Esta semana, reclamantes de tierra y defensores de derechos humanos del Magdalena pidieron al Gobierno Nacional que, además de otorgarles protección, les informen quiénes componen las cuadrillas y organizaciones que los están amenazando. Ante la prensa afirmaron que, pese a que asumen que “los actores son paramilitares, aún no hay una confirmación de ello por parte de las autoridades competentes”. La petición se dio en medio de un alza en las intimidaciones, en el marco de la renuncia de los 22 miembros de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas del Magdalena y tras el asesinato de Maritza Quiroz. Reclamante de tierras y participante de la Mesa, Quiroz sembraba un predio, entregado por el Incoder, en la vereda San Isidro.
Panfletos, balas disparadas contra ventanas, coronas de flores… las amenazas se reportan a diario en el departamento, principalmente en los municipios de Fundación, Concordia y Zona Bananera. Al respecto, Pablo Elías González, director de la Unidad de Protección (UNP), prometió visitas a la zona y dijo que actualmente en Colombia hay 4.300 defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra que se encuentran con esquema de protección, de los cuales 82 son del Magdalena. El director de la UNP recalcó ante los medios que “en el caso de Maritza Quiroz no había amenazas reportadas en su contra, por lo tanto no fue posible actuar con anticipación”.
Y es en esta última declaración que se hace evidente la indolencia de las respuestas estatales. No tiene sentido, por ejemplo, que la reacción armada contra la restitución de tierras en el norte del país (un problema de gran magnitud de anclaje histórico y político que cuenta además con la participación de algunas élites locales) deba ser contrarrestada exclusivamente por una agencia como la UNP sin mucha capacidad institucional y cuya misión es ingeniar esquemas temporales de seguridad personal. No tiene sentido tampoco que el criterio para determinar el nivel de peligro que corren estas comunidades esté supeditado a reportes sobre amenazas individuales y puntuales, sin que se tengan en cuenta elementos más generales del contexto del departamento o la zona. Pues si bien es cierto que Maritza Quiroz no había reportado amenazas específicas, también lo es que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana hace algunos meses denunciando el control armado ejercido por el grupo de reciclaje paramilitar Los Pachencas sobre algunas zonas de Santa Marta y la Troncal del Caribe y el peligro en que se encontraban “los defensores de víctimas del conflicto armado, los líderes de desplazados y los reclamantes de tierras en Santa Marta”.
Además de participar en redes de narcotráfico, cobrar extorsiones y controlar los ritmos del turismo, el grupo paramilitar, fruto de la desmovilización a medias del Frente Tayrona, controla las transacciones de tierra. “Cada negocio de finca raíz tiene un gravamen del 10 % que se le debe entregar al grupo armado. Los negocios que más les interesan son los que involucran a extranjeros. Los armados les piden a los dueños que eleven el valor de los inmuebles con el fin de quedarse con una parte del negocio y algunos propietarios han sido amenazados para que vendan sus tierras”, explicó al respecto Colombia 2020. Así, casi todas las actividades paramilitares representan riesgos sobre el proceso de restitución de tierras.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado”, resumió el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera. “Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida es una muerte no evitada”. En el departamento del Magdalena, Javier Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y de la asociación de reclamantes de tierras del Magdalena, concluyó que “parece que se han puesto de acuerdo para acabar con nosotros de manera sistemática”.
Esta semana, reclamantes de tierra y defensores de derechos humanos del Magdalena pidieron al Gobierno Nacional que, además de otorgarles protección, les informen quiénes componen las cuadrillas y organizaciones que los están amenazando. Ante la prensa afirmaron que, pese a que asumen que “los actores son paramilitares, aún no hay una confirmación de ello por parte de las autoridades competentes”. La petición se dio en medio de un alza en las intimidaciones, en el marco de la renuncia de los 22 miembros de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas del Magdalena y tras el asesinato de Maritza Quiroz. Reclamante de tierras y participante de la Mesa, Quiroz sembraba un predio, entregado por el Incoder, en la vereda San Isidro.
Panfletos, balas disparadas contra ventanas, coronas de flores… las amenazas se reportan a diario en el departamento, principalmente en los municipios de Fundación, Concordia y Zona Bananera. Al respecto, Pablo Elías González, director de la Unidad de Protección (UNP), prometió visitas a la zona y dijo que actualmente en Colombia hay 4.300 defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra que se encuentran con esquema de protección, de los cuales 82 son del Magdalena. El director de la UNP recalcó ante los medios que “en el caso de Maritza Quiroz no había amenazas reportadas en su contra, por lo tanto no fue posible actuar con anticipación”.
Y es en esta última declaración que se hace evidente la indolencia de las respuestas estatales. No tiene sentido, por ejemplo, que la reacción armada contra la restitución de tierras en el norte del país (un problema de gran magnitud de anclaje histórico y político que cuenta además con la participación de algunas élites locales) deba ser contrarrestada exclusivamente por una agencia como la UNP sin mucha capacidad institucional y cuya misión es ingeniar esquemas temporales de seguridad personal. No tiene sentido tampoco que el criterio para determinar el nivel de peligro que corren estas comunidades esté supeditado a reportes sobre amenazas individuales y puntuales, sin que se tengan en cuenta elementos más generales del contexto del departamento o la zona. Pues si bien es cierto que Maritza Quiroz no había reportado amenazas específicas, también lo es que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana hace algunos meses denunciando el control armado ejercido por el grupo de reciclaje paramilitar Los Pachencas sobre algunas zonas de Santa Marta y la Troncal del Caribe y el peligro en que se encontraban “los defensores de víctimas del conflicto armado, los líderes de desplazados y los reclamantes de tierras en Santa Marta”.
Además de participar en redes de narcotráfico, cobrar extorsiones y controlar los ritmos del turismo, el grupo paramilitar, fruto de la desmovilización a medias del Frente Tayrona, controla las transacciones de tierra. “Cada negocio de finca raíz tiene un gravamen del 10 % que se le debe entregar al grupo armado. Los negocios que más les interesan son los que involucran a extranjeros. Los armados les piden a los dueños que eleven el valor de los inmuebles con el fin de quedarse con una parte del negocio y algunos propietarios han sido amenazados para que vendan sus tierras”, explicó al respecto Colombia 2020. Así, casi todas las actividades paramilitares representan riesgos sobre el proceso de restitución de tierras.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado”, resumió el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera. “Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida es una muerte no evitada”. En el departamento del Magdalena, Javier Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y de la asociación de reclamantes de tierras del Magdalena, concluyó que “parece que se han puesto de acuerdo para acabar con nosotros de manera sistemática”.