El regreso de Yaguara II


Chaparral (Tolima) y sus veredas fueron epicentro de la violencia bipartidista de los 50 y 60. Terratenientes acumularon parcelas y desplazaron cientos de familias no sólo campesinas, sino también indígenas. En un esfuerzo por proteger el latifundio y mermar el conflicto, el gobierno de Guillermo León Valencia lideró procesos de colonización y prometió ayudas a quiénes participaran. Indígenas pijao, integrantes del resguardo Yaguara III, estuvieron entre las comunidades reubicadas y ganaron acceso a tierras en los Llanos del Yarí, entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). El reto fue hacerse un hogar aprendiendo a vivir entre selva y sabanas, a orillas del río Tunia, en lo que se bautizó Yaguara II. Sin embargo, las promesas del gobierno Valencia no se materializaron y en 1969 las familias abandonaron el territorio. Tras reclamos y gestiones, lograron volver unos años después y, con alguna atención del estado, conformaron una Junta de Acción Comunal JAC.

Yaguara II fue creciendo con la llegada de indígenas tucano y piratapuyo que habían resistido la esclavitud cauchera del Vaupés y necesitaban nuevos comienzos. En 1995 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria reconoció formalmente al resguardo (con sus 146 500 hectáreas) y al Cabildo como forma organizativa. Este gesto del estado bogotano coincidió con la consolidación en la zona de las FARC-EP que a su vez decidieron desconocer JAC o Cabildo. Para 1998, las comunidades, que ya habían conocido guerra, volvieron a los mismos ritmos de supervivencia, entre el control guerrillero y el Plan Colombia.

La desaparición del gobernador Escolástico Ducuara, a sus 83 años, dio inicio a un nuevo desplazamiento. La profesora María Eugenia González narra como “60 personas, correspondientes al 80 % de la población del resguardo.. fueron desterradas”. Y también explica como familias desplazadas en San Vicente del Caguán, guardaban memorias de dolor y frustración. En uno de los testimonios recogidos por González, Silvia, yaguaruna, explica: “a uno le da tan duro saber que trabajó tanto, que tuvo tanto sufrimiento y que quedó sin nada. Que todo lo que uno hizo en la juventud está allá [en Yaguara II] y que nosotros.. estamos por acá sin nada, que ya estamos viejos y empezando de cero”.

Con la firma de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP apareció, una vez más la posibilidad de regresar. Ante el incremento de la deforestación en la zona, el estado otorgó en 2017 medidas cautelares para la protección de Yaguara II. Esta vez, las comunidades fueron reconocidas como protectoras del Parque Serranía de Chiribiquete, que colinda con el resguardo. Así, en 2019 inició el segundo retorno.  Como era de esperarse los traumas y desconfianzas del desplazamiento estaban frescos. A través de procesos de fortalecimiento de la Guardia Indígena y del Consejo de Mayores, fueron sanando heridas. Con paciencia, las familias se embarcaron recientemente en un proceso de restauración ecológica.

Todo parecía esperanza hasta que el Cabildo se percató de que durante los años de desplazamiento, el Ministerio de Ambiente cambió los límites del resguardo. En medio del desorden de la guerra (y sin tener en cuenta a los tenedores legales del territorio), se llevó a cabo un rápido proceso de consulta previa para ampliar los límites del parque y que les quita una parte de sus mejores tierras (al sur del territorio) y a cambio les entrega una franja al norte (en las inmediaciones de La Macarena). El gobernador del Cabildo, Camilo Cano, me explica que la Agencia Nacional de Tierras, máxima autoridad en el ordenamiento de la propiedad rural, no ha escuchado razones y pretende hacer valer los nuevos límites. Luego de tanto trabajo, las familias tendrían que conformarse (y moverse) hacia la Macarena, un territorio que no es el suyo, una zona de conflicto e ilegalidad de la que nuevamente tendrían que salir.