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“Hay que debatir ambos lados de un argumento”. Así lo explican a menudo líderes de opinión y políticos varios. Bajo el argumento de que todo suceso o proceso tiene dos versiones se dan, sin embargo, saltos arriesgados. Es el caso del profesor Jorge Restrepo quien viajó a West Palm Beach, en la Florida, para testificar como testigo de Chiquita Brands, multinacional que financió con 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia.
“No es necesariamente un ejercicio académico”, declaró Restrepo sembrando dudas sobre las cifras del conflicto armado con las que trabajan el Centro Nacional de Memoria Histórica, jueces y fiscales de Justicia y Paz, y la Comisión de la Verdad. Insinuando que la cifra de víctimas es exagerada, explicó que los registros incluyen a las personas que reclamaron ante el Estado “después de que sus familiares fueran asesinados o desplazados, según ellos, debido al conflicto”. El “según ellos” está cargado de mala fe e imprecisiones. El economista contó que registrarse como víctimas les otorga, “por ejemplo, tarifas reducidas en universidades públicas, y así sucesivamente”. Nada sobre lo difícil del proceso o los muchos obstáculos que las familias deben atravesar. Nada, tampoco, sobre los trabajos de investigación que concluyen que en muchas zonas hubo subregistro debido a miedos, trabas burocráticas, o simplemente desconocimiento sobre los grandes beneficios de los que habla Restrepo. Pese al músculo económico de Chiquita (Restrepo recibió 350 dólares por hora por su investigación y 500 dólares por hora por su tiempo en la corte), el juez del Distrito Sur de la Florida señaló que “los dineros que la empresa giró a los paramilitares fueron usados para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones forzadas, entre otros”. No hay, en este caso, dos historias. Hay muchas memorias y una verdad: la empresa es civilmente responsable de los delitos que cometieron las AUC en el Urabá antioqueño y en el departamento del Magdalena.
Otro con ganas de revisiones es el representante Miguel Polo Polo, quien delante de cámaras de televisión botó a la basura unas botas de caucho intervenidas y exhibidas en la plaza Rafael Núñez por madres de hombres jóvenes asesinados por agentes estatales. Una vez más, no hay dos lados o dos versiones de lo que sucedió. Hay distintas memorias, según quien está recordando. Pero hay una sola verdad: la JEP nos recordó que “ha probado, a través de distintas imputaciones, y así lo han reconocido los máximos responsables, que en distintas unidades del Ejército existió una política de conteo de cuerpos que llevó a que se cometieran, entre 2002 y 2008, 6.402 ejecuciones extrajudiciales”.
Bajo el argumento de que todo proceso tiene dos versiones se dan, todos los días (repito), saltos arriesgados. En estas semanas fue noticia la emisión de un programa de televisión de la izquierda española que será transmitido por canales estatales. Con el fin de jugar a las dos caras de la moneda, varios señores de la radio pidieron que se emitieran también los programas del partido VOX. Así, podremos oír a Pablo Iglesias y su programa La Base hablando sobre redistribución en contextos de desigualdad extrema y (a la vez) a los cuadros de Vox contándonos que los migrantes son asesinos natos y el franquismo “no fue una etapa oscura”, sino un periodo “de reconstrucción… y de reconciliación para lograr la unidad nacional”. Pero no es lo mismo. Los unos están haciendo propuestas de gobierno o futuros alternativos. Los otros están justificando crímenes. En el 2024, la Fiscalía Provincial de Valencia presentó una denuncia contra el portavoz de Vox, Juanma Badenas, por delito de odio al atribuir falsamente un asesinato ocurrido en julio a las personas migrantes. Badenas acusó del crimen a inmigrantes ilegales y unas horas después se detuvo a un ciudadano español con antecedentes penales como autor del asesinato. Las declaraciones pro-Franquismo son igualmente peligrosas. Los desaparecidos del franquismo, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, fueron más de 140 mil personas, entre víctimas de la guerra civil española y de la posterior dictadura franquista.