En los días en que se discute la posibilidad de volver a fumigar con glifosato al sur y en el Catatumbo, se amenaza la libertad de cátedra y se incumplen los acuerdos de paz y tantas agendas de oposición exhiben una falta de sustancia, encuentro sosiego en las palabras y propuestas de Luz Marina Bernal y Francia Márquez Mina. Ambas decidieron participar en política electoral para hacer frente a experiencias distintas de exclusión y abandono. Las oigo en entrevistas y discursos en que explican sus visiones sobre el pasado del país y sobre los posibles proyectos hacia adelante. Las dos llevan sus opiniones a la práctica y se expresan con claridad, sin hacer complicadas ideas en torno a la memoria, la desigualdad y la forma de relacionarnos con la naturaleza.
Madre de Fair Leonardo, un joven con discapacidad que desapareció en Soacha en 2008, Bernal se dedicó primero a entender lo que pasó con su hijo y después a denunciar lo que pasó con todos los demás, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Ante cámaras, juzgados y multitudes, Bernal ha contado su historia: “Se lo llevaron de mi casa, a 18 horas, hasta Ocaña; allí le pagaron al militar retirado Alex Carretero Díaz $200.000. Eso fue lo que valió mi hijo”. En sus intervenciones nos cuenta acerca del desconcierto que su voz despertó (y aun despierta) entre los implicados en los asesinatos, que la subestimaron. “Fue sorprendente para ellos que unas mujeres de bajos recursos se enfrentaran a un Estado, a un gobierno y sobre todo a una cúpula militar”, dice.
Políticamente su apuesta es por apoyar a otras que pasaron por lo mismo que ella, o que se enfrentan hoy a situaciones parecidas. No solo para contar sus testimonios en todas las tarimas posibles, sino además para pedir justicia, reparaciones. También para recordar, cada que haga falta, los legados del gobierno Uribe dentro del marco del Plan Colombia. Bernal señala que su labor de liderazgo pasa por narrar hasta el cansancio la realidad de los crímenes de Estado (hasta hoy hay 5.700 denuncias de ejecuciones extrajudiciales). Todo esto para contribuir a la formación de una historia compartida y que en un futuro cercano les sea imposible a actores como el Centro Democrático negar que hubo conflicto armado.
Mientras Luz Marina Bernal creció en una Soacha urbanizada con urgencia, en medio del desplazamiento masivo, Francia Márquez Mina creció en la vereda Yolombó, en la cuenca del río Ovejas, al norte de Cauca. Pese a estar lejos la una de la otra, se iniciaron en el activismo casi al mismo tiempo. En su caso, Márquez se unió al Consejo Comunitario de La Toma cuando en 2009 el gobierno Uribe entregó títulos de explotación minera en su vereda. “Estábamos defendiendo el territorio”, afirma, “yo había instaurado una acción de tutela para que a la comunidad no le tocara salir desplazada, porque nos iban a sacar a todos. Peleaba con el alcalde, peleaba con todo el mundo, porque tenía mucha importancia pensar cómo que nosotros habíamos vivido toda la vida acá y de pronto teníamos que irnos”. Las mujeres de la comunidad, que hasta ese momento habían vivido de la minería artesanal y de la siembra de café, plátano y yuca, caminaron hasta Bogotá pidiendo respetar la titulación colectiva y frenar la actividad minera.
Márquez propone una transformación de las prioridades nacionales. Habla de proteger el agua y con ella a la gente, al proceso y al pensamiento de La Toma. Este pensamiento es uno que rechaza la minería como primer renglón de la economía y asume la vida diaria como entrelazada con los ríos, con las siembras, con las piedras. “Nosotros no nos oponemos al desarrollo”, argumenta siempre, “nos oponemos a esa visión de desarrollo que genera muerte. Porque en nombre del desarrollo han desplazado a la gente. En nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestras y ancestros”.
En los días en que se discute la posibilidad de volver a fumigar con glifosato al sur y en el Catatumbo, se amenaza la libertad de cátedra y se incumplen los acuerdos de paz y tantas agendas de oposición exhiben una falta de sustancia, encuentro sosiego en las palabras y propuestas de Luz Marina Bernal y Francia Márquez Mina. Ambas decidieron participar en política electoral para hacer frente a experiencias distintas de exclusión y abandono. Las oigo en entrevistas y discursos en que explican sus visiones sobre el pasado del país y sobre los posibles proyectos hacia adelante. Las dos llevan sus opiniones a la práctica y se expresan con claridad, sin hacer complicadas ideas en torno a la memoria, la desigualdad y la forma de relacionarnos con la naturaleza.
Madre de Fair Leonardo, un joven con discapacidad que desapareció en Soacha en 2008, Bernal se dedicó primero a entender lo que pasó con su hijo y después a denunciar lo que pasó con todos los demás, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Ante cámaras, juzgados y multitudes, Bernal ha contado su historia: “Se lo llevaron de mi casa, a 18 horas, hasta Ocaña; allí le pagaron al militar retirado Alex Carretero Díaz $200.000. Eso fue lo que valió mi hijo”. En sus intervenciones nos cuenta acerca del desconcierto que su voz despertó (y aun despierta) entre los implicados en los asesinatos, que la subestimaron. “Fue sorprendente para ellos que unas mujeres de bajos recursos se enfrentaran a un Estado, a un gobierno y sobre todo a una cúpula militar”, dice.
Políticamente su apuesta es por apoyar a otras que pasaron por lo mismo que ella, o que se enfrentan hoy a situaciones parecidas. No solo para contar sus testimonios en todas las tarimas posibles, sino además para pedir justicia, reparaciones. También para recordar, cada que haga falta, los legados del gobierno Uribe dentro del marco del Plan Colombia. Bernal señala que su labor de liderazgo pasa por narrar hasta el cansancio la realidad de los crímenes de Estado (hasta hoy hay 5.700 denuncias de ejecuciones extrajudiciales). Todo esto para contribuir a la formación de una historia compartida y que en un futuro cercano les sea imposible a actores como el Centro Democrático negar que hubo conflicto armado.
Mientras Luz Marina Bernal creció en una Soacha urbanizada con urgencia, en medio del desplazamiento masivo, Francia Márquez Mina creció en la vereda Yolombó, en la cuenca del río Ovejas, al norte de Cauca. Pese a estar lejos la una de la otra, se iniciaron en el activismo casi al mismo tiempo. En su caso, Márquez se unió al Consejo Comunitario de La Toma cuando en 2009 el gobierno Uribe entregó títulos de explotación minera en su vereda. “Estábamos defendiendo el territorio”, afirma, “yo había instaurado una acción de tutela para que a la comunidad no le tocara salir desplazada, porque nos iban a sacar a todos. Peleaba con el alcalde, peleaba con todo el mundo, porque tenía mucha importancia pensar cómo que nosotros habíamos vivido toda la vida acá y de pronto teníamos que irnos”. Las mujeres de la comunidad, que hasta ese momento habían vivido de la minería artesanal y de la siembra de café, plátano y yuca, caminaron hasta Bogotá pidiendo respetar la titulación colectiva y frenar la actividad minera.
Márquez propone una transformación de las prioridades nacionales. Habla de proteger el agua y con ella a la gente, al proceso y al pensamiento de La Toma. Este pensamiento es uno que rechaza la minería como primer renglón de la economía y asume la vida diaria como entrelazada con los ríos, con las siembras, con las piedras. “Nosotros no nos oponemos al desarrollo”, argumenta siempre, “nos oponemos a esa visión de desarrollo que genera muerte. Porque en nombre del desarrollo han desplazado a la gente. En nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestras y ancestros”.