“Tierra del olvido”, “cuna de labriegos abandonados”, “polvorín lejano”, “sangrienta hegemonía de la soledad”, “epicentro crónico del abandono estatal”. En días de protesta en el Catatumbo, cada quien ensaya su metáfora romántica.
Con todo, el Catatumbo está hoy pleno de Estado. En Ocaña hay notarios. En Tibú, también. Y hay fiscales, cárceles, decenas de exagentes del DAS, oficinas, papelería membretada, sellos, huelleros, filas para asistencia social. Hay utensilios para la fumigación con glifosato, ICBF, helicópteros, consultores con contrato de prestación de servicios, caballería mecanizada, fuerza de élite “Vulcano”, “blanco legítimo”. Batallones de infantería, de artillería, de ingenieros, de servicios para el combate, de plan energético y de contraguerrillas. Hay un Estado tan grande e hinchado, que paramilitares, sucesores y guerrillas consideran que es muy rentable infiltrarlo.
Hubo rehabilitación, Plan Colombia y (ahora) Consolidación. La obsesión ha sido la erradicación de cultivos de coca en un contexto de guerra contra las drogas y de desconfianza hacia la población. Miles de funcionarios públicos ejecutan billones para borrar hectáreas y flexibilizan normas, para promover actividades mineras o agroindustriales. Tras décadas de guerra, no es que el Estado no haga presencia, como reza el lugar común de toda noticia sobre el Catatumbo. Por el contrario, se fortalece un Estado colombiano. Pero no un Estado que cobija o cubre todo, de manera uniforme. Sino otro que aborda diferentes regiones, de maneras distintas, según la población y la presión de los gringos o los empresarios. Es uno, sobre todo incoherente, que selecciona sus prioridades, proyectos y formas de gobernar. Quizá en vez de un sentimiento de abandono, hay uno de hastío y rabia por la forma en la que el Estado lo tomó.