Bosques, manglares y futuros

En días pasados, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales SOMO publicó un informe sobre “Flujos financieros y desigualdades en los mercados de carbono”.  SOMO, que ha investigado flujos de plata y poder desde los años setenta, nos cuenta que la mayoría de fondos en estos mercados circulan entre actores privados del Norte Global, mientras que los proyectos se ejecutan principalmente en el Sur Global. 279 proyectos de compensación de carbono en bosques del Sur son gestionados en gran medida por empresas europeas y estadounidenses. Aunque se promocionan como financiación climática para comunidades locales, la industria de bonos es “opaca” y no se sabe cuánto dinero llega directamente a las comunidades.

SOMO denuncia que muchos de los beneficios prometidos a las poblaciones por la compensación de carbono no se materializan (en el proyecto Kariba en Zimbabue, por ejemplo, solo el 6 % de los fondos llegó a comunidades locales). Expone cómo intermediarios, incluyendo corredores de bolsa, inflan los precios, revenden créditos de carbono hasta “siete veces su valor original” y desvían las ganancias hacia actores de Estados Unidos o Europa. Describen también que el problema no es la escasez de plata para hacer frente al cambio climático, sino su mala distribución. En 2022, “el Norte Global destinó $2,5 billones en subsidios a combustibles fósiles (80 veces más que los $31.500 millones invertidos en financiación climática)”.

SOMO argumenta que quizá, más que los mentados bonos de carbono (que en Colombia hacen carrera), la lucha contra la evasión fiscal de grandes empresas (especialmente petroleras) puede generar mayores recursos para la acción climática. Es decir, “redistribuir recursos hacia el Sur Global y priorizar la justicia climática, en lugar de enriquecer a intermediarios y empresas del Norte”.

Pero mientras en departamentos de bosque (como Caquetá, Guaviare y Putumayo) florecen proyectos de compensación de carbono que dejan un legado dudoso, en departamentos de mar son otras las ansiedades y los enriquecimientos climáticos. Un artículo académico liderado por Catalina Quiroga-Manrique narra cómo se expresa el cambio climático en la ciudad de Cartagena, reflejando desigualdades groseras en “responsabilidades, vulnerabilidades y capacidades de adaptación”. En esta ciudad, que es la favorita de élites políticas y económicas, el crecimiento urbano y turístico de los bordes ha provocado la criminalización y el desplazamiento de comunidades negras, la pérdida de sus tierras, aguas y manglares. El artículo nos demuestra cómo estas comunidades enfrentan no solo el racismo y la degradación ambiental, sino además mayores riesgos climáticos.

Las mujeres negras de Villa Gloria, en la ciénaga La Virgen y Juan Polo, siembran y defienden manglares para proteger y arraigarse en su territorio. Sin embargo, las políticas municipales y departamentales privilegian formas corporativas de adaptación al clima. En especial adoran a Serena del Mar, un conglomerado de empresas privadas liderado por Novus Civitas, con mil hectáreas y 4 mil unidades de vivienda de alta gama conectadas a todos los servicios públicos (agua, alcantarillado, energía, internet, campo de golf, playa, centro de negocios, hospital y universidad privados).

Cartagena celebra a Serena del Mar, que se promociona en radio y políticas públicas como una solución climática. El programa Ecobloque, impulsado por el gobierno local y la Policía, criminaliza a comunidades negras por “invasiones ilegales” en manglares, demoliendo viviendas y vigilando a jóvenes. Aunque por ley las comunidades negras se aferran a ciertos derechos territoriales, son acusadas diariamente de daño ambiental. Quiroga-Manrique y sus coautores nos explican cómo las mujeres de Villa Gloria lideran la restauración de manglares, combatiendo el despojo y el cambio climático, pero son ignoradas por las instituciones. Ricardo, uno de los hombres pescadores entrevistados, resume perfectamente la situación: “La ciénaga es el pulmón de la ciudad, y sin embargo quieren privatizarla para los yates. Se sabe que están construyendo un complejo para los ricos. Cada casa tendrá un estacionamiento en el humedal para sus botes (…). Al mismo tiempo, la Corporación Autónoma Regional nos prohíbe cortar el mangle por el cambio climático”.