La violencia sexual ha sido una arma de guerra demoledora, silenciada y frecuente.
Con diferentes modalidades e intensidades, todos los actores del conflicto armado colombiano la han utilizado, principalmente contra las mujeres. Si esta arma no se depone y no se atiende y hace justicia a sus víctimas, los acuerdos serán incompletos y la paz incierta.
La historia es larga y vergonzosa para la humanidad. Pero recientemente la guerra de Los Balcanes y el genocidio de Ruanda le dieron especial relevancia. Más de 20.000 mujeres fueron violadas en Bosnia a comienzos de los noventa del siglo pasado. Muchas de ellas fueron obligadas a tener hijos producto de la violación y hoy el 90 % de ellas no recibe la atención médica requerida y muy pocos de los agresores han sido condenados. En Ruanda la violencia sexual intentaba doblegar a los contrarios y forzar a las mujeres a engendrar hijos del bando enemigo. Se estima que allí, entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en los tres meses que duró el genocidio en 1994.
Las denuncias y los estudios hechos sobre el tema en Colombia por distintas instituciones y organizaciones, llevaron a la Corte Constitucional a concluir en varios de sus pronunciamientos –Autos 092 de 2008 y 009 de 2015- que se trata de una práctica sistemática y generalizada por parte de los distintos actores, incluida la fuerza pública, orientada a aterrorizar, humillar, acallar liderazgos, imponer normas y advertir al enemigo. Hasta mayo de 2014 el Registro Único de Víctimas reportaba 5.110 víctimas de violencia sexual, 86 % de ellas mujeres. Las organizaciones paramilitares han sido las principales responsables de este tipo de crímenes. Uno de sus dirigentes, Salvatore Mancuso, fue condenado en 2014 por 175 casos documentados de violencia sexual, y otro cabecilla paramilitar, Hernán Giraldo, abusó al menos de 50 niñas y reconoció haber tenido 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta entre 1997 y 2003. Otra integrante de la misma organización en esa región, obligó a un médico a esterilizar a un grupo de mujeres por considerar que tenían vínculos con la guerrilla. Tampoco la guerrilla se ha quedado corta. La Fiscalía investiga al menos 152 casos de violencia sexual de las Farc en los que están implicados desde dirigentes hasta 160 desmovilizados de esa organización. Por su parte las fuerzas militares también han sido señaladas de cometer abusos, y militares de los Estados Unidos fueron acusados de violar mínimo 54 mujeres entre 2003 y 2007 en Melgar y Girardot. El historial de violencia sexual es mucho mayor de lo enunciado e incluye además: abortos forzados, prostitución, esclavitud sexual, mutilaciones, torturas sexuales y asesinatos.
Siendo dramáticos y desgarradores los relatos de los hechos, son peores sus consecuencias: estigmatización, pánico, pérdida de la dignidad, impotencia, vergüenza, revictimización, desintegración familiar, enfermedades venéreas, alteraciones graves de la salud mental. Y peor aún la impunidad, que se estima hasta en un 98 %, y el abandono, la desatención o la atención inadecuada por parte de las instituciones del Estado que deberían encargarse de atender a las víctimas. Médicos Sin Fronteras concluyó que son tres veces víctimas: de la violencia, del silencio y del abandono.
Según la Corte Penal Internacional, cuando la violencia sexual es generalizada y sistemática contra la población civil en un conflicto armado, como es el caso nuestro, se convierte en un crimen de lesa humanidad. Semejante crimen requiere ya una mayor reacción de la sociedad, un manejo cuidadoso en los posibles acuerdos, y un trabajo conjunto y sistemático de atención, justicia y reparación en la fase posterior de construcción de paz, si queremos que esta sea en serio y que vayamos al fin tratando de reparar lo irreparable.
El autor es médico social.