El gobierno de Duque ha sido una gran clase presencial de historia de Colombia. Más en concreto, del modo en que se ha ejercido siempre el poder en Colombia, que consiste, ni más ni menos, en gobernar para la banca, las empresas grandes y el estamento rico de la sociedad. En el caso actual, la pandemia fue definitiva. La mayoría de los recursos para salvar a la población pudieron deslizarse sin mayor problema a los bolsillos de esas empresas grandes y esos bancos, que ya eran ricos por las prebendas y monopolios que han tenido desde el inicio de los tiempos, por un motivo absolutamente sencillo, y es que son ellos quienes pagan las campañas presidenciales. Esto, en el sistema capitalista, quiere decir que los gobernantes son empleados de los empresarios y banqueros. No solo el Gobierno, también la mayoría de congresistas de la república; por eso legislan de acuerdo con los intereses de sus patrocinadores, a quienes les deben su curul. El resto del país no cuenta: es el botín del que se extrae el oro. Y la población, una fotografía de fondo. Una galería de voces que nadie oye.
Por eso, desde el punto de vista económico, financiar campañas es un negociazo. Sarmiento Angulo le da, por decir algo, $500 millones a la campaña de Duque, más todas las facilidades crediticias y de logística que pueden ofrecerle sus bancos y empresas. Luego Duque, ya de presidente, devuelve el favor con contratos, subvenciones y ayudas, pero multiplicado por mil. Y más con esta coyuntura de emergencia, feliz para ellos. ¡El COVID-19 ha sido el Baloto de los amigos del Gobierno! El pequeño obtuvo poco y el grande mucho, pero todos recibieron en sus debidas proporciones. Si hay algún problema, ahí está el ministro Carrasquilla para satisfacer a sus futuros empleadores.
Me impresionó, sobre todo, el modo en que el Gobierno y los senadores uribistas defendieron hace unos días a las grandes empresas sobre las pequeñas con el tema de los tiempos de facturación, apoyando que se hiciera por “acuerdo entre privados”. ¡Qué perversidad y cuánta mentira! ¡Qué dolor! Parecía un capítulo de Los miserables, de Victor Hugo. ¿Cuál será el acuerdo justo y equilibrado al que podrá llegar una modesta cooperativa agrícola de Boyacá con los supermercados Éxito? Gran equidad, simetría total. Jean Valjean no ha muerto, vive en Colombia y aún lo persiguen. Pero es que el Gobierno y los senadores trabajan para los empresarios grandes, no para los pequeños. Por eso, cuando surge un candidato que está contra este sistema de empresarios sobornadores lo matan, como a Álvaro Gómez (el régimen), o lo inmovilizan con embargos y acusaciones, como a Gustavo Petro. Porque también la justicia entra en el paquete combo de la inversión. Un fiscal que trabaja para el Grupo Aval, como fue Nesticor Humberto, o uno que es empleado del Gobierno, como Barbosa. ¡Qué impunidad, qué frustración! ¡Acabar deteniendo a los policías que descubrieron la ñeñepolítica! Como si en el caso Watergate, en lugar de destituir a Nixon, la justicia hubiera metido a la cárcel a Bob Woodward y Carl Bernstein. ¡Qué vergüenza de país! Por eso, por haber vivido bajo este Gobierno uribista, cada ciudadano debería al final recibir un título de máster en historia política. Y un ejemplar de Los miserables.
El gobierno de Duque ha sido una gran clase presencial de historia de Colombia. Más en concreto, del modo en que se ha ejercido siempre el poder en Colombia, que consiste, ni más ni menos, en gobernar para la banca, las empresas grandes y el estamento rico de la sociedad. En el caso actual, la pandemia fue definitiva. La mayoría de los recursos para salvar a la población pudieron deslizarse sin mayor problema a los bolsillos de esas empresas grandes y esos bancos, que ya eran ricos por las prebendas y monopolios que han tenido desde el inicio de los tiempos, por un motivo absolutamente sencillo, y es que son ellos quienes pagan las campañas presidenciales. Esto, en el sistema capitalista, quiere decir que los gobernantes son empleados de los empresarios y banqueros. No solo el Gobierno, también la mayoría de congresistas de la república; por eso legislan de acuerdo con los intereses de sus patrocinadores, a quienes les deben su curul. El resto del país no cuenta: es el botín del que se extrae el oro. Y la población, una fotografía de fondo. Una galería de voces que nadie oye.
Por eso, desde el punto de vista económico, financiar campañas es un negociazo. Sarmiento Angulo le da, por decir algo, $500 millones a la campaña de Duque, más todas las facilidades crediticias y de logística que pueden ofrecerle sus bancos y empresas. Luego Duque, ya de presidente, devuelve el favor con contratos, subvenciones y ayudas, pero multiplicado por mil. Y más con esta coyuntura de emergencia, feliz para ellos. ¡El COVID-19 ha sido el Baloto de los amigos del Gobierno! El pequeño obtuvo poco y el grande mucho, pero todos recibieron en sus debidas proporciones. Si hay algún problema, ahí está el ministro Carrasquilla para satisfacer a sus futuros empleadores.
Me impresionó, sobre todo, el modo en que el Gobierno y los senadores uribistas defendieron hace unos días a las grandes empresas sobre las pequeñas con el tema de los tiempos de facturación, apoyando que se hiciera por “acuerdo entre privados”. ¡Qué perversidad y cuánta mentira! ¡Qué dolor! Parecía un capítulo de Los miserables, de Victor Hugo. ¿Cuál será el acuerdo justo y equilibrado al que podrá llegar una modesta cooperativa agrícola de Boyacá con los supermercados Éxito? Gran equidad, simetría total. Jean Valjean no ha muerto, vive en Colombia y aún lo persiguen. Pero es que el Gobierno y los senadores trabajan para los empresarios grandes, no para los pequeños. Por eso, cuando surge un candidato que está contra este sistema de empresarios sobornadores lo matan, como a Álvaro Gómez (el régimen), o lo inmovilizan con embargos y acusaciones, como a Gustavo Petro. Porque también la justicia entra en el paquete combo de la inversión. Un fiscal que trabaja para el Grupo Aval, como fue Nesticor Humberto, o uno que es empleado del Gobierno, como Barbosa. ¡Qué impunidad, qué frustración! ¡Acabar deteniendo a los policías que descubrieron la ñeñepolítica! Como si en el caso Watergate, en lugar de destituir a Nixon, la justicia hubiera metido a la cárcel a Bob Woodward y Carl Bernstein. ¡Qué vergüenza de país! Por eso, por haber vivido bajo este Gobierno uribista, cada ciudadano debería al final recibir un título de máster en historia política. Y un ejemplar de Los miserables.