1977

La huelga de los obreros bananeros del litoral Caribe en 1928, la huelga de los trabajadores de la navegación por el río Magdalena (Fedenal) en 1945, la huelga de obreros de obras públicas y ferroviarias en 1947, el paro político y laboral contra Ospina Pérez en noviembre de 1949, la protesta del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) contra la reforma administrativa de Lleras Restrepo en 1970 y la protesta de la Unión de Trabajadores de Colombia contra el gobierno de Pastrana Borrero por el alza de salarios en 1971 fueron algunos de los antecedentes del paro nacional de 1977.

Desde mayo del 77 la central sindical comunista CSTC comenzó a organizar los preparativos del paro. Más luego, todas las otras confederaciones obreras se unieron a la iniciativa y se creó el Consejo Nacional Sindical. Pese a que marchas puntuales fueron convocadas con la disciplina y el método del sindicalismo, al paro se sumaron cientos de marchantes espontáneos que hicieron sus propios caminos. “Existían las condiciones para la protesta”, argumentó el profesor Óscar Delgado, pues quizás uno de los motivos que llevaron a la población a las calles fue la concentración de platas y tierras en unas pocas manos. Es decir, las desigualdades visibles de la distribución del ingreso “no solo entre pobres y ricos, sino al mismo tiempo entre las clases medias y altas”.

En su libro, escrito sobre la marcha y publicado meses después del paro por la Editorial Latina, Delgado cuenta que, como resultado de la respuesta violenta del gobierno de López Michelsen, hubo 19 muertos y que “en las autopsias de los cadáveres se comprobó que algunas víctimas de la represión oficial fueron abatidas por proyectiles que penetraron por la espalda”. Después de los años se afirmó que entre 20 y 30 personas murieron, la mayoría civiles, menores de 25 (en Bogotá fueron detenidas 2.236 personas). Días antes de la manifestación el Decreto de orden público No. 2004 prescribió penas de arresto de 30 a 180 días y declaró la participación en actividades de protesta como una causa justa para la terminación del contrato laboral.

Durante el 13 de septiembre, día del paro nacional, el alcalde de Bogotá, Bernardo Gaitán, publicó un anuncio en los periódicos informando que “los participantes podrían ser sometidos a consejos de guerra verbales con base en otras disposiciones legales”. En medio de este estado de sitio hubo por supuesto la censura a los medios de comunicación por medio del Decreto No. 2066, que reguló la transmisión de información con respecto al paro. Esto afectó sobre todo a pequeños medios alternativos, pues todos los grandes medios se opusieron al paro.

En el país de 1977, que se urbanizaba, confluían no solo el descontento de desplazados internos que se daban mala vida en la ciudad, sino también el pregón de los estudiantes, las alianzas obreras por mejores condiciones, los grupos inspirados por la teología de la liberación bregando por un país sin desigualdad extrema, la entonces fraccionada pero permanente lucha campesina y la organización indígena que se posicionaba.

Aunque casi todas las demandas tenían premura y cundían las propuestas, las respuestas del gobierno se centraron en la implementación de medidas represivas. En este sentido, quizá fue López Michelsen, conocido como el “pollo López”, por parecer inofensivo, ser delfín y haber combinado en su juventud bacanería y rebeldía, el que puso las primeras piedras de la posterior represión del Estatuto de Seguridad. En los archivos del Plan Nacional de Rehabilitación existe una carpeta con la palabra “desaparecidos” escrita en lapicero. Remite a finales de la década del 70. En ella hay información sobre las primeras organizaciones que denunciaron desapariciones. Esto, en los meses entre el paro de 1977 y mediados de 1978, en el primer año de gobierno de Turbay Ayala.