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En días pasados se hizo público el video de una manifestación organizada por Ramiro Suárez y su movimiento político, en el que Suárez (que está preso, pero hace llamadas y apariciones por internet) invita a sus seguidores a que voten por el uribista Iván Duque. “No tenemos otro palo con qué ahorcarnos, hay que votar por Duque. Vamos a votar”, dijo el exalcalde de Cúcuta. Es posible que, pese a su gritería, no endose muchos votos (hace unas semanas apoyaba la candidatura de Vargas Lleras). Pero el candidato del Centro Democrático no los necesita (en municipios norsantandereanos como Villa del Rosario, Ragonvalia y Herrán, Duque obtuvo mayorías absolutas con 71,17 %, 80,15 % y 84,06 %, respectivamente).
La figura de Suárez, sobre todo en lo que tiene que ver con el pasado reciente, es un testimonio de la forma en que el proyecto uribista, desde 2002 hasta hoy, ha sembrado de transformaciones la región. Corredor y frontera, Norte de Santander ha sido laboratorio de los mandamientos y visiones del país que mueven al expresidente y sus votantes más leales. La primera está relacionada con el cuidado y fomento de las concesiones mineras y las aventuras de agroindustria enfocadas en los monocultivos de palma y cacao. La segunda es de contrainsurgencia radical. A través de la década del 90 hicieron presencia las Farc (con los frentes 41, 33 y 45), el Eln y el Epl. La incursión paramilitar en el departamento, que vino desde Córdoba en 1999, se caracterizó por las masacres y los asesinatos selectivos. En el proceso de conformación y consolidación del bloque Catatumbo, que en el momento de su desmovilización contaba con aproximadamente 1.000 hombres, jugaron un papel importante el ejército y la policía. A lo largo de su expansión paramilitar, entre 1998 y 2002, el Gobierno los combatió en sólo dos de los 40 municipios del departamento. Esto concuerda con las versiones de desmovilizados que aseguraron haber contado con pleno respaldo del ejército en su entrada al Catatumbo. Según Salvatore Mancuso, el 17 de julio de 1999 los paramilitares ingresaron al casco urbano de Tibú apoyados por el coronel Gustavo Matamoros y el mayor Mauricio Llorente.
Fue en este contexto en el que Suárez Corzo —quien ganó la Alcaldía de Cúcuta con la mayor votación popular registrada hasta entonces en la historia del municipio— colaboró en la consolidación de la relación entre paramilitares y administración pública. Esta contrainsurgencia incurrió también en asesinatos extrajudiciales. Jorge Iván Laverde, excomandante del frente Fronteras, afirmó haber “montado falsos positivos” como favor a Ana María Flórez, la directora de Fiscalías del departamento. Flórez, que está prófuga desde antes de que se dictara su sentencia, trabajó desde varios frentes de la Fiscalía como impulsora de la empresa paramilitar. Tampoco es coincidencia que los jóvenes de Soacha asesinados por el ejército aparecieran en Ocaña, uno de los bastiones reaccionarios del departamento. Una particularidad del propósito contrainsurgente uribista (que se observa claramente en Norte de Santander) es que la fuerza armada antisubversiva se subsidia con narcotráfico. Desde Apertura Liberal hasta Colombia Democrática, pasando por el conservatismo de Elcure Chacón y la Convergencia Ciudadana de los hermanos Barriga, todos los movimientos uribistas ganadores en el departamento han participado de estas actividades.
Con el florecimiento de las bandas del reciclaje paramilitar y el espacio que dejó en el territorio la retirada de las Farc, la situación cambia (y ha sido descrita por la Fundación Paz y Reconciliación como “anarquía criminal”). Ahora tenemos minería sin coto, monocultivos con muchas hectáreas y pocos beneficiarios, e idearios en contra de guerrillas (y reivindicaciones sociales no armadas). Las tres dimensiones pertencen al corazón del uribismo.
Norte de Santander es quizás el espejo del futuro que, de ganar Duque, espera a muchas otras regiones.
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