Tarde o temprano, los países tienen que tomar grandes decisiones estructurales, pues, si no lo hacen, las crisis obligan a los gobiernos a tomarlas cuando ya es demasiado tarde y demasiado costoso. Prominente, entre dichas decisiones, es eliminar la informalidad de la economía colombiana. La informalidad hace que millones de trabajadores no tengan acceso a capacitación o a un crédito hipotecario, o que centenas de miles de empresas permanezcan estancadas, sin modernizarse, sin acceso a recursos y presas de mercados estrechísimos. La informalidad es también causa y consecuencia de una bajísima productividad, total de factores que, de hecho, ha sido en promedio negativa en la última década. Según la OCDE, hace medio siglo hacían falta unos tres trabajadores colombianos para producir lo que producía un norteamericano promedio, hoy hacen falta casi cinco. La informalidad también es causante de que tengamos un Estado raquítico, sin recursos para proveer una serie de bienes públicos esenciales. Los recaudos de impuestos del gobierno difícilmente alcanzan un 14 % del PIB, cuando en un país de la OCDE está por encima del 30 %.
Ahora que entramos a hacer parte de esa organización, es muy útil compararnos con uno de sus miembros, España, que es un buen ejemplo de balance, porque tenemos casi idénticas cifras demográficas y laborales, como población total, población en edad de trabajar o económicamente activa. La grande y aterradora diferencia está en que, mientras en España la informalidad laboral es de menos de un 5 %, aquí es de un 63 %. Esto hace, por ejemplo, que en España coticen a la seguridad social 19 millones de personas, en tanto en Colombia solo lo hacen unos ocho millones. Por la misma razón, en España declaran renta más de 19 millones, aquí solo declaran 2,6 millones.
La pregunta del millón de pesos es, por supuesto, qué hacer para eliminar o reducir este flagelo. En primer lugar, el gobierno, la academia y las organizaciones laborales y empresariales deben ser conscientes de la magnitud de este diagnóstico en todo el país, y, entre otras cosas, no continuar con la práctica del saliente gobierno que solo hablaba de las cifras laborales en las doce grandes ciudades.
Segundo, aunque tomará tiempo, todo lo que ayude a incrementar la productividad reducirá, tarde o temprano, la informalidad, como mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, pero en especial en el sector rural, en donde la informalidad laboral alcanza casi un 90 %. Tercero, es crucial modernizar el Sena y curarlo del clientelismo y la corrupción que han denunciado recientemente los medios de comunicación. Con un gobierno corporativo ajeno al ciclo político, como el del Banco de la República, el Sena deberá jugar un papel crucial en la modernización del mercado laboral y podrá responder a los retos de la digitalización de la sociedad y el Internet de las cosas. Cuarto, en un país en donde la mitad de los 22 millones de ocupados ganan menos de un salario mínimo, es crucial tomar medidas en el mercado laboral, como incrementar la brecha entre el salario medio y el salario mínimo, sin que esta medida implique reducir el mínimo en términos reales.
Todas estas medidas serán difíciles de implementar y tomarán tiempo en dar frutos. Pero es ya tiempo de que alguien tome la vocería de los 14 millones de trabajadores informales que tiene Colombia.
Tarde o temprano, los países tienen que tomar grandes decisiones estructurales, pues, si no lo hacen, las crisis obligan a los gobiernos a tomarlas cuando ya es demasiado tarde y demasiado costoso. Prominente, entre dichas decisiones, es eliminar la informalidad de la economía colombiana. La informalidad hace que millones de trabajadores no tengan acceso a capacitación o a un crédito hipotecario, o que centenas de miles de empresas permanezcan estancadas, sin modernizarse, sin acceso a recursos y presas de mercados estrechísimos. La informalidad es también causa y consecuencia de una bajísima productividad, total de factores que, de hecho, ha sido en promedio negativa en la última década. Según la OCDE, hace medio siglo hacían falta unos tres trabajadores colombianos para producir lo que producía un norteamericano promedio, hoy hacen falta casi cinco. La informalidad también es causante de que tengamos un Estado raquítico, sin recursos para proveer una serie de bienes públicos esenciales. Los recaudos de impuestos del gobierno difícilmente alcanzan un 14 % del PIB, cuando en un país de la OCDE está por encima del 30 %.
Ahora que entramos a hacer parte de esa organización, es muy útil compararnos con uno de sus miembros, España, que es un buen ejemplo de balance, porque tenemos casi idénticas cifras demográficas y laborales, como población total, población en edad de trabajar o económicamente activa. La grande y aterradora diferencia está en que, mientras en España la informalidad laboral es de menos de un 5 %, aquí es de un 63 %. Esto hace, por ejemplo, que en España coticen a la seguridad social 19 millones de personas, en tanto en Colombia solo lo hacen unos ocho millones. Por la misma razón, en España declaran renta más de 19 millones, aquí solo declaran 2,6 millones.
La pregunta del millón de pesos es, por supuesto, qué hacer para eliminar o reducir este flagelo. En primer lugar, el gobierno, la academia y las organizaciones laborales y empresariales deben ser conscientes de la magnitud de este diagnóstico en todo el país, y, entre otras cosas, no continuar con la práctica del saliente gobierno que solo hablaba de las cifras laborales en las doce grandes ciudades.
Segundo, aunque tomará tiempo, todo lo que ayude a incrementar la productividad reducirá, tarde o temprano, la informalidad, como mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, pero en especial en el sector rural, en donde la informalidad laboral alcanza casi un 90 %. Tercero, es crucial modernizar el Sena y curarlo del clientelismo y la corrupción que han denunciado recientemente los medios de comunicación. Con un gobierno corporativo ajeno al ciclo político, como el del Banco de la República, el Sena deberá jugar un papel crucial en la modernización del mercado laboral y podrá responder a los retos de la digitalización de la sociedad y el Internet de las cosas. Cuarto, en un país en donde la mitad de los 22 millones de ocupados ganan menos de un salario mínimo, es crucial tomar medidas en el mercado laboral, como incrementar la brecha entre el salario medio y el salario mínimo, sin que esta medida implique reducir el mínimo en términos reales.
Todas estas medidas serán difíciles de implementar y tomarán tiempo en dar frutos. Pero es ya tiempo de que alguien tome la vocería de los 14 millones de trabajadores informales que tiene Colombia.