incluidas las siete Corporaciones para el Desarrollo Sostenible.
Las manos y neuronas con las que opera actualmente la estructura para la gestión ambiental pública, según los datos del Sistema de Información Estratégica de Función Pública, son: 2.797 funcionarios del Ministerio, los institutos de investigación, Parques Nacionales y Anla; y 3.146 funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales de todo el país. Estos son menos de 6.000 mil funcionarios, un funcionario por cada 190 km2 de territorio nacional, en un país donde la gestión ambiental cada vez es más compleja y cada día tienen retos nuevos. En 1993, cuando se diseñó la estructura del sistema ambiental, las preocupaciones eran la contaminación y el agujero de ozono. Hoy, 30 años después, las preocupaciones son la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la irrupción del plástico, además de la contaminación y la necesidad de alinear la economía y la sociedad hacia una trayectoria que no atente contra nuestra supervivencia.
Sin duda alguna, uno de los cuellos de botella para cumplir con las metas del Acuerdo de París y del Marco Global de Biodiversidad es aumentar la capacidad del Estado para asumir estas nuevas tareas. Ojalá en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad y en la COP16 estos temas estructurales tengan propuestas de la mano del Ministerio de Hacienda, Función Pública y Planeación Nacional.