La naturaleza no queda lejos

En lo cotidiano de los debates sobre actualidad nacional solemos hacer una firme separación entre lo que consideramos ambiental y lo que sentimos como político. Por una parte, la conservación, los parques naturales, la belleza y la biodiversidad de aquellos sitios alejados de las ciudades, y por otra bien distinta los ideales de partidos a la derecha o la izquierda y otros asuntos que forman la pepa de la política, como la desmovilización guerrillera, la economía, el narcotráfico, el salario mínimo, las libertades mínimas.

En lo cotidiano de los debates sobre actualidad nacional solemos hacer una firme separación entre lo que consideramos ambiental y lo que sentimos como político. Por una parte, la conservación, los parques naturales, la belleza y la biodiversidad de aquellos sitios alejados de las ciudades, y por otra bien distinta los ideales de partidos a la derecha o la izquierda y otros asuntos que forman la pepa de la política, como la desmovilización guerrillera, la economía, el narcotráfico, el salario mínimo, las libertades mínimas.

Así, mientras los ministerios del Interior y de Defensa se les confían a personas cercanísimas al presidente y su partido, el del Ambiente puede ser una concesión más “técnica” que se hace a algunos más ajenos a la órbita cercana al presidente de turno y que cuentan con fondos (y poderes) más limitados. De manera similar, mientras la política y la economía nacionales se deciden en Bogotá y las otras capitales departamentales, los temas medioambientales se piensan lejos, en manos de corporaciones regionales y oficinas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La naturaleza, parecería, está en otra parte. Lejos de la ciudad, en fronteras extractivas, zonas alejadas, caminos veredales.

Sin embargo, hay días, como antes de ayer, en los que esta dicotomía se revela falsa y engañosa. En al menos 29 municipios de Colombia, grupos de marchantes atravesaron las calles protestando en contra del asesinato selectivo de los últimos tres años: entre el 1º de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado fueron asesinados 462 líderes sociales en Colombia, según cifras de la Defensoría del Pueblo (de acuerdo con el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo son más de 700).

Las amenazas, persecuciones y ataques se hacen contra organizaciones, comunidades, consejos comunitarios y asociaciones barriales que avanzan proyectos y luchas políticas ambientales. Cada una de las demandas por las que estos distintos grupos son perseguidos tiene que ver con propuestas puntuales sobre las distribuciones del agua, la tierra, los minerales, la infraestructura, los monocultivos o el glifosato. Y sobre los riesgos (no solo de homicidio, sino de destierro, despojo, contaminación y enfermedad) que estas distribuciones acarrean. Estas demandas son también acerca del reconocimiento y la capacidad de ser escuchados. Buscan sobre todo impugnar y desestabilizar distribuciones muy desiguales de los recursos, el permiso para hablar y el bienestar. Sus luchas, en síntesis, son el corazón de la política nacional.

Los distintos tipos de naturaleza por los que se movilizan no están lejos del poder y las capitales, sino que se conectan a través de flujos de plata (que viene de minerías, infraestructuras, negocios y latifundios) y de personas (que tras distintas expulsiones llegan a la ciudad). La mala hora de los ríos y del aire en el Chocó, Córdoba, el Putumayo y el Catatumbo se traduce para intereses particulares en bonanza y desarrollo. Ninguna pugna es más política que esta.

Desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana nos explican cómo han sido declarados “objetivo militar” debido a “intereses económicos que se tejen en los territorios y a la incomodidad por los llamados y denuncias oportunas que hacen nuestras autoridades indígenas (…) pues hemos impedido que se den licencias o se otorguen bloques para proyectos mineros y petroleros. Y eso se cruza con intereses de muchos sectores del país”. Desde el Comité del Paro Cívico de Buenaventura nos cuentan cómo la Comuna 6 se repone de atentados contra sus pobladores en el marco de actividades de expansión portuaria y del proyecto Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura: “Espere y verá, con ese proyecto van a mostrar a los pobladores ancestrales como invasores. Nosotros tenemos que estar muy atentos porque es mucha plata y siempre con las empresas nos ha ido mal. Nos han despojado”. El proyecto, que es del Departamento Nacional de Planeación (y en el que se invertirán más de $750.000 millones entre el sector público y el privado), busca impulsar la industria y la logística en el puerto.