Desde hace ya casi un año, Petro viene insistiendo, a lo “Pastorcito mentiroso”, fábula de Esopo, en que le quieren dar un “golpe blando”, es decir que buscan sacarlo del cargo por vías institucionales, con marrullas quizá, pero apelando a los procedimientos contemplados en la Constitución Nacional. Hablemos de complots entonces, porque si desde el Ejecutivo se puede alegar una intención golpista, desde la oposición, la de la siniestra ultraderecha, la de las derechas de siempre, la del centro, y la de los muchos que votamos por él y ante la evidencia de la mediocridad, improvisación y prelación de retóricas sobre ejecuciones, nos decepcionó, desde allí también podríamos empezar a temer un “golpe blando”. Uno contra los otros poderes. ¿No fue una amenaza de eso proponer una constituyente sin intermediación del Congreso, por medio de una extraña interpretación de algún inciso del acuerdo de paz de La Habana? ¿Esa “constituyente popular” no es una iniciativa evidente para cerrar el Congreso? Qué encrucijada, además, esa de ponerlo a uno a defender un Congreso como el que tenemos.
¿No es “golpe blando” aquella propuesta de eliminar la Procuraduría, cuando estaba en cabeza de Margarita Cabello, o sea en manos directas de la familia Char, e indirectas del uribismo? Interesante saber si hoy a Petro, cuando ya tiene procurador amigo, le sigue sonando acabar con el poder del Ministerio Público. Qué predicamento tener que cerrar filas alrededor de una institución tan cuestionada como la Procuraduría, presidida en el pasado por personajes perversos como Alejandro Ordóñez, quien la usó de plataforma política y de instrumento de persecución moral, o como Orlando Vásquez Velásquez, investigado y condenado por nexos comprobados con el narcotráfico.
¿No es abonar el terreno para un “golpe blando” estar deslegitimando de modo constante a las cortes, a la rama judicial, porque le tumban con argumentos jurídicos reformas mal hechas, artículos mal redactados, o le quitan la curul a parlamentarios de su Pacto Histórico? ¿No lo es llamar a los magistrados peones de los partidos políticos? Por cierto, ese Consejo de Estado del que hoy abomina el presidente, es la misma entidad que hace 15 años le devolvió la Alcaldía de Bogotá al considerar que la destitución e inhabilidad política ordenada por la Procuraduría, en cabeza justamente de Ordóñez, era arbitraria y desmesurada.
Las instituciones le sirven a Petro si se alinean con sus propósitos y se avienen a sus conveniencias; si no, se vuelven espurias. Y así con todo: la ambivalencia cómplice con el rampante fraude electoral en Venezuela se justifica en el argumento de evitar la injerencia en asuntos internos de otro país, tesis en la que lo acompañan México y Brasil. Pero no es injerencia ni atenta contra la libre determinación de los pueblos, sino que es pura defensa de la democracia, que ambas naciones le hayan manifestado respaldo irrestricto ante el exabrupto de una apertura de investigación del Consejo Electoral, CNE, por eventuales irregularidades en la campaña que lo llevó a ser presidente.
Horror tener que defender al CNE, órgano claramente de origen político desde 1991, cuando la Constitución decidió armarlo así. Duro tener que avalarlo y reconocer que está actuando en derecho y bajo la evidencia de graves indicios de irregularidades en la campaña petrista, cuando hay allí personajes tan cuestionables como César Lorduy, otro tentáculo de la casa Char, o Álvaro Hernán Prada, compañero de Uribe en el expediente por soborno a testigos y fraude procesal.
El capítulo de la semana pasada, con la apertura de investigación al presidente por la eventual violación de los topes electorales, demostró que sí ha servido la estrategia de ambientar lo de un posible golpe de Estado en su contra. “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia… ─dijo él─; porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo”.
De la perversidad y truculencia de la ultraderecha tenemos ilustración suficiente, pero justo este episodio es en el que menos se puede intuir una intención golpista. No es la primera vez que se investiga una campaña, no es la primera vez que se involucra a un presidente, pero además es contraevidente que en todo el complot se quiera enredar al Consejo de Estado por su pronunciamiento de hace dos meses cuando resolvió una consulta por conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Allí, el alto tribunal ratificó que el primero es competente para investigar las violaciones a los topes electorales, e inclusive para imponer sanciones administrativas, pero fue clarísimo en que solo le corresponde a la segunda iniciar un proceso que concluya en destitución.
La reacción del presidente, además de exagerada, es absurda, y pareciera proclamar que está por encima de todas las leyes. Por esa vía, cualquier tutela de aquí en adelante, incluidas las que ya lo han obligado a rectificarse por calumnia o injuria, deberían ir a la Comisión de Acusaciones. Certeramente, Humberto de la Calle preguntó en estos días: “¿Si el ciudadano Petro se pasa un semáforo en rojo, debe ser la Comisión de Acusaciones la que le imponga la multa?”.
Me sorprendió en los días siguientes a la decisión del CNE ver en redes las reacciones vehementes, no del petrismo, que ya a estas alturas es más una idolatría que una ideología, sino de académicos, intelectuales, periodistas incluso críticos de Petro, comprar alegremente la teoría golpista y casi proponer resistencia civil.
Al pastorcito mentiroso parece funcionarle entonces la treta.
Desde hace ya casi un año, Petro viene insistiendo, a lo “Pastorcito mentiroso”, fábula de Esopo, en que le quieren dar un “golpe blando”, es decir que buscan sacarlo del cargo por vías institucionales, con marrullas quizá, pero apelando a los procedimientos contemplados en la Constitución Nacional. Hablemos de complots entonces, porque si desde el Ejecutivo se puede alegar una intención golpista, desde la oposición, la de la siniestra ultraderecha, la de las derechas de siempre, la del centro, y la de los muchos que votamos por él y ante la evidencia de la mediocridad, improvisación y prelación de retóricas sobre ejecuciones, nos decepcionó, desde allí también podríamos empezar a temer un “golpe blando”. Uno contra los otros poderes. ¿No fue una amenaza de eso proponer una constituyente sin intermediación del Congreso, por medio de una extraña interpretación de algún inciso del acuerdo de paz de La Habana? ¿Esa “constituyente popular” no es una iniciativa evidente para cerrar el Congreso? Qué encrucijada, además, esa de ponerlo a uno a defender un Congreso como el que tenemos.
¿No es “golpe blando” aquella propuesta de eliminar la Procuraduría, cuando estaba en cabeza de Margarita Cabello, o sea en manos directas de la familia Char, e indirectas del uribismo? Interesante saber si hoy a Petro, cuando ya tiene procurador amigo, le sigue sonando acabar con el poder del Ministerio Público. Qué predicamento tener que cerrar filas alrededor de una institución tan cuestionada como la Procuraduría, presidida en el pasado por personajes perversos como Alejandro Ordóñez, quien la usó de plataforma política y de instrumento de persecución moral, o como Orlando Vásquez Velásquez, investigado y condenado por nexos comprobados con el narcotráfico.
¿No es abonar el terreno para un “golpe blando” estar deslegitimando de modo constante a las cortes, a la rama judicial, porque le tumban con argumentos jurídicos reformas mal hechas, artículos mal redactados, o le quitan la curul a parlamentarios de su Pacto Histórico? ¿No lo es llamar a los magistrados peones de los partidos políticos? Por cierto, ese Consejo de Estado del que hoy abomina el presidente, es la misma entidad que hace 15 años le devolvió la Alcaldía de Bogotá al considerar que la destitución e inhabilidad política ordenada por la Procuraduría, en cabeza justamente de Ordóñez, era arbitraria y desmesurada.
Las instituciones le sirven a Petro si se alinean con sus propósitos y se avienen a sus conveniencias; si no, se vuelven espurias. Y así con todo: la ambivalencia cómplice con el rampante fraude electoral en Venezuela se justifica en el argumento de evitar la injerencia en asuntos internos de otro país, tesis en la que lo acompañan México y Brasil. Pero no es injerencia ni atenta contra la libre determinación de los pueblos, sino que es pura defensa de la democracia, que ambas naciones le hayan manifestado respaldo irrestricto ante el exabrupto de una apertura de investigación del Consejo Electoral, CNE, por eventuales irregularidades en la campaña que lo llevó a ser presidente.
Horror tener que defender al CNE, órgano claramente de origen político desde 1991, cuando la Constitución decidió armarlo así. Duro tener que avalarlo y reconocer que está actuando en derecho y bajo la evidencia de graves indicios de irregularidades en la campaña petrista, cuando hay allí personajes tan cuestionables como César Lorduy, otro tentáculo de la casa Char, o Álvaro Hernán Prada, compañero de Uribe en el expediente por soborno a testigos y fraude procesal.
El capítulo de la semana pasada, con la apertura de investigación al presidente por la eventual violación de los topes electorales, demostró que sí ha servido la estrategia de ambientar lo de un posible golpe de Estado en su contra. “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia… ─dijo él─; porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo”.
De la perversidad y truculencia de la ultraderecha tenemos ilustración suficiente, pero justo este episodio es en el que menos se puede intuir una intención golpista. No es la primera vez que se investiga una campaña, no es la primera vez que se involucra a un presidente, pero además es contraevidente que en todo el complot se quiera enredar al Consejo de Estado por su pronunciamiento de hace dos meses cuando resolvió una consulta por conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Allí, el alto tribunal ratificó que el primero es competente para investigar las violaciones a los topes electorales, e inclusive para imponer sanciones administrativas, pero fue clarísimo en que solo le corresponde a la segunda iniciar un proceso que concluya en destitución.
La reacción del presidente, además de exagerada, es absurda, y pareciera proclamar que está por encima de todas las leyes. Por esa vía, cualquier tutela de aquí en adelante, incluidas las que ya lo han obligado a rectificarse por calumnia o injuria, deberían ir a la Comisión de Acusaciones. Certeramente, Humberto de la Calle preguntó en estos días: “¿Si el ciudadano Petro se pasa un semáforo en rojo, debe ser la Comisión de Acusaciones la que le imponga la multa?”.
Me sorprendió en los días siguientes a la decisión del CNE ver en redes las reacciones vehementes, no del petrismo, que ya a estas alturas es más una idolatría que una ideología, sino de académicos, intelectuales, periodistas incluso críticos de Petro, comprar alegremente la teoría golpista y casi proponer resistencia civil.
Al pastorcito mentiroso parece funcionarle entonces la treta.